Jueza considera que Daniel Jadue es un “riesgo” para el patrimonio de Recoleta y decreta su prisión preventiva

“Antes de comenzar a analizar los elementos materiales del delito, esta jueza desea advertir expresamente que, conforme al principio de imparcialidad que rige la función jurisdiccional, este tribunal no toma en cuenta afiliaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión (...). Esto implica que nadie debe recibir un trato preferencial y que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, los antecedentes aportados y las leyes aplicables, sin considerar factores extralegales”.

De esta manera, la jueza del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya, lanzaba un dardo directo a quienes han cuestionado la imparcialidad de los tribunales, en torno a la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien fue acusado por la Fiscalía como autor de los delitos de cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa.

La causa en contra del alcalde de Recoleta se inició por una querella por estafa presentada por la empresa proveedora Best Quality, la que vendió productos médicos a la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) el 2020, pero que acusa que nunca recibió el pago de estos. La Fiscalía durante la formalización aseguró que Jadue, valiéndose de su prestigio y posición, aparentó una capacidad económica de la asociación a sabiendas de que no tenían los recursos y pagó solo una parte del total a la empresa, generando un perjuicio de más de mil millones.

El alcalde, por su parte, reclamó inocencia hasta el final. A los 30 segundos de leída la resolución de la jueza escribió en su cuenta de “X” (ex-Twitter): “Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!”.

La resolución que dejó tras las rejas a Jadue, por ser considerado un “peligro para la seguridad de la sociedad”, se basó en elementos claves: su rol como presidente de Achifarp, la afectación patrimonial a la Municipalidad de Recoleta y su rol como alcalde de la comuna. Para sostener su argumentación, además, se acreditó lo expuesto por la Fiscalía en cuanto al cohecho, donde la sede del PC en Recoleta fue parte fundamental.

“Se aprecia que el Ministerio Público aportó múltiples antecedentes que permiten justificar la existencia del delito y configurar presunciones fundadas de participación en lo relativo a la donación de $20 millones, a cambio de concretar la compra de insumos a Best Quality, productos que habrían sido entregados en las oficinas del Partido Comunista de Recoleta”, se lee en el fallo.

En la lectura de su resolución, la jueza de garantía se refería a la Municipalidad de Recolecta como una “víctima” del caso, poniendo énfasis en que eran sus vecinos los principales afectados por las maniobras realizadas entre Jadue y Achifarp.

Esta tesis se explica, pues para el tribunal -acogiendo lo expuesto por el Ministerio Público- fueron dineros municipales los que se utilizaron para pagar las deudas de Achifarp de manera irregular. Además, lo que “también llamó la atención” de la magistrada fue que se haya tratado de usar “la salud pública” en este caso, tomando en cuenta la idea de fabricar un medicamento en contra del Covid-19, con dinero que nunca llegó a manos de la Universidad de Concepción.

“Al tribunal le llama la atención que, en un ámbito tan sensible como la fabricación de medicamentos para el Covid-19, los imputados hayan asegurado contar con los permisos respectivos. En circunstancias que se trata de una época en la que existía un miedo generalizado a los nuevos medicamentos, por lo que los argumentos de la defensa sobre haber creído que todo estaba en regla parecen poco creíbles. Además, es fundamental considerar que la fabricación y distribución de medicamentos están sujetas a estrictas regulaciones y controles, especialmente en situaciones de emergencia sanitaria”, dijo la jueza.

Quizás el elemento que más pesó para decretar la prisión preventiva de Jadue -además de lo elevado de las penas de los delitos imputados- fue su rol actual como alcalde de Recoleta.

La magistrada partió exponiendo que “el tribunal no puede dejar de advertir que el imputado Jadue se encuentra en funciones en su cargo de alcalde de la comuna de Recoleta. Esta posición implica una relación directa y esencial con la administración de recursos, desempeñando un rol crucial en la gestión financiera, la planificación y la transparencia de las operaciones municipales”.

Agregó, enseguida, que “no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría configurar un peligro de reiteración. Finalmente, haciendo una prognosis de pena para los imputados Jadue y Muñoz, existe una alta probabilidad que para el caso que sean condenados por los delitos por los cuales fueron formalizados, no puedan acceder a penas sustitutivas y deban cumplir de manera efectiva sus condenas”.

Para la defensa de Jadue, el abogado Ramón Sepúlveda, la cautelar decretada por la jueza fue exagerada. Por lo mismo, adelantó que apelarían a la decisión, algo que ya había adelantando el propio presidente del PC, Lautaro Carmona.

