Modernizar su prescripción y garantizar la seguridad: proyecto de ley busca implementar recetas médicas electrónicas

En un esfuerzo conjunto entre el Senado, el Colegio Médico de Chile y el Colegio de Químicos Farmacéuticos, se presentó un proyecto de ley que busca la implementación de recetas médicas electrónicas, con el objetivo de modernizar el sistema de prescripción, garantizar la seguridad en su emisión y combatir el uso indebido de medicamentos.

Según quienes suscriben la idea, este avance sería clave para fortalecer la trazabilidad de los fármacos y enfrentar problemáticas como la venta ilegal, las recetas falsificadas y el impacto del narcotráfico en la cadena de distribución.

El senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud, destacó que el proyecto permitirá introducir un sistema electrónico que no solo resolverá problemas derivados de la escritura manual, sino que también mejorará la trazabilidad de los medicamentos.

“Actualmente, no contamos con un sistema que permita saber con precisión los destinos de los productos farmacéuticos. Esta falta de control ha generado un mercado negro de medicamentos, ferias libres y la actuación de falsos médicos, lo que pone en grave riesgo la salud de la población”, afirmó.

Desde el Colegio Médico, la presidenta Anamaría Arriagada enfatizó que la prescripción médica debe ser un acto clínico responsable, basado en un juicio profesional sobre el medicamento adecuado para cada paciente.

“La receta electrónica no solo permitirá mayor seguridad y trazabilidad, sino que también contribuirá a disminuir el gasto de bolsillo de los pacientes, que en Chile alcanza un preocupante 30% del total”, señaló.

En tanto, el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Jorge Cienfuegos, alertó sobre el uso malintencionado de recetas médicas falsificadas y cómo esta práctica ha sido utilizada por redes de narcotráfico para operar a través de las farmacias, señalando que “hoy en día, los farmacéuticos no tenemos herramientas para verificar la autenticidad de las recetas, lo que deja una puerta abierta para actividades ilícitas que afectan tanto a los profesionales como a la salud de la población”, expresó.

A fines del año pasado la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), en conjunto con Fonasa, Compin y la Superintendencia de Salud, dio a conocer el balance respecto a las licencias médicas que se otorgaron el ejercicio anterior, y su correspondiente Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) financiado con cargo a los seguros de salud Fonasa e isapres.

El documento revela que en 2023 el sistema en su conjunto pagó un total de $2.859.471 millones (unos US$3.300 millones) por concepto de SIL, lo que representa una caída de 10,5% versus el año anterior, y constituye la primera baja desde que hay un registro de este tipo, es decir, al menos desde 2014.

Del gasto total hecho en pago de licencias médicas, el 70% corresponde al realizado por Fonasa y el 30% restante al de isapres. La reducción que se registró el año pasado fue mayor en las aseguradoras privadas que en el organismo público, ya que mientras el gasto en Fonasa se redujo 5,5%, a $1.999.010 millones; en isapres disminuyó 20,3%, a $860.461 millones.