Homicidios y desapariciones: los “misterios sin resolver” que aún penan en Chile

Exactos seis meses son los que han pasado desde que una calurosa tarde del 12 de enero fue hallado el cuerpo de Anahí Espíndola (22) en los roqueríos de la Avenida Perú, en Viña del Mar. El hallazgo de la joven se produjo semanas después de que se reportara su desaparición tras salir del gimnasio al que asistía en la misma comuna.

A 182 días desde que se diera con el paradero de la joven, su cuerpo aún no es retirado desde el Servicio Médico Legal (SML), a la espera de unos informes, como el toxicológico, que permitan conocer completamente las circunstancias de su muerte.

La muerte de Anahí es considerada un caso más de los “misterios sin resolver” en Chile, y que forman parte del extenso listado de hechos que no han encontrado respuesta, como lo grafica la popular serie de televisión norteamericana que expone antecedentes policiales sin resultados.

La tarde del 2 de abril de 2018, Fermín Delgado Pinto (85) llegó al aeropuerto de Santiago proveniente de Perú. Ese día, su familia lo esperaba en el exterior del terminal aéreo; sin embargo, el esperado encuentro nunca se concretó. Si bien su vuelo arribó al país y él bajó de este, hasta la fecha se desconoce su paradero.

Los familiares de Delgado continúan su búsqueda, más aun cuando en registros audiovisuales se puede observar al hombre deambulando por el aeropuerto.

Fermín Delgado forma parte del registro público de la PDI que ya suma 287 personas catalogadas como “extraviadas”, y donde se recopilan casos desde los años 90.

Mismo listado en el que también aparecen casos como el de Sebastián Álvarez Bernales (32), alias “Mente enferma”, influencer que desapareció en 2017 no solo de sus redes sociales de un día para otro, sino que también se perdió cualquier rastro de su ubicación.

Álvarez, que era conocido con ese nombre en Fotolog, desapareció el 28 de septiembre de ese año en el sector de Curiñaco, Valdivia. Si bien se ha planteado la tesis de un homicidio, la causa de “Mente enferma” aún permanece abierta y sin un responsable de su desaparición, ni rastro alguno de su paradero.

Otro caso que aún permanece sin resolver es la desaparición de Catalina Peters, una joven estudiante de 23 años, de quien se perdió su rastro mientras estudiaba en su casa el 18 de diciembre de 2009 en Curanipe, Región del Maule.

A Delgado, Álvarez y Peters también se suman miles de casos de personas que han desaparecido. De hecho, según cifras públicas de Carabineros, hasta mayo pasado, 3.806 personas tienen una denuncia vigente por presunta desgracia, concentrándose los casos principalmente en las regiones Metropolitana (1.551), Valparaíso (415) y Biobío (284).

Otro caso que ha generado impacto es el del guía turístico Kurt Martinson (35), quien fue visto por última vez a fines de 2014 en San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta. Si bien se han planteado múltiples hipótesis, el Ministerio Público ha pedido el cierre de la indagación en dos oportunidades. En diciembre de 2016 y en enero de 2019.

Pese a ello, a casi 10 años de su desaparición, el fiscal regional Juan Castro Bekios decidió dar un nuevo impulso y pidió la reapertura de la indagatoria, la que fue acogida el pasado 28 de junio por el Juzgado de Garantía de Calama. Entre los nuevos antecedentes se mencionó que su familia hizo llegar los aparatos electrónicos de la víctima.

Un informe de la PDI publicado por La Tercera en 2016 dio cuenta de que la última vez que Kurt fue visto con vida fue la tarde del 23 de noviembre de 2014, a eso de las 19.00. Según declaró un obrero de una estación fluviométrica, lo vio caminar hacia el norte, siendo “la última persona que lo divisa”. Como se indicó, iba con el torso desnudo y con dirección a Catarpe, localidad ubicada a 9 km de San Pedro.

Pero no solo personas desaparecidas forman parte de los casos policiales que aún no son resueltos. También hay algunas muertes cuyos responsables aún no son encontrados.

Uno de los ejemplos más recientes es lo ocurrido con Tomás Bravo, un niño de dos años que desapareció cuando acompañó a su tío abuelo a buscar unas vacas la tarde del 17 de febrero de 2021 en el sector de Caripilún, en la Región del Maule.

El menor de edad fue encontrado sin vida nueve días después de que se reportara perdido.

Si bien en un comienzo se formalizó como presunto autor del homicidio del niño a su tío abuelo Jorge Escobar, al poco tiempo la Fiscalía Regional del Biobío descartó dicha tesis.

En la misma causa, y según reconoció el propio Ministerio Público, han existido una serie de falencias, principalmente en las primeras diligencias, las cuales hasta ahora no han permitido dar certezas de la real causa de muerte de Bravo, y menos con un presunto responsable en caso de que exista intervención de terceros.

A juicio de Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, las primeras actuaciones y diligencias en un caso “son vitales para recoger evidencia, porque mientras más pasa el tiempo la posibilidad de averiguar la verdad o saber lo que de verdad pasó se diluye”. Según el representante de los persecutores, aquello influye no solo en resolver casos de fallecimientos, sino que también de desapariciones.

Otra de las muertes que aún se recuerdan como de final incierto es el fallecimiento de Jorge Matute Johns, quien se perdió el 20 de noviembre de 1999 tras asistir a una fiesta en la discoteca “La Cucaracha”, en la comuna de Talcahuano.

