Monsalve califica ataques explosivos en Valparaíso, Ñuble y Biobío como “terroristas” y fija el lunes como plazo para definir recursos destinados a la investigación

A las 8.00 de este jueves, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llegó hasta la Fiscalía Regional Metropolitana Sur para reunirse con el fiscal de esa unidad, Héctor Barros, y con el equipo de persecutores a cargo de las investigaciones de los tres atentados con artefactos explosivos que se registraron los últimos días en las zonas centro y sur del país.

El objetivo del encuentro fue acelerar las investigaciones derivadas de lo ocurrido la semana pasada en el sector de Placilla en Valparaíso y en Cañete, Región del Biobío, donde se encontraron adosados explosivos a torres de alta tensión, además de la instalación de un artefacto explosivo en la línea férrea en el puente Itata, en Ñuble, hechos que encendieron las alarmas en el Ejecutivo.

Tras la cita, el subsecretario Monsalve manifestó que “todas las instituciones del Estado tienen que estar disponibles para perseguir hechos de esta naturaleza y en ese contexto se da mi presencia en la Fiscalía Metropolitana Sur”.

Dentro de los resultados del encuentro, señaló que se ha “constituido un equipo mixto de trabajo, que va a trabajar durante los próximos 30 días. En segundo lugar, el mensaje que hemos transmitido es que todos aquellos recursos que se requieran para fortalecer las capacidades del Ministerio Público, de los fiscales que están investigando y recursos que requieran las policías, van a ser dispuestos por el gobierno”.

En esa línea, destacó que se dieron “un plazo muy breve, de aquí al lunes, con el objeto de definir cuáles son esos requerimientos y que con la definición precisa de esos requerimientos, el gobierno pueda tomar decisiones para fortalecer el trabajo”.

Al ser consultado si es que el gobierno se querellaría invocando la Ley Antiterrorista, Monsalve enfatizó que los ataques “son actos terroristas, hay que definir cual es la mejor herramienta para perseguir este acto terrorista. Hemos reiterado que la Ley Antiterrorista no es la mejor herramienta, porque el nivel de prueba que hay que lograr en los tribunales, para condenar a una persona, muchas veces no se puede alcanzar (…) normalmente se ha aplicado la Ley de Control de Armas, el gobierno se va a querellar por la ley que permite perseguir de manera más eficaz a los responsables de delitos tan graves”.

Respecto a la búsqueda de responsables, el fiscal Barros precisó que junto con los equipos policiales se está revisando “la información que está fluyendo, revisar los modus operandi, los tipos de explosivo, los lugares de colocación, objetivos estratégicos que se usaron y de ahí vamos a tener la posibilidad de llegar a una conclusión clara y responsable”.

Además, señaló que desde el 2019 hasta este año, se han registrado “22 hechos de colocación de artefactos explosivos, donde hemos tenido muy buenos resultados en condenas”. En esa línea, aseguró que durante el 2023 a esta fecha, ya tenemos la misma cantidad de artefactos explosivos colocados durante el año 2022″.

El subsecretario Monsalve ya había mantenido reuniones con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que se convocará una cita con los poderes del Estado para coordinar las acciones frente a la situación.

En esa línea, precisó que citará al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, a los jefes policiales, al fiscal nacional y “a las autoridades del Ejecutivo que tienen competencia en esta materia”.

En tanto, el Ministerio del Interior, se querelló por los hechos ocurridos en Valparaíso y Biobío, invocando la Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos. Mientras, se mantiene “en redacción” la acción judicial para hacerse parte de la causa de Ñuble.