Gobierno define que tren rápido a Valparaíso deberá ser concesionado

El gobierno zanjó la vía que deberá seguir el proyecto de un tren rápido entre Santiago y Valparaíso para ponerlo en marcha: su tramitación deberá ser realizada a través de la Ley de Concesiones, descartando así otro mecanismo. La respuesta se da luego de que la empresa TVS solicitara en enero pasado a la entonces presidenta Michelle Bachelet la autorización para implementar el servicio a través de la Ley de Ferrocarriles.

La iniciativa, que uniría al puerto y la capital en 45 minutos, contempla una inversión de US$ 1.600 millones y es impulsada por las firmas Sigdo Koppers y Railways Group Limited, de capitales chinos.

El ministro de Obras Públicas (MOP), Juan Andrés Fontaine, entregó la posición oficial: "Está definido por parte del gobierno que la ley más adecuada es la de concesiones". El secretario de Estado agregó que esta propuesta inicialmente ingresó a través del Ministerio de Transportes, entidad que le pidió más antecedentes. En paralelo, fue vista en la Oficina de Proyectos Sustentables, creada por el gobierno para monitorear la viabilidad de inversiones clave. Fontaine afirmó que "la opinión que hemos manifestado en las distintas instancias, por ejemplo en la comisión de logística, es que la ley más apropiada es la de concesiones, pues la Ley de Ferrocarriles es antigua, no tiene una estructura ni la densidad regulatoria que se requiere". Añadió que una falencia de esta última norma radica en que "no se puede pedir garantías o establecer mecanismos de conciliación por diferencias". Así, dijo que esta regulación no necesariamente exige realizar una licitación, "mientras que la Ley de Concesiones ya está muy probada, pues se ha usado para más de US$ 20 mil millones en inversiones, entonces no vale la pena innovar en esa materia".

El recorrido de un proyecto a través de la Coordinación de Concesiones implica que se realiza una ronda de consultas a los organismos (ministerios y municipalidades), para que el consejo que encabeza ese organismo lo evalúe. Esta entidad puede declarar la iniciativa como "de interés público". Tras ello, el MOP abre una licitación donde el sector privado puede participar bajo las reglas que se establecen en contratos. Además, se le da un "premio" a la empresa que diseña el proyecto y no gana el concurso.

Al respecto, en la empresa TVS no se refirieron al anuncio, pues aseguraron que se encuentran a la espera de una respuesta oficial de la solicitud al Presidente, presentada al Ministerio de Transportes, para obtener una autorización en el marco de la Ley de Ferrocarriles.

Luis Eduardo Bresciani, académico UC y expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, sostuvo que "lo más interesante es que el mecanismo de concesiones da garantías, porque es transparente". Agregó, sin embargo, que es clave que se implemente un servicio de tren en la macrozona central, "especialmente para carga, tomando en cuenta los megapuertos".

Carlos Melo, académico de la Facultad de Ingeniería de la U. San Sebastián, planteó que hay un esquema que se puede regular a través de las concesiones, que incluye tarifas y su eventual reajuste. También dijo que si una iniciativa como esta ingresa a través de la Ley de Ferrocarriles, "su operador puede pedir subsidios del Estado cuando ya haya comenzado el proyecto. En ese caso, ningún gobierno podría negarse. Pero eso implica que el Fisco deberá desembolsar recursos no contemplados".