Las causas abiertas de los protagonistas del caso Caval

En 2013 el Banco de Chile dio un crédito de US$ 10 millones a la empresa Caval, luego de una reunión entre la dueña Natalia Compagnon y su esposo Sebastián Dávalos, con el vicepresidente del banco Andrónico Luksic, lo que generó una crisis política para el gobierno de Michelle Bachelet.

Pero hoy la institución bancaria y Compagnon se encuentran en veredas opuestas. El Banco de Chile ha presentado dos demandas contra la cientista política por el no pago de pagarés. Una del 14 de diciembre de 2018 por una deuda de $ 5.000.000. El receptor judicial ha ido tres veces a la casa de Compagnon sin encontrarla. La otra, del 23 de noviembre, es por $ 6.648.278 más intereses y costas con un mandamiento de ejecución y embargo. El 21 de enero Antonio Garafulic, abogado de Compagnon, envió un escrito al 22 Juzgado Civil argumentando que el documento bancario no cuenta con impuesto de timbres y estampillas por lo que "no se puede hacer valer ante autoridades judiciales" y que el pagaré no se hizo ante notario. El 5 de febrero el abogado del banco, Raúl López de Maturana, respondió que la acusación es "temeraria", ya que sí está autorizado por un notario y no debe pagar impuestos.

Compagnon ya había enfrentado demandas anteriores del Banco Santander. Una por $ 14 millones y una segunda por $ 20 millones, en la que llegó a avenimiento, y otra por $ 12 millones que está vigente.

Pero la batalla más dura fue con Tanner Leasign S.A., empresa a la que Compagnon, a través de Inversiones San Lucas, arrendaba cinco oficinas para Caval. Fue denunciada por una deuda de $ 240 millones y el 29 de marzo de 2018 se desalojaron las oficinas con carabineros. La causa está en la Corte de Apelaciones.

El incumplimiento en el pago de la patente comercial de la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada abrió un nuevo flanco judicial contra la empresa representada por Natalia Compagnon. La demanda, presentada por los abogados de la Municipalidad de Las Condes, que encabeza el alcalde UDI Joaquín Lavín, se materializó el 22 de junio de 2018 y aún se encuentra vigente.

La acción legal se tramita en el 7° Juzgado Civil capitalino y detalla que, entre julio de 2015 y enero de 2017, la empresa Caval dejó de pagar cinco cuotas de patente comercial. Por esta razón, la demanda de la municipalidad solicita que "se despache mandamiento de ejecución y embargo en contra del demandado en autos por la suma de $ 260.208, más reajustes e interés penal del uno y medio por ciento mensual por cada mes o fracción de mes".

Tras ser sobreseído en 2018 de la arista principal del caso Caval, Sebastián Dávalos pasó a la contraofensiva. Esto pese a que aún sigue formalizado en la arista de estafa contra el empresario Gonzalo Vial Concha, donde la fiscalía pidió una condena en su contra de 4 años de presidio.

Dávalos presentó querellas contra quienes hicieron las denuncias, contra los fiscales que investigaron y una demanda contra Canal 13. Por "denuncia calumniosa", el 26 de febrero irá a declarar a la fiscalía contra los diputados RN Marcela Sabat y Diego Paulsen. También se querelló contra el actual ministro Nicolás Monckeberg. Otra querella es contra los fiscales Emiliano Arias, Sergio Moya y Marcia Allende por "violación de secreto". A Canal 13 y al actor Daniel Alcaíno les demanda $ 360 millones por daño emergente,

$ 1.000 millones por lucro cesante y $ 2.000 millones por daño moral por las rutinas de Yerko Puchento.

Aunque no existen antecedentes de su vinculación en los negocios de la empresa Caval, la fiscalía de Rancagua incluyó a las dos hijas de la expresidenta Michelle Bachelet en la lista de testigos para el próximo juicio oral por la arista de estafa en la que están formalizados como autores Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon.

