Cronología: Los hitos que han marcado la crisis del Instituto Nacional

Encapuchados y bombas molotov son algunas de las imágenes con las que por estos días se asocia al Instituto Nacional que durante este 2019 ha enfrentado una profunda crisis interna marcada por varios hechos de violencia.

Este martes, el emblemático establecimiento nuevamente hizo noticia por una alarma de incendio que afectó las dependencias de la Inspectoría General. En paralelo, varias estaciones de Metro debieron suspender sus servicios porque alumnos de distintos establecimientos -incluido el Instituto- han liderado evasiones masivas del servicio como una forma de protesta contra el alza del precio del pasaje.

A tres meses de que termine el año escolar, estos son algunos de los hitos que han marcado el convulsionado año del emblemático establecimiento.

Corría abril de este año, a poco más de un mes del inicio del año escolar, cuando el Instituto Nacional hizo noticia por enfrentamientos entre sus estudiantes y carabineros a las afuera del recinto. Todo ocurrió luego de que un grupo de alumnos del establecimiento -junto a jóvenes del Darío Salas y del Instituto Nacional Barros Arana- convocaran a una manifestación en rechazo a leyes calificadas por ellos como "represivas", como Aula Segura y su descontento con el modelo educativo.

Ese día, los daños partieron luego de que un grupo de encapuchados forzara el portón del Instituto Nacional y comenzaran a arrojar elementos incendiarios a Carabineros. Tras los destrozos que provocó el incidente, el Centro de Alumnos rechazó tajantemente la violencia, pese a que reconoció que la protesta contaba con el apoyo de las bases. "Eso va en perjuicio del movimiento y nos meten a todos en el mismo saco", dijeron a través de un comunicado. En ese entonces se mostraron abiertos a dialogar con las autoridades a través de mesas de diálogo.

A partir de ese incidente, comenzaron a registrarse otros episodios que volvieron cada vez más tenso el ambiente para directivos, profesores, alumnos y también apoderados, que incluso calificaron la situación como un "clima de violencia sin precedentes". Algunos incluso denunciaron amedrentamientos a las afueras del recinto, como el propio entonces director, Fernando Soto. Desde mayo, las clases comenzaron a ser suspendidas de manera recurrente ya sea por paralizaciones convocadas por los propios estudiantes, como también como una medida de seguridad impulsada por las autoridades para resguardar la integridad de la comunidad educativa.

"Un grupo anárquico y sin petitorio claro". Así describió el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en mayo pasado, el perfil del grupo de no más de 40 personas que estaría detrás de las manifestaciones del Instituto Nacional.

En ese entonces, ni las autoridades ni los miembros de la comunidad educativa pudieron asegurar si se trataba de alumnos del Instituto Nacional o jóvenes que provenían de otras instituciones. Una situación que, pese a las acciones tomadas por las autoridades, pareciera que aún no logra estar del todo clara.

En medio de los recurrentes episodios de violencia, el municipio de Santiago elaboró en mayo de este año un documento en el que planteaba "diez medidas urgentes para devolver el Instituto Nacional a los alumnos", al que entonces tuvo acceso en exclusiva La Tercera. Uno de los puntos más polémicos y que por varias semanas se tomó la discusión política fue la posibilidad de que se pudiera revisar las mochilas de los estudiantes antes de que estos comenzaran la jornada escolar. Una idea que incluso contó con el respaldo del Presidente Sebastián Piñera y la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Finalmente, y tras varias semanas de debate, la Contraloría rechazó la medida luego de que parlamentarios de oposición pidieran que se revisara su legalidad. "No procede que la Municipalidad de Santiago establezca un procedimiento que implique que personal de esa entidad edilicia revise las mochilas de los alumnos del mencionado establecimiento educacional", sostuvo el organismo.

A fines de mayo, el alcalde Alessandri anunció que diez alumnos fueron expulsados del Instituto Nacional en el marco de la aplicación de la ley Aula Segura y que a otros ocho estaban en ese proceso.

