Informe sobre notarías: algunas medidas propuestas

La regulación establece una serie de restricciones que impiden el libre ingreso de competidores al mercado. Las principales se relacionan con el requerimiento de contar con el título de abogado y con el hecho de que el número de notarías se encuentra fijo, a menos que se realice un procedimiento complejo para crear nuevos oficios. En este sentido, se recomienda liberalizar la entrada al mercado.

En relación a quienes pueden ofrecer servicios notariales, se propone que se reemplace la regla actual, que obliga a que la actividad sea realizada por abogados con al menos un año de experiencia, por una que permita que cualquier persona pueda ejercer el cargo, siempre que cumpla con requisitos mínimos establecidos por un regulador.

Para mejorar la insuficiente fiscalización de precios, se propone cambiar a los actuales reguladores -cortes de Apelaciones- por un único fiscalizador independiente, de perfil técnico y con jurisdicción en todo el país. Este asumiría la responsabilidad principal de actualizar la regulación periódicamente, para que así se permita implementar los objetivos que se planteen a nivel legal, y de fiscalizar que los servicios sean provistos de manera adecuada por los distintos actores económicos que participen del mercado. Por ejemplo, en el caso de una declaración jurada, se cobra un sobreprecio de un 500%. Los precios son regulados por el Ministerio de Justicia, a través de un decreto que no ha sido actualizado desde 1998.

Se recomienda revisar el número de trámites y funciones asignadas a los notarios, puesto que estos han incrementado en el tiempo. El estudio también sugiere que el Estado realice una revisión similar de sus actos administrativos, puesto que es un generador importante de trámites notariales que no son requeridos por ley.

El informe calificó como "relevante" el hecho de que 17 servicios notariales (finiquito laboral, fotocopias, poder general, mandato especial, arriendo, compra de un bien raíz, etc.) concentran el 90% de la demanda total de trámites. En esa misma línea, estos mismos trámites representan el 85% de los ingresos totales de los notarios. El trámite más reiterado es la compra y venta de un bien raíz.

El informe arrojó que existe una regulación muy detallada en relación a la forma en que deben proveerse los servicios, lo que impide la innovación y el uso de tecnologías modernas. Por ejemplo, en el caso de la escritura pública, la ley establece que la "tecnología" que se debe utilizar es papel, lápiz y la vista del notario, y señala paso a paso lo que el notario debe hacer. Esto provoca que las propias oficinas no puedan reducir costos. Para remediar esta situación, se propone que se reduzca la regulación de los distintos servicios que deben ser provistos por los notarios, limitando solo a establecer los objetivos del trámite. Se estima que si se pasara de actual sistema presencial a uno digital, habría un ahorro de US$ 80 millones anuales.

Los datos obtenidos a través del informe, que se aplicó a 77 notarías del país, muestran que las rentas obtenidas por quienes prestan el servicio de notario son bastante elevadas y esto revelaría una falta de competencia en el sector.

Estas fueron calculadas utilizando las declaraciones de impuestos anuales de los notarios y arrojaron que mientras el promedio nacional es de $ 14 millones mensuales, quienes trabajan en las plazas de Santiago Centro perciben $ 24 millones mensuales, en promedio.

En ese contexto, el estudio reveló que las personas tardan aproximadamente una hora y 13 minutos en realizar sus trámites notariales. Esto incluye el tiempo de traslado de los clientes de dichas oficinas.