Dos meses después -fines de agosto de 2023- de estallado el caso Convenios, que destapó una serie de líos de platas entre fundaciones e instituciones estatales, la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado, conocida como Comisión Jaraquemada, entregó un informe con medidas al Presidente Gabriel Boric.
La instancia fue integrada por la abogada y directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, quien la lideró, y otros expertos como el excontralor Ramiro Mendoza, el académico de la PUC Ignacio Irarrázaval, la experta en gasto público Jeannette von Wolfersdorff y el profesor de la Universidad de Chile Francisco Agüero. Su secretaria ejecutiva fue Valeria Lubbert, abogada de la Universidad de Chile, asistente del Tribunal Constitucional entre 2010 y 2012 y coordinadora de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres con Bachelet I.
Hoy, a un año y casi cuatro meses de esas recomendaciones, las mismas han tenido un lento progreso: solo el 51% de sus propuestas ha sido implementado según revela el tercer informe de seguimiento de Chile Transparente. De hecho, en comparación con la medición de seis meses atrás, el avance general ha sido de apenas un 6,31%.
De esas 46 recomendaciones, apenas 24 muestran avances concretos -no definitivos- según el análisis, principalmente en áreas como la regulación de conflictos de interés y la publicidad de los registros de transferencias públicas. Sin embargo, medidas estructurales clave, como el Registro de Beneficiarios Finales, aún no han sido aprobadas debido a retrasos legislativos, dice la institución. Este registro permitiría identificar a los verdaderos propietarios de empresas que reciben financiamiento público, cerrando brechas de opacidad que facilitan el mal uso de recursos.
Otra pieza crítica es la Ley de Transferencias, diseñada para establecer reglas claras y sanciones ante el uso indebido de fondos públicos. Sin ella, los criterios de gestión y fiscalización siguen siendo dispersos y poco efectivos. Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, advierte: “Sin un marco legal que regule las transferencias públicas y establezca sanciones contundentes, el avance en materia de integridad será insuficiente. La transparencia no puede depender de la buena voluntad de las autoridades”.
En cuanto al avance total de las 46 recomendaciones de la Comisión Jaraquemada, el estudio de Chile Transparente muestra resultados dispares. En la categoría de “Clasificación de las IPSFL”, el progreso es de solo un 32%. La relación entre el Estado y estas instituciones registra un cumplimiento del 65%, mientras que la “Transferencia y Registros” alcanza un 46%. El mayor avance se observa en el ámbito de “Rendición de Cuentas”, donde se ha cumplido el 100% de las medidas propuestas.
Sin embargo, persisten preocupaciones significativas en áreas como “Control y Sanción” y “Transparencia de las IPSFL”, que aún no superan el 60% de cumplimiento, con avances de solo un 48% y 53%, respectivamente.
Respecto al avance por plazos de ejecución según el plan de acción del gobierno, las medidas de corto plazo registran un 68% de cumplimiento, mientras que las de mediano plazo llegan a un 45% y las de largo plazo apenas alcanzan un 41%.
Un análisis comparativo entre la segunda y la tercera evaluación de Chile Transparente revela que el mayor progreso se ha dado en las medidas de mediano y largo plazo, mientras que las de corto plazo no han mostrado un avance tan significativo, pese a la urgencia y prioridad que representan.
Un dato particular es el cumplimiento técnico del 100% de dos medidas relacionadas con la Fiscalía Nacional Económica (FNE). En ambos casos el Ejecutivo se comprometió a oficiar a la FNE para que considerara las recomendaciones de la Comisión Jaraquemada. Sin embargo, la respuesta oficial de la FNE fue negativa, indicando que no tomaría ninguna acción. En este caso, a pesar de que el compromiso gubernamental de enviar los oficios se considera cumplido, el resultado final fue inexistente, dejando estas recomendaciones sin efectos prácticos.
Según Chile Transparente, los avances son desiguales según el tipo de institución involucrada. Los organismos autónomos, como la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia, lideran el cumplimiento con un 65% de avance.
Por su parte, el Congreso muestra el peor desempeño, con solo un 44% de cumplimiento, afectado por demoras en la tramitación de leyes esenciales como las ya mencionadas. Las diferencias políticas y la falta de consensos han frenado reformas consideradas urgentes por los expertos en transparencia.
En tanto, el Ejecutivo registra un avance del 50%, reflejando también dificultades para implementar normativas complejas que exigen coordinación interministerial. Si bien algunos ministerios han mejorado sus sistemas de gestión, la ejecución efectiva sigue siendo un desafío persistente, dicen desde Chile Transparente.
En otras conclusiones descritas por Chile Transparente se da cuenta de que en general se constata poco avance en las medidas de mediano plazo y aún persiste incumplimiento de un 33% de las medidas de corto plazo.
Y en el detalle, identifican que hasta la fecha no se ha presentado un proyecto de ley enfocado en la integridad de los gobiernos regionales, y el proyecto de ley de transferencias incorpora distintas obligaciones para las IPSFL, pero no avanza en la obligatoriedad de mecanismo para la gestión de la integridad de las entidades, como códigos de ética o canales de denuncias.
El informe destaca que los organismos autónomos, aunque tienen menos medidas asignadas, presentan un nivel de cumplimiento más elevado. Sin embargo, persisten desafíos en áreas específicas, como la transparencia de los institutos de formación política vinculados a partidos y la ampliación de auditorías financieras por parte de la Contraloría. Estas acciones aún enfrentan obstáculos, pero se espera un avance significativo en el corto plazo.
El informe también destaca la falta de atribuciones legales de la misma Contraloría para sancionar administrativamente a funcionarios y entidades que gestionen de manera irregular recursos públicos. En tal sentido, la Comisión Jaraquemada recomendó otorgar mayores facultades a este organismo, incluida la creación de una unidad especializada en investigaciones de alto impacto, pero estas propuestas aún no se han traducido en acciones legislativas.
Según la pesquisa, en el ámbito operativo algunos ministerios han desarrollado guías de buenas prácticas y mecanismos de monitoreo, pero la ausencia de normas vinculantes limita su impacto. La Plataforma Nacional de Datos Abiertos, destinada a publicar en tiempo real los contratos y transferencias de fondos estatales, avanza lentamente, dificultando el acceso ciudadano a información relevante, según dice la entidad.
Los detalles de estos resultados fueron presentados este martes 10 en el seminario “Desafíos de la Integridad Pública 2025″, organizado por Chile Transparente y la Facultad de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. Allí estuvieron los alcaldes Tomás Vodanovic (Maipú) e Isabel Valenzuela (Colina).
