Interior pide peritajes y se opone al cierre del caso

Desde que la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía informó el cierre de investigación y la decisión de no perseverar en el caso de la Operación Huracán, el Ministerio del Interior analizó cuál será su posición como querellante. Fue así como ayer tomó una decisión e ingresó un escrito al Juzgado de Garantía de Temuco oponiéndose al cierre de la causa y que se realicen nuevas diligencias investigativas.

El objetivo de la medida, según fuentes del gobierno, es intentar "ir por el medio de ambas posturas (la de la fiscalía y la de Carabineros)". Esto, luego de que el Ministerio Público justificara su decisión de cerrar el caso contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y otras siete personas por atentados en la zona, en la "desprolijidad en el trabajo investigativo por parte de la Unidad de Inteligencia Especializada de Carabineros", y en que se aportó "por parte de funcionarios de Carabineros información y antecedentes de cargo que presentan múltiples anomalías e irregularidades".

En principio, la audiencia de cierre del caso fue fijada para este 31 de enero; sin embargo, se cambió de fecha para el próximo 9 de febrero, luego de que Llaitul pidiera el sobreseimiento definitivo de la causa.

Será en esa instancia donde el gobierno comunicará al tribunal su postura de no cerrar el caso y explicará cuáles son las diligencias investigativas que faltan para agotar la investigación. Según informó ayer la Subsecretaria del Interior mediante un comunicado, el requerimiento considera "un conjunto de información a empresas de tecnología, además de la realización de una serie de peritajes". Se señaló, además, que "mientras estas no sean practicadas y la investigación agotada, no resultaría procedente el cierre de la misma ni la decisión de no perseverar". De acuerdo con las mismas fuentes, entre las nuevas pericias se requirió que el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI u otro organismo nacional o internacional realice diligencias tecnológicas relacionadas con los celulares vinculados al caso.

Sobre la postura que debería tomar el gobierno, abogados penalistas coincidieron en que el gobierno debería respaldar al Ministerio Público en su decisión, tomando en cuenta que la investigación, según dicen, está "viciada" y "muerta".

El exdecano de Derecho de la UDP Juan Enrique Vargas calificó la decisión del gobierno de "muy delicada porque significa que de una otra forma Interior está tomando partido en esta discusión no por quienes dirigen la investigación, que son los fiscales, sino que por la policía, que es la que debe entregar la información y supeditarla a la opinión de los fiscales". Agregó que el Ejecutivo debería "apoyar a la fiscalía que tiene la labor de dirigir las indagatorias, y si han determinado que hay una irregularidad, lo lógico es que esa decisión sea la que prime".

En tanto, el académico de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Gonzalo Medina, indicó: "Creo que la decisión del Ministerio Público de cerrar el caso después de los últimos antecedentes que aparecieron, me parece lo único razonable". Explicó que "la decisión de no perseverar no es apelable y eso le pone término a la investigación mientras no aparezcan nuevos antecedentes. El querellante (el gobierno) lo que puede hacer es decidir forzar la acusación, esto es llevar el asunto a una audiencia de preparación de juicio sin la fiscalía".

El abogado Juan Pablo Hermosilla dijo, antes de conocer la decisión del gobierno, que "el Poder Ejecutivo tiene que apoyar al Ministerio Público". Esto porque "hay problemas estructurales que no tienen arreglo a estas alturas de la investigación (...), haga lo que haga Interior, esta es una investigación que está muerta".