La jornada de este jueves pintaba como un día más de trabajo para Irací Hassler (PC), alcaldesa de Santiago. De hecho, a la hora -cerca de las 14.00- en que la Contraloría General de la República (CGR) hizo llegar a la Municipalidad de Santiago el desfavorable informe luego de la investigación por la compra de la ex Clínica Sierra Bella, la edil se encontraba en su oficina.

“No es posible tener por fundamentado el gasto de recursos públicos ascendente a $ 8.252.873.341 que pretendería efectuar aquel municipio”, decía, resumidamente, el texto de 32 páginas emitido por la CGR.

Así, el organismo dirigido por Jorge Bermúdez echaba abajo el proyecto de Hassler de tener “la primera clínica comunal”, ya que le advirtió que eso excede sus funciones como jefa edilicia. Dicen algunos cercanos a la máxima autoridad santiaguina que su semblante el resto del día fue elocuente tras el lapidario reporte del ente fiscalizador. Y que de ahí en adelante los llamados y reuniones no se detuvieron.

Cerca de cuatro horas más tarde, Hassler, muy a su pesar, según cuentan en el entorno comunal, terminó de botar el que pretendía fuera uno de los grandes legados de su gestión. “Hemos decidido no perseverar en el proceso de compra”, dijo a través de un video de 45 segundos difundido entre los medios de comunicación, en el que agregó que al mismo tiempo instruyó “sumarios administrativos internos y acciones legales contra los tasadores”.

En su breve exposición, la alcaldesa agregó que le parece “relevante destacar que aquí no ha habido el gasto de ningún recurso municipal, no ha habido ningún pago y, por tanto, ninguna afectación al patrimonio de nuestro municipio” y, al mismo tiempo, valoró que Contraloría haya señalado “que ha sido un proceso transparente y que los concejales y concejalas tuvieron todos los antecedentes a la vista en este proceso”.

Asimismo, la máxima autoridad santiaguina quiso hablarle a su comunidad: “Vamos a seguir trabajando por contar con la infraestructura de salud que nuestra comuna necesita y merece, especialmente con la alternativa urgente de un recinto para el Cesfam Padre Orellana”.

Para Hassler el día culminaba así con un duro revés al proyecto Sierra Bella, pero no solo eso, sino que a sus constantes defensas del mismo en el concejo municipal. “Como equipo estamos muy contentos de poner a disposición del Concejo Municipal esta adquisición de un inmueble de salud que tiene tremenda relevancia para nuestra comuna”, había dicho, por ejemplo, el 18 de enero pasado, y dos días después expuso que la ciudadanía había recibido “con mucho entusiasmo la posibilidad de tener nuestra clínica de salud, porque es una necesidad hace mucho tiempo, así como también para funcionarios y funcionarias de poder contar con mejor infraestructura de salud”.

Pero sus palabras no son ni de cerca el principal problema que ahora podría enfrentar la edil, quien tiene 15 días para comunicar formalmente a Contraloría que desistirá de la compra.

Al mismo tiempo en que Hassler se encontraba en su despacho cuando llegó el informe de Contraloría, varios de los concejales de Santiago eran parte de un almuerzo al que los había invitado Carola Bello, directora del Liceo José de San Martín de la comuna. Y aunque la alcaldesa no formó parte de esa actividad, los comentarios sobre lo cuesta arriba que se ponía la adquisición de Sierra Bella, a esa altura, eran obligados.

Juan Mena (Ind.), uno de los tres concejales que permanentemente formaron parte de los cuestionamientos hacia la alcaldesa (los otros fueron Santiago Mekis, RN, y Rosario Carvajal, independiente), criticó a las concejalas que partieron desde un comienzo “apoyando el proyecto sin visualizar más allá y darse cuenta de que ahí había un posible fraude en cuanto a los sobreprecios que el municipio estaba pagando por esta propiedad”.

Mena recalcó que como oposición a la gestión de Hassler se ha comenzado a pensar en las vías para una posible destitución de la propia alcaldesa. “Es una idea que llega luego de que se realicen los sumarios correspondientes y así ver la posibilidad de pedir la renuncia o destitución de la autoridad ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel)”, expresó.

Eso sí, hay otros concejales que no se rinden, a pesar del comunicado audiovisual de la alcaldesa y del informe de la CGR. En ese sentido, la concejala Virginia Palma (PC) afirma que el dictamen del organismo contralor “de ninguna manera lapida el proyecto municipal que es pedido por gran parte de nuestra comunidad”.

La concejala explica su punto: “Si bien el documento ahonda en que la compra de un inmueble de salud no es aptitud del municipio y lo entendemos, eso lo podemos cambiar. En los 15 días que tenemos para presentar una respuesta quisiera que como concejo nos juntáramos con la alcaldesa a discutir este punto y la continuidad del proyecto. Y creo que será así. Nosotros tenemos una instancia para mejorar las falencias que se indican en el estudio -que son más técnicas- y así seguir con la compra de un recinto público necesario para la comunidad”. Palma asegura que esta es la visión del ala del concejo que apoyó el proyecto desde un inicio.

La Inmobiliaria San Valentino, dueña de la exclínica, también tuvo algo que decir. “Valoramos la claridad que se ha dado a la situación y queremos reiterar nuestro compromiso de actuar siempre en conformidad con la ley y de buena fe”, aseguró la firma ante el pronunciamiento de Contraloría.

La empresa señaló que tras la decisión de la administración de Hassler, “las opciones son realmente amplias y van desde colaborar con la municipalidad, para el caso que se acuerde dar por terminada la operación y permitir que ambas partes puedan explorar otras opciones, hasta exigir judicialmente el cumplimiento forzado de la compraventa”.

“En este momento no descartamos una sola vía”, aseguraron, anunciando que en los próximos días buscarán coordinar una acción “conjunta, con la misma actitud colaborativa” que, aseguran, han desplegado desde el inicio.