María Olga Troncoso, jueza de familia de Iquique y situación migratoria de niños: “El perfil va variando, el año pasado veíamos mayoritariamente de nacionalidad venezolana, ahora está cambiando a boliviana”

El cierre de las fronteras el 2020, a raíz de la crisis de salud que provocó el Covid-19 en Chile, trajo consigo repercusiones en el sistema judicial. Y es que ante el aumento de los ingresos de personas por pasos no habilitados, generó un alza de las causas de medidas de protección en favor de niños, niñas y adolescentes migrantes. Menores de edad en situación de calle, sin documentación o sin estar acompañados por un adulto responsable es algo que observó María Olga Troncoso, jueza presidenta del Juzgado de Familia de Iquique. Dicha zona tramita casos de aquellos extranjeros que ingresan por Colchane.

Lo que vieron hace tres años, relata la magistrada, motivó que en aquel entonces solicitaran apoyo a la Corte Suprema para coordinar las diferentes instituciones del Estado de cara a lo que estaba ocurriendo en el extremo norte. Aquello derivó en que el Poder Judicial en noviembre del 2021 firmara un protocolo “para la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados en el contexto de migración y/o en necesidad de protección internacional”. La medida busca entregar lineamientos de cómo abordar el tema migratorio, y contó con un convenio con instituciones del Ejecutivo, PDI, Carabineros, Defensoría de la Niñez, Derechos Humanos de la ONU, así como también la Unicef y Acnur.

Trascurrido tiempo desde su implementación, recientemente el Poder Judicial capacitó a funcionarios de las Fuerzas Armadas para la aplicación de la normativa, considerando que dichas instituciones comenzaron a ser parte del resguardo de la frontera norte. El ministro de la Corte Suprema Diego Simpértigue, quien lidera la Comisión de Asuntos de Familia, Infancia y Niñez en el máximo tribunal, estuvo presente en la actividad organizada por la Corte de Apelaciones de Iquique, y sostiene que están preocupados de lo ocurre en las fronteras “y queremos prestar toda la atención que sea necesaria para poder en este caso capacitar y, al mismo tiempo, hacer lo que sea necesario para que los niños, niñas y adolescentes puedan ser tratados como corresponde, respetando no solamente nuestra legislación, la Constitución política, sino que los acuerdos internacionales”.

Troncoso, por su parte, fue quien dirigió la capacitación a los más de 200 funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. En conversación con La Tercera, la jueza de familia destaca las directrices de la normativa, así como también la situación que se vive en la frontera norte del país.

¿Cuáles son los principales lineamientos del protocolo?

Hay distintas etapas, que van desde un marco teórico, desde definiciones de Naciones Unidas e instrumentos internacionales que nos otorga el marco legal. Luego nos da los pilares desde la Convención de los Derechos del Niño, la garantía de los derechos y finalmente se aterriza con una propuesta de abordaje desde lo jurisdiccional, que es la medida de protección y sugiriendo, además, una audiencia inmediata. O sea, eso es darle prioridad desde que se detecta un niño, niña y adolescente migrante en situación irregular, se debe tomar contacto con un abogado, generar una audiencia inmediata, ojalá desde la frontera, para garantizar los derechos básicos, ayuda humanitaria, garantizar además los principios de no devolución, de no separación de la familia y en casos más extremos que no se logra la reunificación, bueno, se toman las medidas de ingreso al sistema de modelo de residencial.

¿Cuál es la importancia de un protocolo como este?

La importancia del protocolo es que nos orienta, guía y nos da un marco teórico, directrices prácticas tanto para nosotros los jueces como para todos los operadores. También va dirigido a la policía por la primera acogida, así como, además de los espacios adecuados de entrevista o cómo la policía tiene que describir su función, cómo se tiene que presentar, cómo tiene que acompañar y acoger.

Este año, además, se integraron las Fuerzas Armadas al control de frontera, ¿cómo los incluyen en el proceso?

Desde el decreto con fuerza de ley de febrero de 2023 en que se ordena a las FF.AA a desplegarse en la frontera, el mismo señala expresamente cómo deben respetar y garantizar los derechos de personas vulnerables, y dentro ellas hace mención a niños, niñas y adolescentes. Entonces indica la obligación de respetar el interés superior, conceptos como el derecho a ser oído, a la protección contra a la violencia, detectar que no sean víctimas de delitos, de trabajo infantil, resguardar los derechos para no ser separados de la familia. O sea, todo lo que ya el protocolo nos enseñaba a nosotros, el decreto recoge algunas de estas directrices que son internacionales y ordena que las FF.AA. también las incorporen en su trabajo de protección de frontera y es ahí donde cruzamos con el Poder Judicial en el trabajo conjunto.

