Casi al final de la sesión de la Comisión de Constitución, el presidente de la instancia y senador Pedro Araya (independiente-PPD) hizo un gesto sorpresivo.

En momentos en que se estaba votando el catálogo de delitos que serían amnistiados (según la última propuesta levantada por senadores opositores para buscar una salida “a los presos de la revuelta social”), Araya anunció que retiraba la parte que beneficiaría a quienes agredieron (maltrato de obra) a carabineros y a detectives, dejando solo la disposición de amenazas a policías.

El hecho fue valorado por los senadores Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN), quien previamente había llamado a sus pares a “darle una vuelta”, señalando que aprobar una amnistía a agresores de policías sería “un paso en falso gigantesco”.

Ebensperger, además, recordó que, según la fiscalía, eran 729 personas condenadas por agresiones a carabineros y detectives, que ya no saldrían favorecidos por la nueva Ley de Amnistía, que reemplazó la moción de indulto promovida inicialmente.

A pesar de que en la sesión finalmente se aprobó un catálogo de delitos más acotado, sin los hechos más graves (también se rechazó el beneficio para el homicidio frustrado), el proyecto no alcanzó a ser despachado, ya que faltan algunas materias, como resolver el lapso de tiempo en el que se aplicaría la amnistía.

Además, el debate de este martes develó que en la misma oposición hay dudas y no hay pleno convencimiento con esta iniciativa, que probablemente requerirá de otros ajustes para reunir los votos necesarios.

Según la Constitución, una norma de indulto o amnistía debe iniciarse sí o sí por el Senado y debe ser aprobada por la mayoría absoluta de los legisladores en ejercicio. En el caso de la Cámara Alta, se requieren inexorablemente 22 votos.

El problema es que los conteos preliminares que hay en el Congreso indican que no hay apoyos suficientes para aprobar la norma, en vista de que los legisladores de Chile Vamos, en ningún caso, adherirán a la iniciativa.

Si bien el bloque opositor tiene una base de 24 senadores, hay algunos en una posición muy crítica con la iniciativa.

De partida, los DC Carolina Goic y Jorge Pizarro no apoyan la norma, ya sea de indulto o amnistía.

También está el caso del independiente Carlos Bianchi. En declaraciones a La Tercera señala que es crítico del rol de la fiscalía, que -a su juicio- en “complicidad” con el gobierno “ni siquiera se pone colorada” por la extensión indebida de las prisiones preventivas, pero admite que tiene dudas con el listado de delitos.

Por su parte, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), si bien ha solidarizado con los presos debido al “abuso” de las medidas cautelares de parte de la fiscalía, ella siempre ha postulado que la solución jurídica pasa por regular la prisión preventiva. De hecho, cuestionaba la anterior fórmula del indulto y, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre la alternativa de una amnistía.

A ello se suma una ausencia forzada por las próximas semanas, que añade más incertidumbre. El senador Jorge Soria (independiente-PPD) está participando telemáticamente de las sesiones, pero no está asistiendo al Congreso por su condición de salud, por lo que no podría votar.

La ausencia de votos no es el único problema. El miércoles es el último día de trabajo legislativo del Congreso antes del receso de febrero (salvo una sesión extraordinaria para resolver la continuidad del estado de excepción).

En esa línea, si la Comisión de Constitución no alcanza a despachar el proyecto de amnistía, pasaría automáticamente para marzo, mes en el que es probable que solo haya dos días de labor legislativa antes del cambio de mando presidencial.

En privado, senadores de distintas bancadas admiten que es altamente probable que el tema quede para el próximo gobierno, ya que resolver la situación de los presos requiere una respuesta más integral del Estado y no solo del Congreso.

Si bien la Comisión de Constitución está citada hoy para continuar la discusión de la amnistía, se le sumó una tarea urgente que la obligará a cambiar la tabla. Tiene que evacuar dos informes de nombramientos: para la Academia Judicial y de dos ministros suplentes del Tribunal Constitucional.

Si el Senado no vota estas nominaciones el miércoles, se puede vencer el plazo y se aprobarían automáticamente.

Luego de que la semana pasada los integrantes de la Comisión de Constitución aprobaran cambiar el nombre del proyecto, pasando de indulto a amnistía, este martes dejó resuelto el primer artículo que se refiere al catálogo de delitos que serían favorecidos.

Una de las votaciones más discutidas fue la que llevó a rechazar la amnistía para el homicidio frustrado.

Este punto contó con el voto en contra de los senadores Galilea (RN), Ebensperguer (UDI) y sorpresivamente de Francisco Huenchumilla (DC); mientras que a favor votaron los parlamentarios Alfonso de Urresti (PS) y Araya.

Sí fue considerada la norma que tipifica los cuasidelitos en todo su espectro, desde una simple falta a un crimen (Artículo 490 del Código Penal), es decir, una persona que comete un hecho, incluso un homicidio, sin intención.

Respecto de amnistiar los delitos de incendio incluidos en los artículos 477 y 478 del Código Penal, la comisión estuvo por incluirlos con votación dividida.

También se incorporó el delito de daños calificados considerados en los artículos 485 y 486 del Código Penal.

En tanto, ayer en Tele13 Radio, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, anunció que como gobierno “vamos a ejercer todas herramientas legales” para evitar que el proyecto sea ley. “No estamos de acuerdo con esta amnistía... No vamos a dejar pasar una impunidad para quienes cometieron estos delitos”.