Gobierno alista cambios al sistema de selección y cobro en las notarías

Cuando los abogados e investigadores de la Universidad de Chile concurrieron a las notarías de las regiones de Valparaíso y Metropolitana para investigar este mercado, a solicitud de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), surgió un dato que les llamó la atención. De total de veces que visitaron estas oficinas, solo en un 83% de las ocasiones pudieron ver al notario a cargo.

Este fue uno de los hallazgos de la investigación a este sector, que tuvo su inicio el 26 de julio de 2017. El análisis se fundó en la hipótesis de que "la intensidad de la competencia en el mercado de notarios es insuficiente, existiendo espacios de mejora regulatoria para corregir este aspecto".

Los resultados preliminares fueron dados a conocer ayer y algunos de los puntos serán tomados en cuenta por el gobierno para incorporarlos a su propuesta para modificar el sistema notarial vigente, en una indicación que ingresará al Parlamento el próximo mes.

El estudio se hizo en 77 notarías de la Región de Valparaíso y Santiago Centro (se eligieron estas zonas porque representaban la "diversidad" que puede encontrarse en el país). Al realizar el diagnóstico, la FNE detectó, entre otras cosas, que "se pudo comprobar sistemáticamente que los precios cobrados son superiores a los establecidos en el arancel que rige la actividad notarial. Así, se pudo constatar que, en el 100% de los servicios, respecto de los cuales existe un arancel con un precio máximo fijo, en promedio no se respetó el arancel".

Este punto, explicaron desde la FNE, tiene relación con la falta de competencia que existe en el mercado. "Un primer obstáculo (a la competencia) lo constituyen las barreras legales de entrada para operar en el mercado; un segundo obstáculo es la existencia de una regulación muy restrictiva en relación a la conducta comercial de los notarios, y, en tercer lugar, se encuentra una regulación muy detallada en relación a la forma en que deben proveerse los servicios, lo que impide la innovación y el uso de tecnologías modernas", señala el informe.

En base a este diagnóstico, se propuso la revisión de funciones notariales, en cuanto al número de trámites y funciones asignados a los notarios; reforma estructural al sistema, como el cambio a las normas de entrada al mercado, permitiendo el libre ingreso y la creación de más notarías. Además, propone crear una categoría de "notarios certificadores" que se hagan cargo de las funciones menores.

El gobierno recogió el guante y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló que "estamos preparando una modificación sustantiva al régimen notarial en Chile. Compartimos muchos de los cuestionamientos que surgen en este informe: la alta concentración, los elevados costos, la alta barrera de entrada para ser notario, falta de tecnología, en fin. Sistemas que han dificultado la función de los ministros de fe, que debería ser un sistema fácil para la gente". El secretario de Estado señaló que se requiere avanzar en esta materia para evitar la existencia de "pequeños monopolios".

Larraín había anunciado en abril que buscaba modificar el sistema de notarías, para que sea más moderno y expedito.

Por su parte, el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, dijo que "el sistema notarial chileno no está a la altura de los tiempos, no está a la altura de sofisticación de la economía chilena. Creemos que hay un exceso de trámites donde no se necesita recurrir a un notario, creemos que el mecanismo de designación no es apto ".

Una exautoridad que se enfrentó con los notarios fue el otrora ministro de Justicia Jaime Campos, quien encabezó la propuesta para aumentar las plazas de notarios, iniciativa que dice es la más indicada para terminar con "este monopolio". A pesar de que valoró el informe de la FNE, advirtió que "vamos a ver si eso se logra. Ahora las fuerzas del mal se van a desencadenar para tratar de hundir este informe, de descalificarlo y ya saldrán voces en ese sentido. Esta es una historia que conozco hace 40 años y es siempre lo mismo".

Por su parte, el abogado Mario Bravo, exinvestigador de la FNE, indicó que "existe un consenso de que evidentemente el mercado de las notarías no es competitivo".

En tanto, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, dijo que "el transcurso del tiempo obliga a actualizar los mecanismos de gestión".