Gremios discrepan por proyecto que busca regular a corredores de propiedades

En Chile se calcula que hay alrededor de 15 mil corredores de propiedades. Se trata de particulares o asociados a alguna empresa que actualmente no cuentan con un marco legal para ejercer esta actividad.

En este plano, en la Comisión de Economía del Senado se encuentra actualmente un proyecto de ley que busca regular este oficio. No obstante, la iniciativa no es bien recibida en agrupaciones gremiales relacionadas con este ámbito.

Entre otros puntos, el proyecto propone la creación de un registro de corredores. Para integrarlo, además de no haber sido condenados a penas de cárcel, los interesados deberán realizar un curso de corretaje de propiedades o administración inmobiliaria con duración de al menos seis meses, en una institución "de educación técnica superior", precisa la propuesta legal.

Tomás Mena, director ejecutivo del Círculo de Corredores de Propiedades (CCP), que agrupa a 85 empresas dedicadas a esta labor, destaca la importancia del proyecto "porque actualmente no existe ninguna regulación y las personas están en un área gris en cuanto a qué exigirles a los corredores".

Sin embargo, discrepa con algunos puntos de la iniciativa, como la duración del requisito de recibir capacitación. "Comprende un curso de 432 horas cada cuatro años. Nosotros propusimos que fueran alrededor de 200 horas, con una prueba de validación cada cierto tiempo", plantea.

Para Patricio Muñoz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Corredores de Propiedades (Anacopro), que cuenta con 1.300 personas en sus filas, "ni siquiera hay una definición de la actividad. El proyecto de ley es deficiente. Busca regular la actividad, lo que al final termina generando una restricción".

El dirigente considera que un registro "no soluciona" el problema, y apunta que las obligaciones del corredor de propiedades "hoy son prácticamente nulas, porque no tiene derechos".

La iniciativa nació de una moción parlamentaria en 2015 y estuvo alrededor de dos años sin discutirse, hasta que a comienzos de marzo de 2018 fue aprobada en la Cámara de Diputados. Tras llegar a la Comisión de Economía del Senado, la propuesta no ha tenido mayor discusión desde hace alrededor de un mes.

El senador José Miguel Durana (UDI), presidente de la instancia, informa que esperan que el Ejecutivo, en particular el Ministerio de Economía, haga indicaciones para "implementar una ley que dé certezas administrativas y jurídicas a quienes ejercen esta labor, y para que los ciudadanos que requieren este servicio tengan normas claras y confiables".

El parlamentario añade que el proyecto no reúne "ninguna de esas condiciones" y que aprobar la iniciativa sería "letra muerta".

Por su parte, la senadora Ximena Rincón (DC) emplaza al gobierno para "que se haga parte de este debate" y se "establezca un registro y sanciones, lo que solo puede hacer el Ejecutivo, porque tiene la potestad legislativa en esta materia".

En tanto, desde el Ministerio de Economía señalan que "el proyecto se encuentra en revisión, con el objetivo de analizar los alcances de la iniciativa".