La trastienda de la expulsión de dos expresidentes de la Corte de Apelaciones de Rancagua

"Tengan la clemencia de no aplicar la remoción". Casi como una súplica se escuchó el final del alegato con que la abogada del juez Emilio Elgueta, Tábata Recabarren, intentó evitar lo que a esa hora parecía irreversible: la expulsión del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Pero los 17 ministros de la Corte Suprema que hoy asistieron, incluido un suplente, no estaban para dar clemencias y sentenciaron el final de la carrera judicial de Elgueta y el juez Marcelo Vásquez, ambos acusados de faltas a la probidad durante su paso en el tribunal de alzada de Rancagua. La desvinculación de ambos se concretará en las próximas horas, inmediatamente se firme la sentencia del pleno.

La decisión puso la lápida profesional a la carrera de los ministros protagonistas de la crisis en Rancagua, derivada de una serie de denuncias por eventuales hechos de corrupción. Un último capítulo que estuvo marcado por el suicidio del juez Marcelo Albornoz, quien junto a los otros dos magistrados fue involucrado en esta situación y en contra de quien también se había aprobado la apertura de un cuaderno de remoción. Sin embargo, el 3 de julio pasado, al día siguiente a la determinación del pleno, él decidió poner fin a su vida con un disparo en la cabeza.

La inédita decisión de la Corte Suprema se sustentó en los cargos que la ministra instructora Rosa María Maggi cursó en contra de los jueces tras seis meses de investigación. En el caso de Elgueta, se cuestionó su intervención en la tramitación y fallo de un recurso de protección; tomar contacto con abogados ligados a causas en tramitación; solicitar al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, la incorporación al Ministerio Público de personas cercanas; exigir el ingreso de una de sus alumnas al tribunal rancagüino, además de solicitar y aceptar dinero a cambio de nombramientos.

En tanto, a Vásquez se le acusó de dictar la resolución que nombró a su hija como consejera técnica suplente; aconsejar a un imputado e instalar una sala de forma diferente a lo acordado en el sorteo.

Ambos magistrados, además, fueron presidentes de la Corte de Apelaciones de la Región de O'Higgins y hoy están siendo indagados penalmente por la fiscalía.

Desde antes del pleno de hoy, la salida de Elgueta parecía difícil de revertir. Las votaciones anteriores, como aquella que resolvió la apertura del cuaderno de remoción, siempre contó con la unanimidad de los votos en su contra. Esta no fue la excepción. Todos los miembros de la Corte Suprema consideraron que el juez con historia en el Poder Judicial desde febrero de 1979, y a quien restaban dos años para jubilarse, merecía la expulsión.

Pero el caso de Vásquez, integrante del organismo desde 1988, a priori parecía no ser tan claro. Para ser aprobada su desvinculación se necesitaba la mitad más uno de la conformación del máximo tribunal. Es decir, de los 21 integrantes de la Suprema, hoy con un asiento vacante, con once votos se sellaba la remoción, mientras que con siete se firmaba su permanencia.

Según los cálculos de la defensa, Vásquez ya contaba con seis ministros de su lado, ello basado en votaciones anteriores. El séptimo voto a su favor no parecía tan lejano. Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Guillermo Silva Gundelach, Juan Fuentes, Mauricio Silva Cancino y hasta el presidente del tribunal, Haroldo Brito, aparecían como favorables a la posición del juez. Sin embargo, Brito finalmente decantó por la remoción, por lo que de nada sirvió que el ministro suplente Hernán González, presente ante la ausencia del ministro Ricardo Blanco, fallara a favor de la permanencia.

Según explicó el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, quienes votaron por la permanencia de Vásquez argumentaron que todos o algunos de los cargos "no eran de la suficiente fuerza como para adoptar esa decisión (la expulsión)".

Además, Cisternas señaló que a los magistrados aún les queda una última carta por jugar. Se trata de un recurso de reposición, para que la causa sea revisada de nuevo.

Según indicó Recabarren, Elgueta recibió la noticia "sereno y digno". Ello, señaló la abogada, "porque fue importante para nosotros haber defendido su inocencia". Y argumentó que el origen de los cargos en su contra se sustentaron en personas de "conocido actuar malicioso", en referencia a los fiscales de Rancagua Emiliano Arias y Sergio Moya.

Por su parte, Isidro Solís, abogado de Vásquez, indicó que "hay una frustración, dado que uno siempre espera ganar, sobre todo cuando uno cree que tiene la razón".