Luego de las denuncias de que autoridades de la Macrozona Sur, entre ellas funcionarios del Poder Judicial y al menos ocho alcaldes de la Región de La Araucanía estarían amenazados, la ministra vocera de la Corte Suprema, Angela Vivanco, se refirió a este hecho, asegurando que genera preocupación en la institución que representa y que tal situación sería una vulneración al estado de derecho.

En ese sentido, en su punto de prensa habitual de los martes, la magistrada aseguró que las situaciones de inseguridad de las que son víctimas funcionarios de tribunales, jueces u otro personal, no solo es por acción de terceras personas, sino que también “por la distribución y localización de los mismos tribunales que hacen que el juez quede expuesto a situaciones violentas por parte del público o a situaciones de inseguridad cuando se hacen las audiencias”.

En ese sentido, la ministra aseguró que no solo le preocupa la seguridad de los funcionarios del poder que representa, “sino que por toda persona que en razón de su cargo sufra amenazas o sufra cualquier tipo de violencia, eso solamente indica no querer atenerse al Estado de Derecho y el Estado de Derecho tiene a ese respecto que reaccionar adecuadamente”.

Además, aseguro que cada vez que se conoce de alguna situación de inseguridad, se ha solicitado mayor resguardo a Carabineros y Gendarmería, organismos que no solo protegen a los funcionarios, sino que también al público en general que asiste a las audiencias.

Adicionalmente, la ministra Vivanco se refirió al anuncio hecho por el Presidente Gabriel Boric durante su cuenta pública del 1 de junio pasado, donde prometió un proyecto que permita mayor control de las armas en manos de la población civil.

En esa línea, Vivanco manifestó que el proyecto deberá estudiarse y analizarse en tres ejes que considera claves a la hora de conocer cómo funcionará la normativa en caso de concretarse: “Primero, como lo ha dicho el mismo Presidente, el énfasis tiene que estar dado en que las personas que realicen cualquier acto criminal no deben tener acceso a las armas, porque muchas de las armas que estas personas ocupan no son armas inscritas, sino armas que funcionan en el mercado negro o modificadas”.

El segundo eje para Vivanco está vinculado a los civiles que cumplen con la normativa vigente y son propietarios de armamento. “El segundo eje es determinar en qué condiciones la población civil puede hacer uso de armas y este es un tema que no sabemos cómo va a venir en el proyecto de ley”, aseguró la ministra de la Corte Suprema, quien resaltó que como en Chile no hay un derecho garantizado para armarse -como sí ocurre en Estados Unidos-, el tercer eje estaría enfocado en si “el tema va a ser restricción o prohibición total. Porque queda la duda o la inquietud, por ejemplo, qué pasa con las personas que ya tienen armas y, segundo, qué es lo que podía pasar en situaciones de inseguridad”.

Sin embargo, puntualizó que “por supuesto que la idea no es que las personas usen sus armas para tenerse que defender sino que sea la fuerza pública la que las tenga”.