Sin embargo, en agosto de este año uno de los alumnos que había sido desvinculado del establecimiento debió ser reintegrado tras una decisión que adoptó el Consejo de Profesores. Esto último porque el estudiante había protagonizado "desórdenes en la vía pública" y no el lanzamiento de bombas molotov como señalaba el parte de Carabineros, por lo que no se le aplicó la medida.

El pasado 8 de junio, y tras seis semanas ininterrumpidas de movilizaciones, los estudiantes votaron a favor de comenzar una toma en el establecimiento con el objetivo de aumentar la presión sobre el municipio de Santiago para que diera cumplimiento a sus demandas. Su petitorio incluía la reparación de salas y baños y también que en el currículum escolar se incorporara la educación emocional como una práctica pedagógica.

Tras varios días de negociaciones y luego de que los estudiantes rechazaran la propuesta planteada por el municipio, Alessandri solicitó a la Intendencia Metropolitana el desalojo del establecimiento. Sin embargo, cuando los carabineros ingresaron al Instituto, en este ya no había presencia de alumnos.

Días antes de que comenzara el segundo semestre, el  alcalde de Santiago fue categórico y amenazó con cerrar el Instituto Nacional si no se llegaba a un acuerdo y se retomaban con normalidad las clases.

Sin embargo, unos días después y tras la polémica que provocaron sus dichos, el jefe comunal bajo el tono de su declaración y planteó "refundar" el Instituto y "reubicar" a los buenos alumnos".

El pasado 8 de julio, día en que los estudiantes retornaron al Instituto Nacional tras unas extendidas vacaciones de invierno, parlamentarios de la Comisión de Educación de la Cámara de  Diputados llegaron establecimiento con el objetivo de conocer en terreno la magnitud de la crisis. Durante la visita, algunos estudiantes y apoderados intentaron "funar" a los diputados de Chile Vamos que concurrieron al lugar.

"Fuimos víctimas de violencia, patadas, manotazos, escupos, nos lanzaron un café", explicó a La Tercera el legislador de RN, Diego Shalper. Pese a estos incidentes, el alcalde realizó un "positivo balance del retorno a clases" y calificó estos hechos de violencia como "aislados".

Un duró revés judicial sufrió este el 10 de julio la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar. Tras presentar una querella por el supuesto delito de amenazas contra la autoridad en contra del presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, esta fue declarada inadmisible.

Según detalló Rubilar en el recurso, el líder de los estudiantes había publicado una encuesta en Instagram sobre "Panoramas antes de volver a la guerra 8/julio" (refiriéndose al retorno a clases). Aquí uno de sus seguidores le respondió "Matar a Alessandri".

Además de que la querella se declaró inadmisible, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago denunció la "exposición pública de un menor de edad" y llamó a la Defensora de la Niñez a pronunciarse sobre el tema.

En agosto de este año, el alcalde anunció la exigencia de mostrar el carnet de identidad a la entrada del Instituto Nacional como una nueva medida de seguridad para garantizar que "los alumnos que ingresen al colegio sean efectivamente alumnos regulares del establecimiento".

Según explicó Alessandri, con esto se busca "evitar el acceso de exestudiantes "infiltrados" que "han estado involucrados en hechos de violencia". El día de su implementación, encapuchados atacaron a carabineros y dos personas resultaron detenidas.

El pasado 23 de agosto se convirtió en el primer día, tras varios meses ininterrumpidos de violencia, en que el Instituto Nacional amaneció sin personal de Fuerzas Especiales en sus instalaciones. La medida fue parte de un acuerdo al que llegó el Centro de Alumnos del establecimiento con el alcalde Alessandri, quienes se reunieron durante esa jornada para, precisamente, conversar sobre los hechos de violencia que se habían producido al interior del colegio.

Pese a que ambas partes valoraron el diálogo sostenido y la voluntad de solucionar el conflicto, días siguiente nuevamente se registraron hechos de violencia que hasta hoy afectan al Instituto.

