La historia de los 500 chinos que habrían sido “traficados” hacia Chile

A comienzos de 2022, el ciudadano chino de iniciales J.C. y su padrastro de la misma nacionalidad, de iniciales S.J., ya estaban muy lejos de casa: específicamente a 11 mil kilómetros de distancia de la provincia costera de Zhejiang, en China. Diez años antes, en búsqueda de mejores oportunidades económicas y con ganas de hacer negocios, llegaron a un lugar que para cualquier asiático parece improbable: Guinea Ecuatorial, un pequeño país centroafricano de 1,7 millones de habitantes.

La nación parece distinta a sus vecinos. Por haber sido una colonia española, su idioma oficial es el español y es uno de los territorios con mayores ingresos per cápita del empobrecido continente, en parte gracias a sus depósitos de petróleo y gas. Pero también es uno de los países con mayor índice de desigualdad del mundo. De todo ello sabe muy bien China, su principal socio comercial, que ha visto en estas tierras una puerta de entrada a toda África.

Pero las perspectivas de Guinea Ecuatorial se han vuelto oscuras para buena parte de sus habitantes. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía está en recesión desde 2015 -salvo 2022-, lo que sólo se agravará ante la disminución de las reservas de hidrocarburos. Por ello, los chinos J.C. y S.J. decidieron que era momento de cerrar el mall chino que habían montado en ese país y volver a migrar. Ante sus ojos se abrió un nuevo destino donde se hablaba el mismo idioma, ahora nueve mil kilómetros más al oriente: Chile.

“A través de otro ciudadano chino tomaron conocimiento de que en Chile había grandes expectativas económicas, por lo cual tomaron contacto con una agencia que se dedicaba a gestionar la documentación y el viaje a Chile”, relata hoy el abogado que los representa, Fernando Suau. Pero el trayecto sería uno muy particular y con escalas en tres continentes.

El 22 de abril de 2022 ambos partieron en un vuelo desde Guinea Ecuatorial a Francia. Al día siguiente, cruzaron el Atlántico con destino a Lima, Perú. El siguiente paso sería viajar por tierra hasta Bolivia, donde el 30 de abril de ese año llegaron a la casa de otro chino de nombre Xiangnan. “Durante todo este tiempo, mis representados siempre pensaron que su ingreso a Chile sería legal, ya que habían pagado alrededor de 60.000 yuanes chinos por persona (equivalentes a $ 7.582.512 chilenos), por conceptos de pasajes, documentación y visado que les permitiera trabajar en Chile”, explica Suau.

Según el relato de las víctimas, Xiangnan los trasladó por tierra hasta la frontera de Bolivia con Chile, a la altura de Colchane, y tal como ha ocurrido con miles de migrantes venezolanos y de otras nacionalidades, los dos chinos entraron irregularmente a Chile cruzando a pie por el desierto, guiados por Xiangnan. “Nunca pensaron ingresar de esa forma, sin embargo, ya no tenían ninguna opción de regresar o tomar otra decisión, ya que se encontraban en medio del desierto y de la noche”, acusaron J.C. y S.J. ante la justicia.

Pero no son sólo estos dos casos. Hace un par de semanas, el fiscal Marcelo Carrasco, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, decidió agrupar una serie de investigaciones con patrones similares: en total serían casi 500 los casos de chinos que desde 2019, ya sea desde Guinea Ecuatorial, China, Surinam, Brasil o incluso Argentina, han ingresado al país evadiendo los controles fronterizos. Casos en los que la justicia aún no ha definido si se trata de víctimas de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes o si simplemente son extranjeros irregulares que deben ser expulsados del país.

“A través de un amigo de China, me dijo que en la aplicación de comunicación instantánea Weixin (Wechat) se podía contactar a una persona de nacionalidad china que podía ayudarme con las gestiones del viaje”, es parte de la declaración que un hombre chino que ingresó irregularmente al país el 8 de diciembre de 2021 prestó ante el fiscal Carrasco. Según los querellantes en la causa, su relato es similar al de cientos de víctimas chinas que entraron a Chile usando Bolivia como país de tránsito.

“Fue así que me puse en contacto con esta persona, a quien sólo conocí como “Xiao Yang”, no recuerdo el nombre del usuario en esa aplicación. En todo momento pensé que funcionaba como un agente de viajes (...); me dijo que con ese dinero estaba todo incluido, pasaje aéreo, visas y toda la documentación que fuera necesaria”, prosiguió el hombre en su declaración. El apodo de “Xiao Yang” o también conocido como “Yerry”, un supuesto chino que se mueve entre Chile y Bolivia por pasos irregulares de Colchane, es hoy el principal objetivo de la investigación.

