Hermosilla al banquillo: las 10 claves del caso audio

Factop era una empresa que se dedicaba al factoring. En su propio sitio web describían sus servicios: “Nuestro objetivo es brindar apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, ayudando al desarrollo y expansión en cada caso”.

Sin embargo, la firma cayó en desgracia y comenzó a ser blanco de pesquisas judiciales, bajo la sospecha del uso de facturas falsas, estafa y delitos tributarios en el marco de sus operaciones.

El Ministerio Público investigaba eso, hasta que el 14 de noviembre del año pasado Ciper dio a conocer un audio que sacudió al mundo judicial y empresarial. Era el registro de una reunión entre el abogado Luis Hermosilla, su entonces cliente Daniel Sauer y la también abogada Leonarda Villalobos. Ahí se escuchaba al penalista hablar de pagos a funcionarios públicos.

“Aquí estamos haciendo una huevá que es delito”, decía en alusión al pago de coimas a funcionarios del SII y la CMF. Se abrió entonces la arista que hoy conocemos como el “caso audio” y que será formalizada el miércoles 21 de agosto.

En una tercera derivada -surgida por el celular de Hermosilla que fue incautado- está la caída del exdirector de la PDI Sergio Muñoz, quien le entregaba información reservada al abogado.

Fue en medio de una declaración en dependencias de la PDI que la abogada Leonarda Villalobos reafirmó que había sido ella quien grabó el polémico audio que ahora llevará al Ministerio Público a formalizarla junto a su esposo -Luis Angulo-, al abogado Luis Hermosilla, a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) y a otro de la Tesorería General de la República (TGR).

Aseguró que el registro correspondía a una reunión celebrada el 22 de junio de 2023 y que había sido programada por Hermosilla luego de que la CMF liberara un expediente referente a Factop, donde aparecían mencionadas empresas de ella y de su esposo.

Por eso, dijo, determinó grabar, pues además con eso pretendía encarar a Rodrigo Topelberg, quien no había sido parte del encuentro.

“Al día siguiente (de la reunión) llamo a Rodrigo, le cuento lo que pasó y pregunto si sabía de todo lo que se trató en dicha reunión. Rodrigo Topelberg me dijo que no era así, así que lo hice escuchar parte de la grabación y me dice que lo vea con Yael Speisky, porque ella era su abogada”, sostuvo la Villalobos.

Agregó, en el mismo sentido, que se contactó con Speisky y que ella le comenzó a pedir que le compartiera el audio, a lo que inicialmente Villalobos se negó.

Pese a ello, según la misma declaración, cedió: “Ante el nivel de hostigamiento lo envié, pidiendo que, por favor, no lo compartiese con nadie”.

Tras ello, la abogada dijo haber increpado a Topelberg respecto de la filtración, aunque descartó que lo hubiesen compartido.

Pese a que Luis Hermosilla aseguró que Leonarda Villalobos era quien pidió realizar pagos a un funcionario del SII y a otro de la Tesorería, en su declaración ella descartó haber hecho depósitos a estos con dineros de los hermanos Sauer.

“Le solicité que una vez hecha la rectificación que correspondía, y el cálculo del pago que se debía efectuar -por una imposibilidad personal que no recuerdo-, por el plazo perentorio del pago, lo hiciera él (...). La seriedad y confiabilidad de su ayuda me llevaron a solicitarle que cuando necesitara de consejos o aclaraciones sobre los efectos prácticos de la reforma tributaria de la época, pudiera yo contactarlo -fuera de su horario laboral- para que me asesorara en lo que pudiese. Por ello le retribuía con aproximadamente $ 150.000″, dijo sobre el trato con Patricio Mejías.

Subrayó, en ese sentido, que “sobre si los Sauer me entregaron dinero para pagarle a algún funcionario del SII, puedo señalar que no”.

Y sobre Renato Robles -de la TGR- indicó: “Yo le pagué a Renato $ 1.600.000. A Renato yo le pedía que me simulara convenios de pago para que cuando yo lo hiciera en la página de la Tesorería yo eligiera la opción más conveniente. Estas consultas las hice a propósito de varios clientes, entre ellos los Sauer y Munir Hazbún”.

Por dos días consecutivos, el 6 y 7 de agosto, fue que Luis Hermosilla declaró en Fiscalía en calidad de imputado. Renunció a su derecho a guardar silencio y entregó detalles de cómo estrechó lazos con los hermanos Sauer, con Topelberg y Villalobos.

Igualmente, aprovechó la instancia para explicar parte de los dichos que más revuelo causaron cuando se conoció el audio y que decían relación con guardar parte de los dineros: “Sepárate una gambita”.

Así, detalló: “Leonarda me señaló que se le debía a alguien del SII 10 millones de pesos, habiéndose pagado previamente por parte de Daniel Sauer una suma para esta persona (...). En la reunión yo le pido a Sauer que pague esos 10 millones. Le digo en términos impropios, indebidos, que pague esa suma. Asumo ese gran error que cometí. Asimismo, también le digo ‘sepárate una gambita’, pensando en que dado lo que viene, probablemente tendrá que sufragar más gastos, en ningún caso pretendí defraudar a Daniel”.

Confiaba en lo que Villalobos le indicaba, según dijo, porque ella era cercana al SII, por lo que también la apunta como la artífice de los pagos. “Ella estaba pidiendo colaboración para que le pagaran sumas para terceros que ella había contactado en el SII”, manifestó.