Así, la antropóloga Francisca Dávalos Bachelet y la psicóloga Sofía Henríquez Bachelet deberán prestar su testimonio en el juicio para "declarar en relación a circunstancias que tienden a acreditar el hecho punible y la participación responsable de los acusados", señala el documento con la acusación de la fiscalía presentado el 12 de diciembre y firmado por el fiscal adjunto Francisco Caballero.

La arista sobre la supuesta estafa al empresario Gonzalo Vial incluye una acusación por el plagio a documentos de la Comisión Chile del Cobre que Caval habría presentado como propios.

Informe, a la brevedad, el domicilio que registra don Mauricio Valero Illanes y si a la fecha existe certificado de defunción respecto del mismo", señala el oficio que envió en febrero de 2017 al Registro Civil la jueza Susana Rodríguez del 25 Juzgado Civil de Santiago. La magistrada intentó por todos los medios ubicar al socio fundador de la empresa Caval, por una demanda en su contra presentada por Banco Itaú por el no pago de ninguna de las cuotas de un pagaré de $ 26 millones. Receptores judiciales fueron varias veces a las direcciones registradas sin encontrarlo. La jueza también ofició al Servicio Electoral y a Policía Internacional pidiendo datos sobre su paradero. El tribunal ya advirtió que archivará la causa.

Es sólo una de las 10 demandas por deudas impagas que se han presentado contra Valero, según las páginas del Poder Judicial. Banco BCI lo ha demandado tres veces por pagarés impagos por un total de $ 16,9 millones. Los receptores no lo encontraron para notificarlo por lo que las causas fueron archivadas. Lo mismo ocurrió con las demandas presentadas por Ripley, Cencosud y CMR Falabella por impagos de $ 3 millones, $ 2 millones y $ 6,8 millones, respectivamente.

El Banco de Chile demandó a Valero por $ 15 millones. En ese caso y luego que el receptor judicial no lo encontrara en dos ocasiones, se aplicó el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil que autoriza a dar por notificada a una persona, aunque no esté presente. Sin embargo, el propio banco pidió archivar la demanda al no encontrar bienes para embargar.

Sólo en el caso de una demanda del Banco Santander, por deudas de más $ 60 millones, la institución finalmente retiró la acción civil.

La empresa Caval y sus socios Mauricio Valero y Natalia Compagnon sufrieron, el pasado 24 de enero, una de sus mayores derrotas judiciales.

Se trata de una demanda que había presentado el abogado Andrés Levine en diciembre de 2015, alegando que la empresa nunca le pagó sus honorarios que alcanzaban las 2.000 UF, por su asesoría legal para conseguir el crédito bancario para la compra de los terrenos de Machalí.

Durante el juicio la abogada defensora de Caval, Grace Álvarez, intentó sin éxito pedir la nulidad e incompetencia del tribunal. Luego en audiencia, Compagnon dijo que no conocía a Levine y que éste se entendía directamente con Valero. Valero, a su vez, señaló que no tenía acuerdos con dicho abogado.

En fallo del 24 de agosto de 2017 la jueza María Sofía Gutiérrez condenó en todas sus partes a Caval y señaló que las explicaciones de Valero eran inverosímiles y que "atendido que (Caval) tenía menos de dos años de existencia y un capital de únicamente $ 6 millones resulta prácticamente imposible pensar racionalmente que se podía conseguir, por vías regulares, un crédito de la entidad suficiente para financiar una operación de miles de millones de pesos".

Aunque se condenó en costas a la demandada "por haber sido totalmente vencida" y la Corte de Apelaciones declaró desierta la apelación, el pago al demandante no se hizo efectivo, ya que el tribunal de Rancagua señaló en noviembre de 2018 que no existían dineros vinculados a la empresa.

No obstante en enero de este año, la Corte de Apelaciones de Rancagua, al autorizar la devolución de $ 187 millones incautados a Caval en 2016, ordenó que $ 60 millones fueran al abogado Levine.