Gobierno pide a la fiscalía incautar “a la brevedad” armas en funeral de miembro de la CAM
A través de una querella criminal interpuesta en el Juzgado de Garantía de Traiguén, el Ministerio del Interior solicitó al ente persecutor que proceda, previa autorización judicial, a la entrada y registro de lugar donde se realiza el velorio de Pablo Marchant Gutiérrez (29). "Las armas que se aprecian en imágenes son armas largas con características distintivas de fusil y escopetas, en una cantidad superior, en particular los fusiles serían modelo M-16", dice la acción judicial.
“Con respecto a las imágenes del velorio hemos presentado una querella para que la fiscalía actúe de oficio, justamente por la ley de control de armas, porque son armas que están prohibidas y no debiesen utilizarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en un velorio”.
De esta manera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció la presentación de una acción judicial para que se investigue la presencia de armas de grueso calibre en el funeral de Pablo Marchant Gutiérrez (29), miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fallecido el viernes en un enfrentamiento con Carabineros.
Y, durante las últimas horas, el Ejecutivo presentó la acción judicial en el Juzgado de Garantía de Traiguén.
En la querella, interpuesta por el Ministerio del Interior, se expuso que “las armas que se aprecian en imágenes son armas largas con características distintivas de fusil y escopetas, en una cantidad superior en particular los fusiles serían modelo M-16. En este contexto, dichas armas tendrían las características de prohibidas, y se mantienen y están siendo portadas por diversas personas que se encuentran en dicho lugar”.
Interior solicitó una serie de diligencias al Juzgado de Garantía para que sea éste quien derive estas actuaciones al Ministerio Público. Entre las medidas solicitadas se pide que el caso quede radicado en la Policía de Investigaciones (PDI), pero que además se haga ingreso al lugar donde se realiza el funeral para requisar el armamento presente en el velorio.
El gobierno pidió que se individualice a las personas que se aprecian en las imágenes viralizadas en redes sociales, “se proceda a realizar previa autorización judicial, diligencia de entrada y registro del lugar donde se encuentran las armas” y así efectuar la incautación del armamento “a la BREVEDAD (sic)”.
De acuerdo a lo expuesto por el gobierno en la querella, la incautación debe realizarse lo antes posible, dado que “según se informa en las mismas redes sociales este velorio durará hasta el día de mañana (martes), por tanto, existe claramente la posibilidad de que las armas luego sean retiradas del lugar y desaparezca la evidencia del ilícito denunciado”.
Los delitos que invocó el Ejecutivo son los ilícitos de tenencia ilegal de armas prohibidas y el porte ilegal de armas de fuego prohibidas.
Mientras que desde el Ministerio Público, el fiscal vocero de La Araucanía, Miguel Rojas Thiele, explicó que “dichas fotografías no son más que una demostración de aquello que hemos venido advirtiendo con preocupación desde hace un tiempo y que guarda estricta relación con el alto poder de fuego que sustentan aquellas personas que están detrás de los episodios violentos vinculados a la violencia rural acaecidos en la región”.
“Recordemos que uno de los presuntos atacantes se encontraba con un fusil M16 que es un material de uso bélico con alto poder destructor. Estas fotografías han permitido a la Fiscalía aperturar de oficio una investigación relacionada con delitos vinculados a la Ley de Control de Armas y cuyas primeras diligencias han sido despachadas a personal especializado de la PDI”, agregó el persecutor.
Las imágenes habían sido dadas a conocer la mañana de este lunes por el medio Werken Noticias. En estas se aprecia a un grupo de individuos encapuchados resguardando el féretro de Marchant Gutiérrez, portando escopetas y hasta una M16, en el marco de la ceremonia fúnebre que se efectúa en el sector de Pidenco, Región de La Araucanía.
Según había dado cuenta la fiscalía de La Araucanía, el día en que murió el joven de 29 exestudiante de antropología de la Universidad de Concepción, se encontró una M16 en poder de Marchant, por lo cual el Ministerio Público estaba rastreando ya el origen de dicho armamento.
Por otro lado, producto de ese hecho, un trabajador forestal, identificado como Ceferino González Marabolí (65) permanece internado en la UCI en estado grave, tras recibir un disparo de un arma calibre 5.56 que entró por la zona abdominal y salió por su espalda, dañándose el hígado, el páncreas y el pulmón.
Críticas parlamentarias
Una vez conocidas las imágenes, algunos parlamentarios habían salido a criticar los hechos que reflejaban las fotografías, y a emplazado al gobierno a tomar medidas.
“¿Qué espera el gobierno para actuar? ¿Qué espera el Ministerio Público para hacer su trabajo? Terroristas a vista y paciencia de todo el mundo con armamento de guerra en un velorio. Ni imaginar de qué son capaces y ¡nadie les pone atajo!”, reclamó la diputada Camila Flores.
El también legislador RN, Harry Jurgensen agregó: “¿Dónde está el Estado? Pretenden desarmar a chilenas y chilenos honestos y deportistas de alto rendimiento, pero terroristas lucen armas de grueso calibre. Estado tiene el deber de enfrentar a milicias y grupos terroristas”.
Su compañero de partido, Luis Pardo, en tanto, señaló: “Sujetos armados con M-16 custodiando el féretro del terrorista abatido en La Araucanía tras enfrentamiento con Carabineros. ¿Qué está esperando la fiscalía para actuar de inmediato ante el delito flagrante por Ley de Control de Armas?”.
Mientras que el diputado y presidente de Evópoli, Andrés Molina, se preguntó: “¿Esto es un velorio normal? ¿De gente pacífica que busca reivindicaciones políticas?”.
El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, en tanto, señaló que “no es aceptable que los terroristas anden con rifles y armas de guerra y que el Gobierno no haga nada. Ellos saben dónde están velando al terrorista y se quedan de brazos cruzados (...) Si yo fuera Presidente daría la orden de allanar este acto hostil y detener a estos insurgentes. En Chile no podemos seguir tolerando estos graves actos de violencia”.
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