Minsal registra 111 abortos por las tres causales en seis meses

En los seis meses de vigencia de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales se han reportado 123 casos en que se ha invocado esta normativa, concretándose los respectivos abortos en 111 de ellos.

Los datos preliminares entregados por el Ministerio de Salud (Minsal) muestran que del total de estas intervenciones que se realizaron en el sector público, 50 corresponden a la primera causal de riesgo de vida de la madre, 35 a la segunda, inviabilidad fetal, y 26 a la tercera, que es violación.

En tanto, para los 12 casos de mujeres que invocaron la ley pero decidieron continuar con su embarazo, tres de ellas lo habían hecho bajo la causal de riesgo de vida, ocho porque el feto no tenía posibilidad de sobrevivir y una por agresión sexual.

La Ley 21.030, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, fue promulgada el 23 de septiembre de 2017 y el protocolo para llevar a cabo su implementación se aprobó en febrero pasado.

Estos seis meses transcurridos no han estado exentos de complejidades. La primera ocurrió en octubre de 2017, cuando el Hospital de Castro rechazó interrumpir el embarazo a una menor violada al desconocer el procedimiento a seguir. La joven tuvo que ser trasladada a Santiago para realizar la intervención. Eso generó que desde el Minsal se instruyera a todos los servicios de salud la aplicación de la normativa, como indicaba el marco jurídico, pese a que aún la cartera trabajaba en la elaboración de las normas y reglamentos que permitirían estandarizar dicha aplicación.

Posteriormente, en marzo, y a dos semanas de asumir la actual administración, el gobierno decidió modificar el Protocolo de Objeción de Conciencia, eliminando la exigencia que indica que las clínicas que mantuvieran convenios con el Estado en prestaciones obstétricas y ginecológicas no podrían hacer objeción institucional. Eso trajo consigo una serie de críticas.

De acuerdo a la información proporcionada desde el Minsal a través de la Ley de Transparencia, la interrupción del embarazo por la normativa vigente se ha llevado a cabo en diversos hospitales del país, como el San José, de Santiago. En este se registran 10 intervenciones a la fecha: cinco por segunda causal y otros cinco por la tercera.

Adicionalmente, entre los recintos en que se ha materializado este procedimiento a nivel nacional se encuentran el Hospital de Castro; el Hospital San Pablo, de Coquimbo; el Hospital de Curicó; recintos del Servicio de Salud de Reloncaví; el Hospital de Arica; el Hospital Van Buren, de Valparaíso; el Hospital Ernesto Torres, de Iquique, y recintos del Servicio de Salud Metropolitano Occidente.

Freddy Balcázar, director (S) del Hospital de Castro, explicó que tras el episodio en que se rechazó interrumpir el embarazo a una menor, que finalmente terminó con la salida del director Ricardo Salazar, y ante la ausencia de los reglamentos que indicaran los procesos, la implementación en ese centro "fue prácticamente por voluntades, pero siempre manteniendo la privacidad del paciente". Asimismo, indicó que se registraron posteriormente otros tres casos, uno por violación y dos por inviabilidad fetal.

En el Hospital van Buren, su director, David Gutiérrez, señaló que a la fecha se han realizado cuatro interrupciones del embarazo. "Tres corresponden a la segunda causal, por malformación fetal con incompatibilidad con la vida, y uno por la tercera causal", explicó.

Mario Vergara, gestor de matronería de ese recinto, agregó que "la implementación se ha hecho según lo indicado por el nivel central en el reglamento y ha sido un constante aprendizaje, pero lo más relevante es que ya está establecido un comité multidisciplinario, con ribetes biomédicos y psicosociales, donde se analiza cada uno de los casos en los que se requiere evaluar si las causales concurren o no".

El Hospital San José, de Santiago, donde se realizó el primer caso de aborto por la actual ley, registra el número más alto de intervenciones entre los hospitales que respondieron la solicitud de información de La Tercera. Marcela Caro, ginecoobstetra integrante de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva del recinto, detalla que solo dos de los cinco casos de violación registrados han tenido denuncia y que las solicitantes fueron dos menores de edad y tres mayores de 18 años.

Relata que si bien aún no están al 100% y que les ha sido difícil implementar la ley, como ocurre con cualquier legislación nueva, no han tenido problemas con objeción de conciencia o con posturas valóricas, pero sí se han registrado complicaciones más prácticas. Entre ellas, dónde recibir a las mujeres para otorgarles un lugar privado y respetuoso en que puedan estar acompañadas de sus familiares, o dónde hospitalizarlas.

También se han encontrado con que el área de puerperio es donde existe mayor disponibilidad de camas, pero existe la complejidad de que deben compartir con mujeres que ya han sido madres.

"Eso con el tiempo lo hemos podido ir superando, con harto esfuerzo", dice Caro.

Añade que con la experiencia "hemos logrado acortar bastante los tiempos para los procedimientos. Hemos pasado de un mes a 24 o 48 horas en casos de fetos acráneos (segunda causal), mientras que en situaciones de violación, a resolver entre tres o cuatro días".

Un punto que le jugó a favor a este recinto para la adecuación es que desde 2016 que el Hospital San José tenía implementada la técnica de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU), que con la nueva legislación se ha masificado a otros recintos (ver recuadro).

Para Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, las cifras informadas por el Minsal demuestran "que se cumple la norma ocurrida en otros países en los cuales se ha legalizado el aborto libre o en las tres causales, donde aumentan en un comienzo, pero luego se estancan".

Destaca que los equipos a nivel del sistema público "han respondido súper bien y han avanzando en implementación a nivel nacional, lo que se ve reflejado en el aumento de las cifras".

No obstante, identifica que aún persiste desinformación dentro de los equipos médicos. "Nuestro termómetro a nivel nacional es que falta mucha información. Los equipos preguntan cosas que aún no están aclaradas", por lo cual llama a las autoridades a realizar nuevas campañas de capacitación, para que los equipos tengan mayor claridad de sus funciones.