Informe de Human Rights Watch advierte que en Carabineros “persisten deficiencias que dejan un amplio margen para abusos”

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) mencionó en el capítulo dedicado a Chile de su informe anual -entre otras materias- los fallidos procesos constituyentes que se desarrollaron en el país y la detección de “deficiencias” en la institución de Carabineros que, según dicta el documento, “dejan un amplio margen para abusos”.

El informe del organismo encargado de investigar y reportar casos de abuso a los derechos humanos en diferentes naciones también aborda otros puntos, como la “difícil” situación de los migrantes para regularizar su estancia en Chila, la realidad penitenciaria -poniendo énfasis en largos tiempos de espera de los detenidos para ser formalizados- y la Ley de Aborto en Tres Causales, advirtiendo que “incluye una excepción demasiado amplia para que proveedores de servicios de salud, tanto particulares como empresas e instituciones, puedan negarse a realizar abortos alegando objeción de conciencia”.

En temas de seguridad, en el documento se menciona un informe gubernamental de julio del 2023, donde se señala que en 2022 ocurrieron 1.322 homicidios en Chile, lo que refleja un aumento del 56% desde 2018. No obstante, se destaca que el país “sigue teniendo una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina y el Caribe”, cifrando la situación en 6,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Además, se menciona que la inseguridad “es una de las principales preocupaciones de los chilenos, de acuerdo con encuestas”. También, se recuerda el asesinato de tres carabineros -Álex Salazar, Rita Olivares y Daniel Palma- “en un periodo de 20 días”, entre marzo y abril de 2023.

A raíz de esa situación, se destaca que el Congreso aprobó la Ley Naín-Retamal, y se dice que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “advirtió que la ley chilena ya permitía a los agentes defenderse y que la nueva presunción de legítima defensa ‘reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad’”.

También se menciona que Chile “ha intentado, con poco éxito, reformar” la institución de Carabineros “desde 2019, cuando ese cuerpo hizo un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y sometió a malos tratos a detenidos”.

Aunque si bien, destaca que la institución “actualizó varios protocolos” plantean que “persisten deficiencias que dejan un amplio margen para abusos”.

“Aún no se reformaron las leyes que otorgan a Carabineros amplias facultades de detención, las cuales ejercen con muy poca supervisión. El régimen disciplinario de Carabineros no garantiza investigaciones independientes e imparciales. Una comisión creada por el presidente Boric en 2022 para la reforma policial se ha reunido muy pocas veces y, a octubre, no había mostrado progreso alguno”, menciona el informe.

En el texto, la organización dedica un apartado al proceso constituyente. En él se explica que todo inició a partir de las protestas sociales de octubre de 2019, a las que atribuye “las deficiencias en la prestación de servicios públicos, el aumento en el precio del transporte público y la desigualdad económica”.

En esa línea, se menciona que durante el estallido social “la policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes”.

Respecto al segundo intento de elaborar una nueva Constitución, se indica que el texto elaborado por el Consejo Constitucional “avanzaba en la protección del medioambiente y de otros derechos, pero también incluía un amplio derecho a la objeción de conciencia del que se podría abusar para denegar el acceso a ciertos derechos humanos y preveía la expulsión de migrantes en situación irregular ‘en el menor tiempo posible’”.

En el texto, la organización señala que más de 1,4 millones de extranjeros viven en Chile, es decir, un 8% de la población del país. De ellos, la mayoría son venezolanos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.

En ese sentido, el informe apunta a que la “regularización de la situación legal es uno de los desafíos más importantes para los migrantes y solicitantes de asilo en Chile, afectando su acceso a servicios públicos y a empleos formales”.

Incluso, señala que hasta septiembre de 2023 “no existía ningún programa de regularización para quienes ingresaron al país de forma irregular”

“Solicitar refugio es difícil y se conceden pocas solicitudes. Los funcionarios migratorios gozan, en la práctica, de una amplia discrecionalidad a la hora de decidir a quién entregan un formulario de solicitud”, dice el documento, destacando que de enero de 2010 a agosto de 2023 Chile sólo concedió refugio a 797 de 28.900 solicitantes.

En este apartado, el informe menciona que las “estadísticas oficiales” muestran que en Chile se habían practicado “831 abortos legales en 2022 y 407 entre enero y septiembre de 2023″.

Respecto a la Ley de Aborto en Tres Causales -que despenaliza el aborto si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la mujer embarazada está en peligro o si el feto es inviable- el informe de HRW advierte que “incluye una excepción demasiado amplia para que proveedores de servicios de salud, tanto particulares como empresas e instituciones, puedan negarse a realizar abortos alegando objeción de conciencia”.

De hecho, destaca que “más del 40% de los obstetras del sistema de salud pública se registraron como objetores de conciencia a 2022 y se rehúsan a realizar abortos en casos de violación”.

Human Rights Watch aborda también las condiciones en los centros de detención y prisión preventiva del país, donde se destaca una alta población penitenciaria.

Según se indica, la población carcelaria “aumentó más de un 18% en un año, superando las 51.000 personas en septiembre de 2023, aproximadamente un 25% más de la capacidad que tienen las cárceles”. A ello, se agrega que “más de un centenar de niños y niñas menores de 2 años vivían con sus madres en las cárceles, según los últimos datos oficiales, de 2019″.

También cuestiona los largos tiempos de espera de los detenidos para ser formalizados. El informe indica que hasta septiembre de 2023 “el 37% de los detenidos se encontraba a la espera de juicio. El código penal chileno permite un uso amplio de la prisión preventiva y no establece un plazo máximo”, indica.

También se evidencian falencias en la legislación, respecto a los derechos de las personas con discapacidad. En el texto, HRW indica que “las personas con discapacidad pueden ser privadas de su capacidad legal en virtud de la legislación civil chilena”.

“Las personas con discapacidad sufren discriminación en el trabajo, la educación, la vivienda y la atención de salud. Además, no pueden acceder a todos los edificios públicos ni a los medios de transporte en igualdad de condiciones que los demás, sobre todo fuera de Santiago”, señala el documento.

Respecto a los derechos de los pueblos indígenas, se destaca que el gobierno del Presidente Gabriel Boric creó una “comisión de expertos para trabajar en soluciones sobre el derecho a la tierra y reparaciones para las comunidades mapuche”.