El miércoles también se formalizará a dos funcionarios públicos por presuntos delitos de cohecho. Se trata de Renato Robles, de la Tesorería General de la República (TGR), y de Patricio Mejías, funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Ambos imputados, que tienen cargos administrativos al interior del organismo, declararon ante el Ministerio Público y confirmaron haber recibido pagos por parte de Villalobos, y explicaron que era sólo para entregar información.

Mejías declaró que Villalobos le pedía saber la situación tributaria de sus clientes, ante lo que él “le indicaba qué trámites debían realizar”.

Les pagaban entre $150 y un millón, según el expediente.

En abril, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió al Ministerio Público un informe que consiga los reportes de seis bancos, quienes detallan la actividad financiera de Hermosilla.

Uno de estos fue el Bci, el que advirtió movimientos entre el 2021 y 2023 sin antecedentes que “justifiquen el origen y magnitud de los fondos transados”.

El 25% de los fondos de esa cuenta, que tuvo abonos por $ 1.649 millones, proviene de Factop, según el reporte. Por otro lado, también se da cuenta que en tres años Hermosilla tuvo depósitos en efectivo por $ 114 millones, 92% de estos desde una misma sucursal.

El banco Scotiabank entregó un reporte sobre los ingresos de parte de las seis sociedades del abogado, donde destacan abonos por $ 32 y $ 27 millones, los cuales -afirma- fueron usados para pagar créditos y, en menor medida, transferencias.

Más allá de los antecedentes del caso, que serán citados en la audiencia de formalización, la investigación también ha expuesto la “bicicleta” económica que tenía el abogado Hermosilla con la empresa Factop.

El mismo profesional dio cuenta en su declaración que por su condición de salud “no tenía acceso a financiamiento bancario normal”. Por lo mismo, declaró, es que era cliente de Factop. “Yo entregaba un cheque abierto, a cambio de una línea de crédito, y pagaba los intereses que me cobraban los Sauer, que eran bastante altos (...). Yo era un cliente más de Factop”, expuso el penalista ante la Fiscalía, quien explicó en simple que Daniel Sauer le prestaba dinero “a cambio del giro de cheques”.

Esos movimientos de dinero es algo que también forma parte de los antecedentes de la causa en la que se investiga al factoring de los Sauer.

Una trabajadora de dicha empresa, en su declaración ante la Fiscalía en ese caso, detalló que a petición de Daniel o Ariel Sauer le indicaron que “fuera a la oficina de Luis Hermosilla a retirar cheques”, relatando que en una ocasión la secretaria del abogado “me hizo entrega de un sobre cerrado que posteriormente entregué personalmente a Ariel Sauer, entendiendo que Luis Hermosilla era inversionista”. La profesional afirmó que tres personas realizaban esa labor de “recolección”.

Los ingresos de esos movimientos bancarios, según el propio testimonio de Hermosilla, no fueron reportados al SII en sus declaraciones de renta. Antecedentes claves en la formalización por delitos tributarios.

El equipo de fiscales que indaga el caso lo componen el jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda; el jefe de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana, y la fiscal regional Oriente, Lorena Parra. Es probable que todos ellos intervengan en la audiencia, en la que -al menos para los principales imputados, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, se pedirá prisión preventiva.

Esto último basado en la reiteración de los delitos y el grave daño a la fe pública. Esto último, porque se logró acreditar el pago de sobornos a funcionarios públicos, del SII y de la Tesorería General de la República, que entregaron información, infringiendo sus deberes, a cambio de dádivas económicas que en algunos casos llegaron hasta los $ 300 mil por “trámite” requerido.

Junto con esto, se relevará que las conductas de los imputados, en el actual escenario legal, tienen penas de crimen, por lo que en el caso en que se logre una condena, ellos arriesgan penas efectivas de cárcel. Para Hermosilla y Villalobos, los delitos atribuidos en calidad de autores serán: soborno, delitos tributarios y blanqueo de capitales.

Ese día, el Ministerio Público abrirá ante el tribunal y los intervinientes las pruebas que ha recogido estos ocho meses y -por supuesto- los chats del teléfono incautado a Hermosilla.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía también imputará cargos al esposo de Leonarda Villalobos, Luis Angulo, profesor de historia y geografía y quien entregó su testimonio el pasado miércoles 14 de agosto.

Según se desprende de la querella estampada por el SII, su vinculación con el caso surge en función de que es, junto con Villalobos, propietario de una de las empresas que emitía boletas falsas a Factop.

Como se detalla en la acción judicial, la empresa en cuestión, Asesorías y Negocios Commercia, habría registrado falsas compras y ventas, utilizando facturas emitidas a compañías fantasmas, lo que resultó en una pérdida fiscal de $ 770 millones.

Un peritaje a las cuentas de Luis Hermosilla es la estrategia que tendrá su defensor y hermano, Juan Pablo Hermosilla, a la hora de solicitar que se rechace la petición de prisión preventiva.

“Está limpio”, comentan sus cercanos, en el sentido de que -aseguran-no hay maniobras de lavado de activos. También se plegarán a decir que lo que él señala en el audio son “comentarios desafortunados”, pero no reales, y que los habría dicho para impresionar a los presentes, tanto a su cliente como a la abogada Villalobos. Asimismo, alegarán que no estaría en un escenario de cárcel, en el caso de ser condenado, y que se debe tomar en cuenta su complejo estado de salud. Un arresto domiciliario total sería la apuesta de la defensa.