El Ministerio Público obtuvo 45 días más tiempo para su investigación respecto al caso Democracia Viva y sus aristas.

En la audiencia ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta en que se discutió el plazo de investigación este viernes, el fiscal Cristian Aguilar justificó su petición por diligencias pendientes solicitadas tanto por las defensas de los imputados, como por el Consejo de Defensa del Estado y el propio Ministerio Público.

Entre ellas, el fiscal Aguilar mencionó una reciente diligencia encomendada a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI que busca confirmar o descartar la vinculación de algunos de los imputados en los hechos que están siendo materia de investigación.

Hay también un punto que la indagatoria debe despejar: el rol que pudo haber tenido la diputada Catalina Pérez en los convenios que originaron el escándalo por líos de plata en el Ministerio de Vivienda (Minvu) por proyectos en campamentos asignados a la cuestionada fundación

Esto, tras el informe de la Policía de Investigaciones (PDI) conocido por una publicación de La Segunda hace unas semanas, que consigna que Pérez mantenía desde julio de 2022 conocimiento de los convenios de la fundación que Daniel Andrade encabezaba. Según el aludido informe, cuando se estaban afinando los convenios, Andrade escribió a Pérez tras una llamada con Carlos Contreras: “Parece que pueden salir las lucas”.

La información del vaciado del teléfono de Andrade sigue bajo reserva.

El 21 de enero se desarrollará una audiencia de reformalización, en la que se precisarán los delitos imputados tras la agrupación de todas las aristas que involucran también a las fundaciones Fusupo, Fibra y TomArte. La investigación debe estar cerrada al finalizar ese mes, con miras a la presentación de acusación para llevar el caso a juicio oral.

El caso golpeó con dureza a Revolución Democrática, organización que fue encabezada por Pérez y que desapareció fusionándose con otras tiendas oficialistas fara formar el Frente Amplio. Todos los involucrados militaban en el extinto partido cuando estalló el escándalo a partir de una publicación de Timeline.

El caso Democracia Viva

El 16 de junio de 2023, el medio regional antofagastino dio a conocer una serie de convenios por $426 millones que Carlos Contreras, entonces militante RD y secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta, autorizó en favor de Democracia Viva, la fundación de Daniel Andrade, también militante RD en esos días. Ambos fueron formalizados en diciembre del año pasado. También se formalizó a la concejal de Antofagasta, Paz Fuica el 12 de enero. Los tres fueron imputados de fraude al fisco.

Se les acusa de haber actuado para favorecer a con recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, a fundaciones como Democracia Viva, a sabiendas que las entidades favorecidas no cumplían requisitos para realizar los trabajos acordados en convenios asignados por vía directa.