Javier Hurtado, gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción: "Congelar los planes reguladores lleva a un aumento de los precios"

La decisión que han tomado algunas municipalidades de congelar sus planes reguladores ha llevado a que los precios de las viviendas vayan en alza. Así explica Javier Hurtado, gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, la condición actual del mercado inmobiliario. Por ello, dice que el Estado debe ser el encargado de una política pública de suelo.

¿Cuáles son los factores que inciden en el incremento de precios en el mercado inmobiliario?

El principal es que no hay una política de suelo. Si hay planos reguladores cada vez más restrictivos en cuanto a altura, los precios de las viviendas van a seguir en aumento. Un ejemplo de esto es lo sucedido en la comuna de Estación Central, donde se rebajó la altura máxima de los edificios a 12 pisos en la Alameda. Obviamente, así disminuye la oferta inmobiliaria y eso lleva a subir los precios en el mercado. Como resultado, esto lleva a que no se satisfaga la demanda por viviendas en los diferentes estratos socioeconómicos.

¿Qué involucra concretamente una política de suelo?

Significa que los planes reguladores de las ciudades tienen que ser diseñados con disponibilidad de áreas para la construcción mirando los próximos 20 años. Las municipalidades deben hacer estudios de demanda por viviendas. Se debe planificar, además, cuáles son las calles y avenidas que se construirán, los tipos de hogares y satisfacer la demanda de quienes residirán en ciertos sectores en los próximos años. Hay que pensar que Santiago va a requerir 500 mil inmuebles más en los próximos 10 años, es decir, que deberían construir 100 viviendas por día para llegar a esa meta.

¿Cree que se debería involucrar el Ministerio de Vivienda en el diseño de planes reguladores integrales?

Hay que ver qué políticas públicas son las más adecuadas. Los planes urbanos hoy en Chile están en manos de las municipalidades, las que diseñan los planes para proteger a las comunas con la idea de que no entre más gente. Por mucho que una comuna sea ayudada técnicamente para elaborar un plan regulador, si esa municipalidad no quiere más viviendas, no sirve de nada. Esa situación ha pasado en Santiago Centro, en Estación Central y en Ñuñoa. La discusión que existe hoy en los municipios es cómo limitar la cons- trucción más que cómo la aumento. Y, finalmente, eso afecta a la gente pobre, que debe irse a la periferia de las ciudades, porque no encuentra hogares a precios a su alcance. Los planes reguladores tienen que ser capaces de que se generen espacios para que se edifiquen viviendas de un valor menor y que las personas de escasos ingresos no sean expulsadas a los bordes de las ciudades. Y esos espacios están en lugares céntricos donde hay metro. Cuando se hacen inversiones enormes, como la construcción de líneas de metro, creo que el Estado debe fijar la densidad permitida en torno a estas. Esa decisión no puede tomarla un municipio.

¿Qué piensa de que el Estado compre terrenos para la construcción de viviendas para sectores más pobres?

No estoy de acuerdo con que el Estado se entrometa en el mercado. El Estado es el encargado de fijar reglas del juego y debe permitir que el mercado funcione. Hasta ahora, las municipalidades, como entidades públicas, han restringido la oferta de viviendas y eso lleva a que los precios en el sector inmobiliario hayan crecido.

¿Qué deben incluir esos instrumentos?

Debe haber planos reguladores que sean legitimados por las comunidades. Estos instrumentos no deben afectar la calidad de vida de las personas, por lo que deben contemplar buena conectividad, parques y vialidad adecuada.