El joven permaneció como desparecido desde esa noche de noviembre hasta el 12 de febrero de 2004, cuando su cuerpo fue encontrado en la orilla del río Biobío.

En 2010, cuando se cumplieron seis años desde que se encontró su cuerpo y sin una tesis firme sobre las causas que la provocaron, el caso fue cerrado. Sin embargo, en enero de 2014 el caso se reabrió. Ese año el SML finalmente pudo determinar que murió por intervención de terceras personas.

Esa era precisamente la tesis de la familia Matute Johns. Pese a que en algún momento se fijó a algunos responsables, que correspondían a personal de la discoteca que habrían golpeado al joven, hasta ahora nadie ha enfrentado la justicia.

Desde la Unidad Jurídica y Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional explican que las causas de búsquedas de personas desaparecidas se mantienen “hasta que la persona sea ubicada o bien que se agoten las líneas investigativas”. En último caso, explican “la investigación puede ser archivada provisionalmente, lo que quiere decir que permanece suspendida la causa penal a la espera de que aparezcan nuevos antecedentes que permitan continuar la investigación, sin perjuicio de lo cual, las órdenes de búsqueda policiales permanecen vigentes”.

El tiempo es otro de los factores que influyen en este tipo de casos, afirma la abogada y directora del Departamento de Derecho Penal de la UDP, Alejandra Castillo Ara, quien explica que hay casos en los que si no “se encontró un culpable, un imputado por ese delito, en definitiva es un caso que nunca se cerró, pero puede que prescriba con los años”.

En esa línea, plantea que si alguien cometió algún tipo de delito en contra de una persona, y no corresponde a un hecho imprescriptible -como los casos de lesa humanidad-, “ese crimen está prescrito, por lo tanto, aunque se impute un delito a una persona no habrá una condena”.

Tiempo que también ha transcurrido en la muerte de la psicóloga proveniente de Estados Unidos Érica Hagan (22), quien llegó a Chile de intercambio a colaborar en la enseñanza de inglés en el Colegio Bautista de Temuco, en La Araucanía.

Su viaje al país, según lo que ella dio cuenta a través de un blog personal, era algo que le causaba mucha felicidad. Pese a eso, la noche del 5 de septiembre de 2014, mientras se encontraba en una residencia colindante del recinto educacional, fue asesinada.

Pese a las evidencias del caso, y de que la joven perdiera la vida luego de recibir una serie de golpes, la causa ya fue cerrada por la Fiscalía, sin que se resuelva la mayor interrogante, ¿Quién mató a Erica Hagan?.

La familia de la joven estadounidense ha apuntado a negligencias en la investigación, la cual hasta ahora no ha permitido dar con el o los presuntos responsables de la muerte de Hagan.

Para Bravo, una de las razones de que existan causas sin resolver es que actualmente “hay un problema sistémico en la persecución penal, que tiene que ver con las capacidades de la Fiscalía y de los organismos auxiliares, que están derechamente colapsados”, apuntando a que existe un problema en las dotaciones y de capacidades del ente persecutor, así como de las policías.

Opinión que también comparte María José del Solar, coordinadora de investigación del CESC de la Universidad de Chile, quien plantea que si bien en los sistemas de justicia siempre habrá causas sin resolver, afirma que todos los esfuerzos que fortalecen al Ministerio Público, desde la reforma procesal penal, también requieren “tener un correlato respecto de las policías, así como también con otras instituciones que son relevantes para la realización de ciertas pericias, como el SML y aquellas que se le requiere información”.

Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, dice que se requiere “un sistema para distinguir los casos, que ofrezca alternativas penales a casos de poca relevancia, complejidad o gravedad, y que son los que finalmente sobrecargan el sistema, para así poder enfocarse en aquellos más complejos y que requieren más tiempo y recursos para su resolución”.

Solo durante 2023, en cifras del Ministerio Público, ingresaron 545 causas caratuladas como homicidios -frustrados o consumados-, a las que se suman otros 396 casos en los cuales no se conoce al autor del hecho.

Al estrés regular en el sistema, los expertos también atribuyen la irrupción del crimen organizado, lo cual aumenta el número de casos con imputados desconocidos.

“Ante una criminalidad más compleja como esta, las instituciones policiales y la Fiscalía han visto que sus herramientas, modos de trabajo y tecnología se han quedado cortos para resolver casos de este tipo”, plantea Carvacho.

Respecto a las nuevas medidas, desde el Ministerio Público afirman que se trabaja en la actualización de instructivos generales “en los cuales se incorporen las nuevas herramientas legales y tecnológicas para el esclarecimiento de los hechos, reforzando la utilización del Sistema Nacional de Registros de ADN, y focalizando equipos especializados por estas áreas de criminalidad compleja”.

A juicio de la experta de la Universidad de Chile existe otra problemática. Del Solar apunta a que muchas de estas causas terminan siendo archivadas. Según el último reporte de la Fiscalía Nacional, el año pasado 83 causas fueron cerradas sin un imputado conocido. En la misma línea, en otras 31 se decidió no perseverar.

A su juicio, este es un “elemento de que el sistema no tiene la misma capacidad de respuesta en causas donde no se tiene la identificación del presunto autor”.

Pese a eso, Bravo concluye que “evidentemente siempre habrá casos que no se van a resolver. Eso es parte de la realidad humana, ahí hay un margen, por crudo que suene. Y no se van a resolver porque no hay ninguna evidencia, no hay testigos, cámaras de seguridad u otros elementos que permitan saber qué pasó”.