Ministra Orellana valora acuerdo por ley Nain-Retamal y asegura que se logró el objetivo del gobierno de “alcanzar un equilibrio”

Tras más de 10 horas de discusión, la madrugada de este miércoles el Senado aprobó el proyecto de ley Nain-Retamal, que busca elevar penas a quienes atenten contra policías y establece un estatuto de protección para los funcionarios. En la intensa jornada de tramitación, participaron representantes del Ejecutivo, entre ellos la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien valoró la medida tomada en la Cámara Alta, así como también el acuerdo al que llegaron oficialismo y oposición.

En concreto, se aprobó una indicación presentada por el Ejecutivo, que modifica la denominada “legítima defensa privilegiada”, uno de los puntos que generaba mayor debate sobre el proyecto de ley.

Al respecto, la ministra Orellana manifestó que, “a través de este acuerdo, lo que hicimos fue cumplir el objetivo central del gobierno, que era alcanzar un equilibrio, que es necesario en cualquier democracia entre la protección de las policías y el respeto por el derecho de las personas”, declaró en conversación con Radio Concierto.

Al ser consultada sobre sobre si quedaba conforme con las modificaciones al proyecto y si con ellas, en definitiva, no quedaba como una ley “de gatillo fácil”, Orellana descartó el término.

“Creemos que no, porque efectivamente lo que se hace es que se resuelve la dispersión de la regulación vigente y se diferencia la legítima defensa de civiles de la de los uniformados”.

Respecto a los puntos a los que se llegó a un acuerdo con la oposición, la ministra destacó que “se especifica que en la legítima defensa está comprometida la vida o una afectación grave a la integridad física del policía o de terceros”.

Además, resaltó que “se elimina la subjetividad en la apreciación del ataque. No es el propio funcionario policial el que evalúa aquello”, aseguró.

Asimismo, destacó que “se mantiene la responsabilidad de mando al superior jerárquico, respecto a los actos ilícitos cometidos por sus subordinados y además se evita la restricción del delito a apremios ilegítimos”.

“Todas las objeciones frente a esta idea de legítima defensa privilegiada que habían expresado no solo sectores políticos, sino un arco bien transversal de expertos en derecho penal, fueron moderadas con la indicación del Ejecutivo y creemos que eso nos permite establecer precisiones para darles certezas a las policías respecto a sus funciones”, aseguró la titular de la Mujer.