La semana pasada capacitaron a funcionarios militares, ¿cuál es la importancia de aquello?

El mismo decreto señala que cuando sea detectado un niño, niña y adolescente, especialmente los no acompañados, las Fuerzas Armadas deben ponerlos a disposición de la policía. Entonces qué pasa, es que en el intertanto tienen contacto con los NNA, por lo tanto tienen que tener un marco teórico y tienen que tener herramientas para actuar. Por ejemplo, qué es lo que se entiende por primera acogida, qué es lo que se entiende por derecho a ser oído, cuál es el procedimiento que sigue además el tribunal, cuál es la figura del juez de turno, cuáles son las medidas que se pueden requerir para la protección de esos niños.

Desde su experiencia, ¿cómo ha visto la situación migratoria de NNA?

Es complejo el tema migratorio, porque el fenómeno es súper variable. Hay periodos en que aumenta, hay periodos en que efectivamente disminuye. El perfil va variando, el año pasado veíamos mayoritariamente nacionalidad venezolana, ahora el perfil está cambiando a nacionalidad boliviana de ingreso por pasos no habilitados. Entonces el fenómeno es muy difícil describirlo, porque va variando permanentemente, entonces tenemos que ir ajustándonos todos los operadores al perfil y al número de ingresos.

¿Y cómo se trabaja ante estos casos?

Por ejemplo, el 2022 ingresaron 7.300 niños, niñas y adolescentes por Colchane y el 2023 ya vamos en 1.200. En todos aquellos se aperturan causas por medidas de protección, para asegurarnos de que no sean víctimas de delitos, para asegurarnos de que efectivamente los adultos que dicen ser sus familiares lo sean, para evaluar la documentación, sus necesidades básicas, garantizar sus derechos. Y como digo, esto lo hacemos conjuntamente con las Fuerzas Armadas, que han sido un gran aporte para nosotros, porque han trabajo conjuntamente con Carabineros, a la par, y las instrucciones que nosotros hemos dado en casos específicos que hemos tenido.

Durante las últimas semanas se registraron algunos problemas en la frontera con Perú, ¿cómo actúa el Poder Judicial ante crisis así?

Las primeras medidas que nosotros tomamos es identificar, como lo hizo la Corte de Apelaciones de Arica. Se parte identificando a quién tenemos, qué nacionalidad tiene, qué documentación porta, ir identificando los grupos familiares, porque eso nos hace priorizar las situaciones de niños, de embarazadas, de personas de tercera edad, o sea de personas en situación de vulnerabilidad. Luego de eso, se toma la decisión, digamos conjuntamente, que se designan y con las familias, si el interés superior del niño es retornar al país con el adulto que lo acompaña. Si no tiene adulto responsable buscar una medida alternativa, como el sistema residencial, otorgar y garantizar las necesidades básicas.

¿Cómo operan las garantías judiciales en estos contextos?

Desde la frontera se les designan abogados respetando el derecho a acceder a la justicia y a tener una representación jurídica para que realicen entrevista e intervención con la familia de los niños, desde la frontera con el programa Mi Abogado, que es del Ministerio de Justicia. Luego, cuando ya se realiza audiencia evaluamos, por ejemplo, el ámbito académico y a través de la Seremi de Educación nosotros nivelamos el ámbito escolar, garantizamos que tengan acceso al colegio, con Fonasa, que tengan una identificación y puedan acceder a cualquier consultorio del país; con el Registro Civil para que tengan un RUT para extranjeros, y con todos los actores vamos garantizando todos los derechos que la convención nos obliga a supervisar, a monitorear y que tienen por fin el interés superior.

¿Hay algo que se debiese seguir mejorando?

La formación. Es muy importante permanecer siempre actualizados en los conocimientos, el insistir en la formación permanente, en la capacitación desde nosotros. Por lo tanto, yo creo que lo básico y el desafío siempre es la formación, la capacitación permanente. Para nosotros en el Poder Judicial y para los operadores también.

Tanto la magistrada como el ministro concluyen en valorar y agradecer el trabajo que realizan organismos como el Ejército, la Armada y las policías. “Nosotros notamos que ellos realmente están preocupados por hacer un buen trabajo y la labor que ellos desarrollan es de mucho sacrificio, y eso debemos entenderlo y agradecerlo”, cierra Simpértigue.