Carmona, antes que hablara el abogado de Jadue, y desde la explanada del Centro de Justicia de Santiago, señaló que “no es lo que esperaba, pero bueno, ella es la jueza y lo que viene ahora, sin darle más vueltas, es que hay que seguir con el proceso judicial en la etapa que viene, que es apelar a esta definición de cautelar y eso se hace ante la Corte de Apelaciones”.

Sepúlveda, por su parte, sostuvo que “sorprende que se den por acreditados delitos de fraude al Fisco donde no hay absolutamente ningún perjuicio patrimonial. El tribunal ha tomado una posición de dar por acreditados hechos sin antecedentes y eso es muy grave, porque si bien esto se puede discutir en un juicio oral en el fondo, deben necesariamente en una resolución que decreta una medida cautelar como esta existir antecedentes claros respecto a la participación y respecto a la existencia de los delitos que creemos en este caso no se dan”.

El abogado, al igual como lo hizo su cliente, deslizó una crítica directa al razonamiento de los tribunales y el Ministerio Público, dejando entrever otras motivaciones, más allá de razones técnico-jurídicas.

“Esto se decreta porque es el alcalde de Recoleta, porque si este fuera un caso cualquiera yo te podría decir que es difícil que se presente una prisión preventiva en estas condiciones”, indicó.

La serie de enfrentamientos públicos entre Jadue y la Fiscalía, sin embargo, no terminaron luego de la que magistrada leyera la resolución. La pugna de declaraciones fue antes, durante y después de la formalización.

Si Jadue habló la tarde del domingo, donde acusó a la Fiscalía de sesgo en su investigación, el lunes fue el turno del fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, para responder.

El persecutor señaló que “hemos llevado adelante una persecución seria y responsable y basada en antecedentes. Esperamos que estos se mantenga en toda la secuela del procedimiento”.

Armendáriz agregó: “El Ministerio Público imputa sobre la base de antecedentes, no teniendo presente quién o qué características, qué ideología, qué trabajo, a qué institución pertenece. Nuestra función es proteger el Estado de derecho en Chile respecto a lo que es persecución penal”.

Tras la determinación de la jueza, el militante comunista ingresó de inmediato a las instalaciones del anexo penitenciario Capitán Yáber, al igual que Matías Muñoz, exfuncionario de la Municipalidad de Recoleta y exsecretario ejecutivo de la Achifarp.

En dicho lugar -que tiene capacidad total para 16 reclusos-, permanecerán junto a otros nueve sujetos, entre quienes se encuentran los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, imputados en el marco del caso Factop.

Hasta ahí, de acuerdo con fuentes del entorno del alcalde, Daniel Jadue llegó tranquilo, a la espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago pueda revertir la determinación. Esto, de la mano del recurso de apelación que su defensa, encabezada por el abogado Ramón Sepúlveda, anunció.

“Vamos a presentar un recurso de apelación dentro del plazo y confiamos en que podemos en la Corte revertir esta resolución y, de no ser así, vamos a pedir en su oportunidad la revisión de cautelares, porque creemos que esta resolución es del todo injusta, desproporcionada, pero además con falta de antecedentes claros respecto a los delitos que se le han imputado al alcalde de Recoleta”, señaló al término de la audiencia el penalista.

Más allá de esas acciones, en todo caso, quienes conocen del funcionamiento del mencionado recinto penitenciario comentan que está destinado principalmente para imputados o condenados poco violentos, de alta connotación pública y que, por lo mismo, requieren medidas especiales de protección.

Ahí, al igual que en otros recintos carcelarios, los internos deben cumplir con labores que les asigna personal de Gendarmería, como lo son, por ejemplos, turnos para realizar el aseo de las instalaciones.

Eso sí, hay mayores comodidades. Cuentan con televisión en un área común, mesa de pimpón y libros.

Una vez dictada la prisión preventiva de Jadue, su abogado pidió hablar con él “en la entrada del calabozo” solo unos minutos. Antes de eso, el alcalde se paró tranquilo, estiró las manos, juntó sus muñecas y un gendarme cerró las esposas que lo acompañarían hasta ingresar a Capitán Yáber, mismo penal donde antes estuvieron otros alcaldes, senadores, diputados -de distintos colores políticos- y empresarios, quienes, al igual que él, fueron considerados un peligro para la seguridad de la sociedad por maniobras alejadas de la probidad pública.