Ministro Montes solicita a Fiscalía Nacional “proteger” identidad de funcionarios que colaboran en pericias del caso convenios

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, expresó su preocupación al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, por la filtración a los medios de comunicación de nombres de funcionarios de ese ministerio, que han colaborado en las investigaciones del caso convenios, que ya cumple un año luego que se detectara la situación irregular de un acuerdo entre la ONG Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y que significó la intervención de más de 60 fundaciones en todo el país.

A través de un oficio, Montes solicitó a la máxima autoridad persecutora de nuestro país, “ordenar al Ministerio Público que adopte las medidas necesarias, adecuadas y tendientes a resguardar la honra de los funcionarios que están siendo afectados y los que puedan serlo, por la filtración de información de la respectiva investigación”.

En el documento enviado a Valencia por la autoridad ministerial se indica que no solo se ha publicado información sobre el estado de las indagatorias que está llevando adelante la Justicia, “sino que, han aparecido con nombre y apellidos, funcionarios de la institución que han sido objeto de diligencias”, lo cual es catalogado por el secretario de Estado como “de absoluta gravedad”. “Se coloca en riesgo la honra de cada uno de los funcionarios a los cuales les rige el principio de inocencia”, precisó Montes.

El titular del Minvu recalca que es imprescindible que se adopten las medidas necesarias, a fin de evitar un perjuicio mayor al ya provocado y señala que dichas filtraciones “pueden producir reticencia a aparecer de quienes puedan tener calidad de testigos y quienes puedan aportar antecedentes de relevancia para el esclarecimiento de los hechos”.

En el mismo oficio, el ministro Montes solicita poder gestionar “la potencial” devolución de los equipos celulares particulares de los funcionarios a los cuales se les fueron incautados en el marco de las investigaciones, una vez realizadas las pericias correspondientes.

Cabe señalar que desde que estalló el caso de la ONG Democracia Viva, en Antofagasta, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha logrado retener más de 1.186 millones de pesos de las cuentas corrientes de las fundaciones involucradas, además de presentar siete querellas, nueve solicitudes de disolución de la personalidad jurídica de organizaciones no gubernamentales y 14 acciones de restitución de fondos.

Las querellas, en tanto, por los delitos de fraude al Fisco, apropiación indebida y lavados de activos, han apuntado contra las ONG Democracia Viva, ProCultura, TomArte, ONG RCKLT, Corporación Patrimonial Historias Nuestras, Asociación Deportiva Regional de Halterofilia de La Florida, En Ti, Fundación Educacional y Capacitación Educc, Fundación Capacitación y Formación Laboral Folab, Kimün y a la Fundación Para el Desarrollo y Liderazgo Indígena.

En paralelo, el Ministerio Público a cargo de la investigación penal, tiene abiertas más de 100 aristas de este caso a nivel nacional.