Megafraude tributario: Carlos Gajardo apunta a no cometer el error de “condenar estas conductas con las llamadas clases de ética”

Carlos Gajardo y Pablo Norambuena renuncian a la Fiscalia
exfiscal Carlos Gajardo llama a no cometer el mismo error de “condenar estas conductas con las llamadas clases de ética”

El exfiscal de alta complejidad y delitos económicos, Carlos Gajardo también señaló que a “la sociedad le interesa que la sanción que se aplique sea proporcional a la gravedad del daño que se provoca”.


El exfiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, se refirió al multimillonario fraude tributario al Servicio de Impuestos Internos (SII), en el que están siendo investigados empresarios chilenos por la emisión de facturas ideológicamente falsas que superarían los $240 mil millones.

Hasta ahora, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI) ha detenido a 51 personas vinculadas con el megafraude.

Ante esto, el abogado señaló que “no se debe cometer el error que tuvo la Fiscalía hace algunos años, de condenar estas conductas con las llamadas clases de ética”.

Además, indicó que “es muy fundamental que la Fiscalía tenga el rigor suficiente para aplicar e intentar solicitar las máximas penas posibles (…) es importante la ley que se aplique pero también cómo las instituciones se comportan frente a delitos tan graves”.

En cuanto a la prevención de estos delitos, comentó que “esperaría que el sistema tributario tuviera la posibilidad de detectar con mayor rapidez este tipo de conductas e inmediatamente impedir que ocurran”.

Bajo esa misma línea, añadió que “el SII tiene esta facultad de poder bloquear al contribuyente cuando detecta que está incurriendo en conductas sospechosas y así no pueda seguir emitiendo facturas”.

En conversación con Cooperativa, lamentó que “claramente esos mecanismos no han funcionado en esta ocasión y hemos llegado a esta cantidad muy impresionante”.

El exfiscal apuntó que este megafraude da cuenta de una falla en la prevención y fiscalización de movimientos irregulares. Gajardo también puntualizó que el Ministerio Público debe estar a la altura de las penas ya que a “la sociedad le interesa que la sanción que se aplique sea proporcional a la gravedad del daño que se provoca”.

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