Gobierno descarta elevar exigencias para liberar a reos de Punta Peuco

Luego de que la Corte Suprema otorgara la libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad que estaban recluidos en el penal Punta Peuco, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó que el gobierno realice gestiones para elevar las exigencias para conceder beneficios carcelarios a condenados por violaciones a los derechos humanos.

Actualmente, es la Comisión de Libertad Condicional la primera instancia que analiza los informes de Gendarmería sobre conducta y evaluación sicológica, exigencia que solo está estipulada en un reglamento penitenciario y no por ley. Y es justamente este último punto el que encendió el debate, luego de que La Tercera revelara el contenido de los informes de los siete beneficiados.

Según dichos informes de la entidad carcelaria, ninguno de los reclusos que obtuvo la libertad condicional estaba arrepentido o tenía conciencia del delito por el que permanecía recluido. Pese a contar con estos antecedentes, la Corte Suprema desechó los argumentos de la Comisión de Libertad Condicional y ordenó la excarcelación de los siete exuniformados.

Consultado respecto del envío de un proyecto de ley o decreto para elevar las exigencias al momento de conceder beneficios carcelarios a presos por delitos de lesa humanidad, el ministro Larraín sostuvo que "no hay una modificación pensada en esa materia en este minuto. (De existir futuras solicitudes) se tramitan en conformidad a estas normas y los jueces interpretan si se cumplen o no las exigencias de las normas", precisó.

Según el titular de Justicia, "la Comisión de Libertad Condicional es la primera instancia, es la que fija la normalidad de los casos, respecto de los cuales puede haber reclamos, pero es la que fija las reglas del juego".

Agregó que el sistema funciona "normalmente" hace años y que "establece los requisitos que finalmente una comisión aprueba, y hay sobre eso derechos para recurrir a los tribunales. Y son los tribunales quienes tienen la última palabra respecto de si se cumplieron o no las exigencias de la ley y del reglamento".

Entre los antecedentes contenidos en los informes que Gendarmería elaboró de los presos de Punta Peuco beneficiados, se reconoce un buen comportamiento, pero también evidencian que no hay muestras de arrepentimiento o reconocimiento de los delitos.

Por ejemplo, el suboficial mayor (R) del Ejército Felipe González Astorga (79), preso desde el 16 de septiembre de 2015, en su análisis sicológico, que ahondó sobre el secuestro calificado por el que fue condenado a seis años de cárcel, "niega toda responsabilidad en los hechos por los que cumple condena, refiriendo que solo se limitó a cumplir órdenes", detalla el texto.

Asimismo ocurre con el coronel (R) Moisés Retamal Bustos (68), preso desde el 18 de mayo de 2015, quien "no muestra arrepentimiento respecto de acciones suyas ligadas con los hechos delictivos", y el documento asegura que hay una "ausente conciencia del delito, negando lo establecido en la condena final, afirmando ser inocente y que tal condición habría quedado demostrada en el proceso".

Solo este año, 1.233 condenados postularon al beneficio carcelario mediante la Comisión de Libertad Condicional, entre ellos 17 reclusos de Punta Peuco, de los cuales siete recurrieron a tribunales.

Respecto de las críticas que ha generado la libertad del grupo de exuniformados, el ministro Larraín dijo que "es un debate legítimo, pero no es una materia que le corresponda al Ejecutivo, puesto que se trata de temas que resuelven autónoma y soberanamente los tribunales".

Frente a una eventual modificación al sistema de beneficios carcelarios en casos como el ocurrido en Punta Peuco, la diputada del PC Carmen Hertz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que los crímenes de lesa humanidad "no son indultables, por disposiciones expresas de la comunidad internacional".

Por ello, la parlamentaria mencionó la opción para acusar al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el otorgamiento de la libertad condicional a los siete reclusos de ese penal. "No solo lo harán los parlamentarios, también las agrupaciones y los espacios de memoria" dijo. Agregó que la actuación de la Corte Suprema "es grave, configura un notable abandono de deberes y amerita una acusación constitucional".

Para el diputado Andrés Celis (RN), y quien también integra la Comisión de DD.HH. de la corporación, "en términos generales, debe ser una premura por parte del gobierno" vincular exámenes sicológicos para todo tipo de delitos y no solo para aquellos asociados a crímenes de lesa humanidad.

"El estándar, en cuanto al informe psicológico, tiene que cambiar. Y esto vale tanto para quienes están en Punta Peuco como para quienes han cometido actos terroristas, como para los violadores y los que han robado", agregó. Sobre la actuación de la Corte Suprema, señaló que es un "órgano independiente y uno tiene que ser respetuoso con aquello". aseguró el legislador oficialista.

La senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe, que integra la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, manifestó que "Gendarmería, al evaluar los beneficios para alguien, también evalúa el estado de la salud mental".

Y respecto de por qué eso no ocurrió con los reos de Punta Peuco, señaló que "hay casos en que la libertad se deniega por alguna razón, pero debe ser la misma para todos. Lo que no me parece es que hay una razón arbitraria en algunos casos".

Para el martes se espera que de forma extraordinaria la Comisión de Libertad Condicional revise los antecedentes carcelarios del coronel (R) Emilio Robert de la Mahotiere, a quien se le concedió el beneficio de la libertad condicional.