La caída de Karen Rojo

La historia de Karen Rojo Venegas en la primera línea política tiene dos momentos bisagra. Y ambos con un denominador común: la Contraloría.

La químico-farmacéutica, de 40 años, quien no milita en ningún partido, tuvo un fuerte traspié en 2012, cuando ese organismo objetó su cargo de seremi de Salud de Antofagasta, puesto en el que había sido nombrada por el Presidente Sebastián Piñera, en marzo de ese año, durante su primera administración.

En aquel mes de julio la Contraloría ordenó su salida del cargo, apuntando a una falta de experiencia de trabajo en el sector público, requisito que exigió el ente fiscalizador para desempeñar la función de seremi. Aun así, en los partidos de la centroderecha veían con atención cómo las acciones fiscalizadoras de Rojo generaban revuelo en la región, lo que, entre otros factores, ese mismo año la catapultó para postular a alcaldesa de Antofagasta.

Hasta allí, todo sobre ruedas. Resultó electa por amplio margen y cuatro años después logró la reelección, aunque con menor votación que la primera vez.

Esa reducción en el apoyo electoral habría sido síntoma de un tema que hoy nuevamente la tiene en el foco de la mirada política: una investigación judicial por posible fraude al Fisco y negociación incompatible, por lo que se vio forzada a dejar temporalmente la alcaldía el reciente 27 de julio. Y nuevamente Contraloría jugó un rol en este proceso, al advertir, en marzo de 2019, responsabilidades administrativas de Rojo en supuestas irregularidades que fueron denunciadas por un grupo de concejales.

Meses después seguiría la investigación de la fiscalía -originada luego de que la Contraloría enviara los antecedentes- y, finalmente, la acusación formal en julio pasado.

El origen de la indagatoria es una asesoría de la empresa Main, contratada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Antofagasta y la Corporación Cultural de la ciudad, que habría tenido como real objetivo -según sostiene la fiscalía- mejorar la posición de Rojo para su reelección como jefa comunal, de cara a los comicios de 2016.

En agosto de 2018, de hecho, uno de los socios de Main, José Miguel Izquierdo -según publicó El Mercurio de Antofagasta- reconoció que el objetivo de la asesoría, que tuvo un costo de casi $ 27 millones, con fondos municipales, era reposicionar a la alcaldesa para los comicios de 2016.

En diciembre de 2019, Izquierdo fue suspendido condicionalmente del proceso.

En cambio, la defensa de Rojo, representada por el abogado Jorge Bofill, sostiene que Izquierdo y su empresa realizó trabajos para la municipalidad y que estos fueron acreditados. “Karen Rojo siempre ha pagado personalmente las asesorías que se relacionan a su carrera política, y el caso de la reelección de 2016 no fue la excepción. Para las elecciones de 2016 Karen Rojo contrató a Cadem y a Carlos Correa Bau como jefe de campaña. Con José Miguel Izquierdo hubo una conversación preliminar, pero no fue contratado para asesorar a Karen Rojo, sino para prestar servicios a la CMDS y la Corporación Cultural”, se indicó.

De acuerdo a la fiscalía, Rojo buscó esta asesoría luego de que en agosto de 2015 se reuniera con el gerente de Asuntos Públicos de Cadem, Roberto Izikson, para que esa empresa realizara “una encuesta que midiera el grado de adhesión para una posible reelección”, señala la resolución del auto de apertura del juicio.

Esta encuesta “la ubicaba en el tercer lugar” de aprobación, por lo que Izikson “sugirió una asesoría externa política, proponiéndose a José Miguel Izquierdo”.

El Ministerio Público pide siete años de cárcel por fraude y tres años por negociación incompatible. El juicio quedó fijado para el 3 de noviembre.

En paralelo a la arista penal, Rojo enfrenta también una demanda civil que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por el eventual daño patrimonial causado al Fisco. Según el organismo, se usaron “aportes o subvenciones estatales para asesorías políticas y comunicacionales de la exalcaldesa, entre 2015 y 2016, cuyo detrimento bordea los $ 27 millones de pesos”. Además, el CDE se adhirió a la acusación de la fiscalía.

En tanto, la exedil presentó dos demandas civiles con el objetivo de impugnar su inhabilitación temporal del cargo. Una de las acciones legales es en contra de la fiscalía y busca que la justicia resuelva si la suspensión de una autoridad opera de manera automática al presentarse la acusación fiscal o previa constatación de ciertas circunstancias que tendría de sustentar un tribunal mediante una condena.

La fiscalía sostiene que al presentarse la acusación, Rojo queda inhabilitada. Sin embargo, de acuerdo a su defensa, lo que produce la inhabilitación temporal del cargo debería ser la suspensión del derecho a sufragio y para eso hay cosas que se tienen que probar en un juicio. Además, su abogado señala que “hasta el día de hoy, Karen Rojo es una ciudadana con derecho a sufragio vigente y, por tanto, no procede considerarla con una incapacidad para el ejercicio de la función que juró desempeñar”.

Rojo fue suspendida a fines de julio por resolución de la misma municipalidad, organismo que cita artículos de la Constitución, mencionando, entre otras cosas, la disposición sobre pérdida del derecho a sufragio y el artículo 16 que apunta a la persona acusada por delitos que merezcan pena aflictiva. En su reemplazo tomó el poder Ignacio Pozo, convirtiéndose, con 22 años, en el alcalde más joven del país.