Las esquirlas en la Suprema tras la remoción de Ángela Vivanco

Treinta y un días tardó la Corte Suprema en expulsar a la ministra Ángela Vivanco del Poder Judicial. Fue un proceso que su defensa catalogó como “exprés”, pues no consideró sumario, ni instancia disciplinaria intermedia, aunque con un resultado contundente. Los 19 ministros que integraron el pleno extraordinario en que se zanjó la determinación concluyeron de forma unánime que la -ahora- exjueza “comprometió gravemente los cimientos del Estado de Derecho” con su mal comportamiento.

Algunos llegaron a la convicción de que eso había sido así, pero en el actual clima de sospecha que ronda el Poder Judicial, dice un funcionario de tribunales, “nadie habría sido capaz de salvarla o decir lo contrario”. Como sea, se dieron por acreditado los siete hechos que se le imputaban a la también académica, y a pesar de que aún resta conocer el contenido íntegro de la sentencia, el presidente Ricardo Blanco fue enfático en que la otrora jueza “incurrió en un comportamiento que afecta a los principios rigen a los miembros de la magistratura”. El efecto inmediato fue la expulsión definitiva de Vivanco de tribunales, pero también hay implicancias en otros ámbitos.

Hay algo que, pese a la intempestiva salida de Vivanco aún resuena en las paredes del Palacio de Tribunales. Y es que Ricardo Blanco nunca pudo superar que algunos de sus pares cuestionaran su liderazgo tras su arribo como presidente del máximo tribunal. Antes de la crisis que hoy es patente en el Poder Judicial, el ministro intentó tener un tono conciliador y casi “democrático”.

En el caso de la cuestionada millonaria y frustrada compra de autos Lexus a los supremos, pese a estar desacuerdo: sometió el tema a votación. Luego, cuando comenzaron a aparecer en los chats del caso Topógrafo y Hermosilla conversaciones que ponían en jaque el sistema de contactos políticos y nombramientos en el Poder Judicial... una vez más le pidió opinión al pleno. Pero todo esto cambió.

Fue él que tras una semana de dudas llamó de oficio a la Comisión de Ética, se blindó con sus más cercanas en la Corte Suprema y excompañeras de la Cuarta Sala, Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz, y logró cuadrar a todos los ministros de carrera. Todo con un propósito: dar un golpe de efecto y demostrar que ante una crisis sin precedentes, su nombre quedará escrito como quien comunicó la remoción de la primera jueza de la suprema en la historia.

El exministro de la Corte Suprema Patricio Valdés, a quien justamente Vivanco sucedió, sostiene: “Blanco lo ha hecho muy bien, porque no es fácil para un presidente y ministro tener que llevar ese tipo de procesos. Era lo que correspondía, porque es la Corte la que tiene que hacerse cargo de este tipo de cuestiones y juzgar a los jueces”.

En ello también coincide el abogado Javier Couso, académico de la UDP, quien dice que con esto el presidente quedó “claramente fortalecido”. Para él, eso sí, esto recién está comenzando y hay posibilidades que en el camino otros jueces caigan.

Lo más evidente, y sobre lo cual ya hay amplio consenso, es que desatada la crisis, se requiere avanzar en la reforma al sistema de nombramientos. Pero como aquello ya estaría encaminado, hay otros asuntos a los que los expertos piden poner atención.

En ese sentido, Couso recalca que la Suprema debe emitir informes respecto de todos los ministros indagados por la Comisión de Ética, dando cuenta de los resultados, aún cuando esos procesos tengan carácter de reservado. Con ello, dice, se deberán identificar patrones y analizar procedimientos a adoptar.

“Este es un momento en que la Corte Suprema tiene que tomar las riendas porque no puede esperar que los otros poder del Estado, ad portas de ciclos eleccionarios, hagan o no lo que tienen que hacer”, menciona.

José Miguel Aldunate, del Observatorio Judicial, también considera necesaria una actualización en ese sentido, e indica que “falta un proceso disciplinario bien regulado, detallando cómo es el proceso, las causales que concurren, los procedimientos a seguir. La regulación actual es muy antigua y está sobrepasada por la actual realidad”.

Como postula Enrique Navarro, exministro del Tribunal Constitucional, además, “debería establecerse un estatuto más preciso respecto de las inhabilidades y recusaciones, garantizando así las garantías de un justo y racional proceso”.

Quienes conocen al detalle del trabajo de la Corte Suprema saben que durante los últimos años han enfrentado un aumento significativo en el número de causas y que si bien eso había sido “llevadero” dado un modelo que instaló Sergio Muñoz cuando estuvo en la presidencia, quedó un espacio -que según resolvió la Corte Vivanco mal utilizó- para agilizar de manera selectiva ciertas causas.

El sistema efectivamente permitía por si mismo acelerar grandes flujos de causas, pero como advierten fuentes consultadas, sin hacer distinciones. Por lo mismo, ahora que quedó en evidencia que era “vulnerable”, se requeriría hacer revisiones en ese sentido y fijar normas o mecanismos más claros respecto de la tramitación.

Aunque hay visiones disímiles. Para el exministro Valdés, por ejemplo, no se requiere tales ajustes, por cuanto las normas del tribunal son claras y lo que los ministros deben hacer es “cumplir con lo que les corresponde, como lo hace cualquier empleado público. En los auto acordado están las normas y todo está en orden”. Eso, hasta ahora, asevera que había sido suficiente, pues nunca en sus años de gestión “había visto situaciones tan graves”.

José Miguel Aldunate, en todo caso, sostiene que hay que tomar medidas más drásticas. Para él, hay que analizar cuál es el rol que efectivamente tiene que tener la Corte, pues a su juicio, debería ser una instancia que revise mucho menos causas, que unifique jurisprudencia.

Otro desafío, deslizan entendidos en la materia, será la titánica misión de impedir que intereses políticos crucen a los magistrados, pues en los pasillos de tribunales sigue resonando con pesar el hecho de que Blanco diera por acreditado que Vivanco intentó tomar el poder de la Tercera Sala.

Con todo, y pese a que se pueda avanzar efectivamente en estos planteamientos, desde las entrañas de la Suprema transmiten que con el correr de las semanas podrían aparecer nuevas denuncias contra supremos.