Fuentes de la indagatoria aseguran que, más allá de existir una frontera permeable, la elección de Bolivia como el último país de tránsito antes de incursionar en territorio chileno tiene una razón. “En Bolivia no les piden visa y viajan libremente hasta allí, a veces haciendo una ruta por Surinam y desde ahí a Brasil, y luego hacen la vía terrestre o aérea desde Brasil a Bolivia”, explican las mismas fuentes.

En cambio, para ingresar legalmente a Chile, los ciudadanos chinos pueden hacerlo como turistas -lo que no los habilita para trabajar-, y si quieren trabajar deben hacer los trámites respectivos para pedir una visa laboral en los consulados chilenos en China utilizando una carta de invitación de alguna persona en nuestro país. Una fórmula que hasta antes de 2019 también fue utilizada por redes de tráfico de migrantes.

De hecho, el pasado 23 de julio el exfuncionario de Cancillería Álex Brito, junto con el exalcalde de Los Andes Mauricio Navarro, fueron condenados a una pena de cuatro y cinco años, respectivamente, como autores de tráfico ilícito de migrantes en una causa en la que se investigó la entrada supuestamente legal, entre 2016 y 2019, de 381 chinos mediante cartas de invitación falsas. La red operaba con otros ciudadanos chinos como captadores, quienes también fueron condenados.

“Como ya no les sirve el método de la carta de invitación, porque además la nueva ley establece que el que llega como turista tiene que salir como turista y no puede cambiar su situación estando acá, las bandas empezaron a buscar otras formas”, señalan conocedores de la causa. Pero también, agregan representantes de las presuntas nuevas víctimas, hubo otros factores.

“Considerando que durante la pandemia el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) dejó de atender público y, además, traspasó las funciones de realizar los procesos de visado a Chile Atiende, había una desinformación bastante grande en cuanto a los procesos”, asegura la abogada María José Sarmiento, quien representa a casi la totalidad de los afectados, quienes hoy son apoyados jurídica y económicamente por la Asociación Gremial de Cultura y Comercio de China en Chile.

“Esto abrió un mercado de personas que se empezaron a dedicar a estas tramitaciones y a ofrecer servicios en otros países, en este caso en China, y operaban como agencias de viajes”, complementa Sarmiento.

Uno de los casos que se escapa al trayecto de ingreso irregular desde Bolivia, es el que protagonizaron cinco chinos, entre ellos D.D., quienes habrían cruzado a caballo la cordillera desde Argentina. “Ciudadanos chinos que residían en Argentina se contactaban con otro chino que se apodaba ‘Lie Hou Zi Sheng’, a través de la aplicación Wechat, quien coordinaba el ingreso de las víctimas cobrándoles aproximadamente US$ 2.500 por cada uno de ellos”, relata la abogada Sarmiento.

“El traslado de estas personas se iniciaba primero con el desplazamiento desde sus ciudades de residencia hasta la ciudad de Neuquén, en Argentina, lugar donde en algunos casos permanecían en un hotel y otros seguían de inmediato en ruta hacia la frontera”, han relatado ante la justicia los denunciantes. “En ese lugar eran esperados por un matrimonio chileno, con caballos. Ese trayecto duraba entre seis y 12 horas hasta llegar a una casa aislada en una montaña, donde eran alimentados, y que era utilizada para descansar”, prosigue la denuncia.

Al día siguiente, las personas eran trasladadas hasta Temuco en un vehículo, donde eran dejadas en el terminal de buses. El pago por todos los servicios, igual que en las otras rutas de ingreso irregular, generalmente era hecho por la misma aplicación Wechat o con transferencias a cuentas de ciudadanos chinos en bancos de su país, lo que complejiza las pesquisas. “Al hacerlo por esa vía es mucho más difícil saber de las transferencias. Antes podías buscar información de envíos de dinero, por ejemplo, por Western Union. Además, los chinos acá en Chile pagan mucho en efectivo”, aclaran fuentes de la investigación.

Otro factor en común entre los denunciantes, explican sus representantes, es que la mayoría de ellos ya contaba con familiares acá. “De hecho, hay maridos, hijos que ya habían migrado primero y que habían empezado su negocio, porque es la forma de trabajo que ellos tienen. Primero uno instala su comercio y después lo sigue el resto de la familia para poder trabajar también en dichos comercios”, relata la abogada Sarmiento.