A fines de agosto, Lilí Orell se convirtió en la segunda mujer en dirigir el Instituto Nacional. Esto luego de que Fernando Soto, quien ejercía el cargo hasta esa fecha, cumpliera su periodo de cinco años a la cabeza del colegio.

Orell estará al mando del establecimiento hasta el 28 de febrero de 2020, momento en que deberá asumir el rector definitivo que será elegido a través de un concurso por Alta Dirección Pública.

Entre su experiencia está el haber sido seremi de Educación en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, entre mayo de 2010 y febrero de 2012. Luego, hasta 2013, se desempeñó como jefa de gabinete de la subsecretaria de Desarrollo Social, para después asumir como asesora de gabinete en el entonces Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).

Luego de que la Intendencia Metropolitana le pidiera al Ministerio Público designar a un fiscal exclusivo por los hechos de violencia en las inmediaciones del establecimiento escolar, el ente persecutor hizo un análisis de las causas que ha abierto por estos actos, desde enero de 2018 hasta agosto de este año. Datos que fueron dados a conocer por La Tercera PM.

El resultado: 139 causas se iniciaron durante el periodo. De ellas, solo quedan 37 vigentes con 22 imputados, repartidas en nueve fiscales, por los presuntos delitos de maltrato de obra a carabineros, daños, lesiones, atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, amenazas, atentado explosivo incendiario y porte de arma prohibida.

¿Qué pasó con las cien causas que no siguen vigentes? 39 terminaron con archivo provisional sin determinar responsables, ya que no existían antecedentes que permitieran esclarecer los hechos.

En otros 17 casos, todos de desórdenes públicos, se aplicó principio de oportunidad, facultad que tiene el Ministerio Público de terminar una causa cuando se trata de hechos que no comprometen gravemente el interés público.

En 10 se aplicó la facultad de no iniciar investigación, tres se suspendieron condicionalmente (la causa se cierra temporalmente con la condición de que el imputado acate una serie de condiciones en un periodo de tiempo), 27 fueron agrupados a otras causas y en una se aplicó no perseverar (la Fiscalía no logró reunir antecedentes para formular acusación).

Acciones masivas de evasión han estado provocando, desde la semana pasada, cierres de varias estaciones del Metro de Santiago. Primero, fueron los estudiantes del Instituto Nacional, que comenzaron a ingresar masivamente a las estaciones Universidad de Chile, Santa Lucía y Bellas Artes: y ayer ocurrió lo mismo en las estaciones Pedro de Valdivia, Quinta Normal, Cumming, Santa Isabel e Irarrázaval, donde participaron alumnos de otros colegios.

Este martes, las estaciones Plaza de Armas, Cumming y Universidad de Chile también vieron interrumpido su servicio.

Desde el gobierno rechazaron estos hechos. "Me llama la atención que el pasaje de Metro no subió para los estudiantes. Y ellos toman esa causa como una forma de protesta. Creo que no es la forma", opinó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, al ser consultado sobre el tema.

10.15 de la mañana de este martes 15 de octubre y cinco compañías de Bomberos habían llegado hasta el Instituto Nacional. ¿El motivo? Un incendio al interior de la oficina de la inspectoría general del recinto, en medio de enfrentamientos de encapuchados con efectivos de Fuerzas Especiales.

Según informó posteriormente Carabineros, el hecho ocurrió luego de que se vieran instados a ingresar al establecimiento ante la presencia de un grupo de diez personas que incendió contenedores de basura y lanzó artefactos tipo molotov al personal policial. Y, tras lograr su detención, otro grupo de encapuchados se trasladó hasta la inspectoría general ubicada en el segundo piso, donde lanzaron también molotov.

La situación fue calificada como un hecho "dramático" por la ministra Cubillos, quien aseguró que "durante mucho tiempo se está incendiando no solo una parte del Instituto Nacional, sino un emblema de la educación pública". El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en tanto, aseguró que presentarán una querella por los episodios de violencia.