Las razones del contralor para en 2016 sobreseer un sumario en Carabineros

"Pese a que las infracciones fueron acreditadas en su momento, es dable indicar que, revisada la normativa que rige al personal de Carabineros, se ha determinado que la data de los hechos no permite perseguir la responsabilidad administrativa a ninguno de los funcionarios, por haber operado la prescripción de la responsabilidad administrativa". Así, el contralor Jorge Bermúdez resolvió, el 11 de enero de 2016, el término sin responsables de un sumario por supuestas anomalías en la Dirección de Personal de Carabineros, relativas a la falta de reintegro de dineros mal pagados, tanto a funcionarios activos como en retiro, monto que ascendía a $ 1.628 millones.

Un año después, el 6 de marzo de 2017, el entonces general director de la policía uniformada, Bruno Villalobos, realizó una conferencia de prensa comunicando que habían detectado un millonario fraude en la institución. Hoy, ese desfalco, según la investigación de la fiscalía, llega a más de $ 28 mil millones. De hecho, el Ministerio Público se encuentra investigando los sumarios a Carabineros realizados en los últimos años por Contraloría.

Así, en relación al sumario de enero de 2016, Bermúdez detalló que "se lograron acreditar como ciertas las observaciones planteadas en el informe 215/2013, de 2014, que guardan relación con el no cese de descuentos del 5% por aporte al fondo de desahucio a los imponentes en situación de retiro y la falta de devolución de los dineros de los fondos descontados erróneamente por parte de la institución, como la mantención de fondos sin recuperar, que incluye deudas de funcionarios activos y retirados".

Además, dijo el contralor en el documento, que la Inspectoría General de Carabineros "manifestó concordar con las observaciones consignadas en la auditoría, por lo que le recomendó al

Departamento III de Tesorería y Remuneraciones adoptar las medidas tendientes a lograr la restitución de los valores adeudados".

Igualmente, Bermúdez señaló aquella vez que "a raíz de las falencias detectadas en la fiscalización" se creó un departamento especializado en la Dirección de Personal para evitar que se produjera nuevamente el descuento irregular de dineros y se establecieran instrumentos para controlar la distorsión en la entrega errónea de beneficios.

Consultado el abogado de Derecho Administrativo y Académico de la UC, José Luis Lara, si es obligación de la Contraloría denunciar penalmente las infracciones detectadas, como la descrita anteriormente, pese a la prescripción de los hechos, señaló que "si es constitutivo de delito, todos los funcionarios públicos están obligados a denunciarlo".

Sin embargo, desde la Contraloría explicaron que "la auditoría no señala en ninguna parte ni en sus conclusiones que haya antecedente alguno de hechos delictuales. Es por eso que los funcionarios y jefatura de la época no realizaron ninguna denuncia al Ministerio Público, ya que la auditoría no da cuenta de indicios de delito". Agregaron que "el sumario se inició cuando ya estaba prescrito y antes de que el contralor Bermúdez asumiera en el cargo".

Ayer, en tanto, hubo una jornada clave en el marco del conflicto que han protagonizado las dos máximas autoridades de la Contraloría: se realizaron los alegatos del recurso de protección que presentó la exsubcontralora Dorothy Pérez, luego de ser removida del cargo por Jorge Bermúdez. La polémica en el organismo se remonta al 22 de agosto, cuando, apelando a una "pérdida de confianza", el contralor decidió declarar vacante el puesto de su segunda, la cual se negó a dejar el puesto.

La presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, dijo que "el contralor hizo uso de sus atribuciones legales y constitucionales". Ciro Colombara, abogado de Pérez, indicó que "no hay ningún argumento jurídico serio y sostenible que justifique la actuación del contralor". La causa quedó en acuerdo en la Corte de Apelaciones de Santiago, a la espera de una resolución.