Pero no todos los casos son iguales. Según se ha podido establecer, los traficantes ofrecían “planes de viaje” según el poder adquisitivo de los migrantes. Así, existía una categoría “normal”, que contemplaba viajes en bus desde el norte a Santiago u otras ciudades, pero también trayectos “vip”, en los que se incluía un ticket de avión entre Iquique y Santiago. “No importa que hayas pasado de forma irregular la frontera. Tú igual puedes tomar un avión en Arica o en Iquique hacia Santiago y no te piden ningún documento migratorio”, explican conocedores del caso.

Fuentes al interior del Ministerio Público señalan que pese a lo numeroso de las supuestas víctimas, el caso debe ser tomado con cautela para evitar incentivar una regularización masiva por la vía judicial. “Te dicen tenemos 500 víctimas y te las enumeran, pero hay que ubicarlas y tomarles declaraciones, y eso materialmente es muy difícil y lento”, aseguran en la institución.

“Esta persona está en el país, no sabemos por dónde entró ni cuándo, salvo lo que él dice, pero entró como irregular. ¿Le pagó a alguien? La persona dice que sí. ¿Podemos probarlo? Hay que buscar. Si encontramos la prueba de eso y encontramos a la persona que le cobró por hacerlo, existe tráfico de migrantes”, concluyen las mismas fuentes.

El 13 de diciembre de 2023, J.J., una de las denunciantes del caso, fue fiscalizada por personal de la Policía de Investigaciones en las calles de la ciudad de Chillán, en la Región de Ñuble. Allí mostró su pasaporte sin un timbre de ingreso legal a Chile, lo que sumado a su relato de que viajó por tierra desde Brasil a la frontera con Bolivia, confirmó a la policía que su ingreso había sido por un paso no habilitado a la altura de Colchane.

El resultado de la fiscalización llegó en junio de este año con una orden de expulsión de parte del Servicio Nacional de Migraciones, lo que se ha repetido en cerca de 40 de los casi 500 casos denunciados de presunto tráfico de migrantes chinos. Apoyada por la Asociación Gremial de Cultura y Comercio de China en Chile, J.J. presentó un recurso de amparo para evitar su expulsión, argumentando que el Estado tiene el deber de protegerla en su calidad de víctima.

“Pese a que el Ministerio Público ha hecho lo posible porque ha remitido la información al Sermig, no hemos contado con el apoyo real para estos casos de parte del servicio, en cuanto a acelerar la protección que debe darles a las víctimas de tráfico ilícito de migrantes que les permita estar en una mejor posición y empezar a trabajar”, explica la abogada María José Sarmiento.

Efectivamente, tanto el 12 de diciembre de 2023 como el 27 de marzo de este año, el fiscal Marcelo Carrasco ofició a Migraciones para informarles que lleva adelante una investigación por presunto tráfico de migrantes entregando una lista con los nombres de 434 denunciantes chinos.

“Aún no se ha establecido dentro de la presente investigación ante cuál de las figuras que prevé el artículo 411 bis del Código Penal nos encontramos”, advirtió en el oficio Carrasco, en mención de la figura de “tráfico de migrantes agravado”, lo que sólo puede ser calificado por el Ministerio Público y que permitiría a Migraciones entregarles visas temporales de refugio a los denunciantes.

En el recurso de amparo presentado por J.J., la Corte de Apelaciones de Chillán falló a su favor y ordenó a Migraciones suspender la expulsión y a “adecuar la tramitación del o los procedimientos que afecten a la migrante, a su especial situación personal”. Resolución a la que el servicio apeló ante la Corte Suprema, la que confirmó el fallo el miércoles pasado.

Desde Migraciones expresaron que a la fecha “se acogió la solicitud del fiscal Marcelo Carrasco respecto de las y los ciudadanos de nacionalidad china que son parte de la causa que investiga el Ministerio Público por un eventual delito de tráfico de migrantes”, por lo que se ordenó la suspensión de todos los procesos de expulsión. Con respecto al caso de J.J., aseguraron que la expulsión y su insistencia en tribunales para ejecutarla se debió a “un alcance de nombre con otra ciudadana de ese país”.

Al mismo tiempo, señalaron que esta situación ya fue subsanada y que el Sermig “se desistió de apelar al fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán, que revocó la expulsión, con el propósito de confirmar el respaldo a la solicitud de la Fiscalía”, lo que no alcanzó a ocurrir antes de que la Suprema confirmara el fallo. “De todas formas, cabe señalar que las expulsiones sólo pueden ser materializadas en tanto no existan investigaciones en curso ni procesos judiciales pendientes”, concluyeron desde el servicio.