Tal como informó La Tercera este martes, la Fiscalía Regional de Los Lagos llevó a cabo un tercer procedimiento de incautación de equipos tecnológicos de la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
Pasadas las 21.00 horas de la noche del lunes y con orden judicial, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, personal del OS7 de Carabineros llegó hasta su domicilio, en la comuna de Las Condes, para incautar una serie de dispositivos electrónicos.
En esta ocasión, los funcionarios policiales tenían incluso orden de descerrajar para acceder al inmueble. Esto, luego de que el juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, visara una solicitud presentada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.
En medio de la diligencia, los efectivos se llevaron un segundo celular de la magistrada -anteriormente había hecho entrega de su dispositivo personal y ahora entregó el institucional-, una tablet que utilizaba en el desempeño de sus labores en el máximo tribunal y el computador de su hija, abogada recién egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica (PUC).
¿Por qué ir de nuevo al domicilio de la jueza?
En la comunicación entre el Ministerio Público y el juzgado, a propósito de la diligencia, se especifican las razones para este allanamiento, recordando que el 11 de septiembre se ejecutó en el mismo domicilio la incautación de equipos de la jueza que ella entregó en forma voluntaria.
Entonces, Vivanco cedió un teléfono marca Apple Iphone 15 y un computador tipo All In One marca Sony. Al analizar la información de la magistrada, el equipo investigador verificó que ella manejaba además otro teléfono, con otro número registrado a su nombre. Igualmente, causó extrañeza la entrega de un equipo que se había dejado de fabricar hace una década.
“La entrega voluntaria antes señalada, seleccionando a su conveniencia dispositivos e información para entregar a la investigación, en concepto de la fiscalía, aparece como una maniobra para evitar una diligencia intrusiva y sus consecuentes resultados”, indicó el fiscal Marco Muñoz Becker al magistrado.
El persecutor indicó que al conocerse la existencia de otros teléfonos celulares ello les hacía “presumir ocultamiento de información”.
Por otro lado, se tuvo en consideración la declaración de Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, pareja de la ministra, en la causa que sigue la Fiscalía de Los Lagos por sus comunicaciones con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
Migueles informó a los fiscales que el 17 de septiembre 2024 tenía programado un viaje fuera del país con Vivanco, a un “destino lejano”, sin haber entregando información de cuál era el país de destino.
Con esos antecedentes, la Fiscalía de Los Lagos justificó la diligencia.
Recusación de juez Urrutia
Una nueva arremetida lanzó la tarde de este martes la suspendida ministra Ángela Vivanco. Y es que luego de que el juez Daniel Urrutia visara una orden de entrada y registro en el domicilio de la magistrada -la cual se materializó la noche de ayer lunes-, ésta pidió la recusación del magistrado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Como pudo conocer este medio, la medida busca inhabilitar a Urrutia en el conocimiento de la causa que se sigue en contra la otrora titular de la Tercera Sala de la Corte Suprema. Esto, de acuerdo con los antecedentes expuestos por Juan Carlos Manríquez, uno de los abogados que integra la defensa de la jueza, dado que Urrutia mantendría “enemistad, resentimiento u odio” hacia Vivanco.
“Se solicita la recusación del magistrado ya individualizado en razón de la causal N°16 del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, que establece las causales de recusación y dispone: ‘Son causas de recusación: tener el juez con alguna de las partes enemistad, odio o resentimiento que haga presumir que no se halla revestido de la debida imparcialidad’”, se lee en el documento de cinco carillas al que tuvo acceso La Tercera.
Hacen presente, en ese sentido, que Urrutia “ha expresado en reiteradas ocasiones su opinión en redes sociales sobre el asunto pendiente. Involucrándose a tal punto, que el señor magistrado incluso ha llegado a liderar manifestaciones y a exigir sanciones en contra de mi representada. Esta conducta representa una evidente falta de imparcialidad, más aun cuando es el mismo juez quien posteriormente debe dictar resoluciones en un proceso que afecta los derechos y garantías constitucionales de la Sra. Vivanco”.
