José Montalva, delegado presidencial en La Araucanía: “Más allá de los traumas, debemos darles seguridad a las personas y el despliegue del Ejército ayuda bastante”

El 7 de enero, en la comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía, se realizó la cuarta versión del Encuentro Nacional de Vinculación Social, iniciativa que tiene como fin relacionar a personas de diferentes partes del país con miras a buscar avances para la zona. Y entre los asistentes, donde había empresarios, representantes de comunidades y autoridades de gobierno, estuvo presente el delegado presidencial de la región, José Montalva.

“Que se junten casi 2.000 personas a dialogar, conversar y a encontrarse es algo muy bueno. Irrefutablemente bueno. Ahora, uno siempre empieza a decir podría haber habido más presencia de comunidades y empiezas a buscarle los peros. Pero creo que fue una buena actividad”, dice la autoridad a La Tercera.

Montalva asumió el cargo en septiembre del 2022, tras la salida Raúl Allard, y para 2023 fijó la seguridad como una de sus principales prioridades. Y es ahí donde la aplicación del estado de excepción sigue siendo fundamental para el Ejecutivo.

La medida se mantiene desde mayo del 2022 en la Macrozona Sur, lo que contrasta con la negativa inicial del gobierno de no recurrir a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para enfrentar materias de orden público.

Usted asumió hace casi tres meses, ya, ¿cómo se ha avanzado en las necesidades que tiene la región?

Nosotros tenemos el presupuesto más alto en la historia de la región, en estructura habilitante, que significa soluciones de agua potable, conectividad, caminos, también poder construir en el sector rural infraestructura pública mínima para que las personas que viven en el sector rural puedan ejercer sus derechos sociales. Pero acá no necesitamos entregar todo, si nosotros hacemos una política asistencial, no vamos a terminar nunca. Lo que necesitamos hacer es habilitar el espacio, el territorio, para que el privado quiera invertir.

¿Y se ha avanzado en esas garantías?

La infraestructura habilitante hoy día es para que haya inversión, ya sea pública o privada, y para que haya oportunidades necesitamos que haya seguridad. Sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay puestos de trabajo. Primero que la estructura, la seguridad habilita la posibilidad de mejorar las condiciones de las personas. Si no hay seguridad, no hay presencia del Estado, si no hay seguridad no hay presencia del privado, y es muy difícil que las familias salgan adelante, entonces esa es nuestra primera prioridad.

¿Cuánto les ha servido para eso el estado de excepción?

A nadie le gusta que tengamos que tener a las FF.AA. y tengamos que tener un estado de excepción. Sin embargo, ha servido, porque nos permite tener mayor despliegue en la región y eso, obviamente, nos ayuda bastante.

¿Hasta cuándo aguanta esa medida?

Hasta que sea necesario y no tengamos alguna otra alternativa, porque la principal preocupación de las personas es justamente la seguridad. Entonces, más allá de los traumas que puedan existir, debemos darles seguridad a las personas y también darles percepción de seguridad, y el despliegue del Ejército en la región, sin duda, que ayuda bastante. Ahora, ¿esto va a solucionar el problema que existe o el conflicto que existe entre el pueblo mapuche y el Estado chileno? No, pero nos tenemos que hacer cargo del problema que existe hoy día.

¿No considera que puede ser una dificultad para recomponer confianzas con ciertas comunidades?

Yo creo que más del 90% de la región quiere seguridad. Usted para dialogar tranquilo, para poder contactarse, para poder vincularse, necesita seguridad. Si no hay seguridad es muy difícil, y por eso nosotros vamos a trabajar para generar los climas en que se pueda dialogar.

¿Cómo se está avanzando en el proceso de compra de tierras?

Hoy día tenemos más de 700 comunidades que están con aplicabilidad, donde el Estado ya se comprometió a que debe comprar las tierras. Solamente para cumplir con estas comunidades podríamos estar más de 80 años en eso, sin perjuicio de que otras 700 comunidades están en el trámite de abrir carpeta para que el Estado también se comprometa con ellos. O sea, ahí podríamos estar otros 80 años, y después hay otras dos mil comunidades que también se podrían adherir a abrir carpeta y hacer el mismo trámite. Y aunque eso se haga, no queda cerrado el tema, porque esas comunidades podrían seguir creciendo. Entonces, como usted puede ver, el sistema actual de compra de tierra es un sistema que tiene una demanda infinita.

Hay que reformar...

Claro, entonces lo que va a hacer la comisión que se constituirá en marzo es definir de cuánto es la demanda, cómo vamos a responder y en cuánto tiempo. Ahí vamos a tener que ver otras fórmulas de solución de este tema, pero por lo menos vamos a sincerar el asunto.

¿Por qué frenaron el catastro que quería realizar la Conadi en la administración anterior?

Es que se supone que esa información está, pero hay que seguir levantando porque, además, el Presidente señaló que no solamente van a ser las tierras derivadas del título de merced, sino que también las tierras ancestrales. Pero, además, sabemos que se han creado derechos, entonces hay que ponerle límites a la demanda. Hay derechos adquiridos de agricultores que ya han hecho sus raíces en ciertas tierras. Va a haber que conversar este tema, yo creo que no depende solamente de un catastro.