Justicia propone acceso de exreos a empleos públicos

Durante las próximas semanas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ingresará al Congreso un proyecto de ley enfocado en promover la reinserción laboral de las personas privadas de libertad. El documento se encuentra en su última etapa de estudio y propone, entre varios puntos, retirar el impedimento de contratación en el aparato público a personas con antecedentes penales. "La idea es que quienes estén privados de libertad puedan entrar al sector público. Para eso preparamos cambios al estatuto administrativo y el municipal", indicó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

En la cartera se evaluó primariamente que la incorporación de personas que estuvieron privadas de libertad rigiera "con cuotas", tal como ocurre en el caso de la Ley de Inclusión Laboral, que obliga la contratación de al menos un 1% de personas con discapacidad. No obstante, finalmente se optó por no imitar la norma.

Otro de los cambios que propondrá la norma tiene que ver con la omisión de antecedentes penales en personas que cumplieron sus condenas.

En la actualidad, el Decreto 409 lo permite a partir del cumplimiento de una serie de requisitos, entre los cuales se encuentra un control voluntario, que consiste en una firma mensual por dos años, en caso de personas con una condena, y cinco años, para quienes tienen más de dos.

En Justicia se trabaja en una nueva opción, ligada a la reinserción laboral y al cumplimiento de los programas intrapenitenciarios. "Estamos estudiando una propuesta para que las personas que tienen antecedentes penales, cuando estén cumpliendo programas de esta naturaleza y han acreditado la satisfacción en su cumplimiento, se pueda omitir esta información en los certificados y así facilitarles la obtención de un empleo", dijo el ministro.

Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, valoró la propuesta, aunque consideró que se debe avanzar en la omisión automática de antecedentes. "No se entiende que no opere de forma automática, dado que se transforma en una pena accesoria al tener que ir continuamente a Gendarmería. Los primeros 180 días son vitales para evitar que la persona vuelva a delinquir", indicó el abogado.

Según un estudio de Paz Ciudadana, el 51% de las personas que cumplen sus condenas reinciden. En tanto, según Justicia, quienes obtienen un empleo reducen el riesgo de volver a delinquir entre un 33% y 50%.

Hoy, en el Centro Penitenciario Colina II, se lanzó el programa +R, una alianza público-privada que busca dar empleo a personas privadas de libertad durante sus últimos años en prisión. La iniciativa pretende capacitar y ofrecer un contrato laboral de al menos un año a quienes participen. Durante 2019 se busca favorecer a cerca de mil internos.

Una de las novedades del programa está en el acompañamiento tras el cumplimiento de condena, que estará a cargo de una dupla psicosocial.

El Presidente Sebastián Piñera destacó la medida y señaló que "las personas merecen una segunda oportunidad, pero también porque si logramos rehabilitar a un delincuente, estamos haciendo la mejor contribución a la seguridad".