PC se opone a cierre de investigación por muerte de Pablo Neruda y solicita diligencias “concretas” con miras a determinar a “las personas que intervinieron en el delito”

Fue el pasado 25 de septiembre cuando la ministra en visita de causas de Derechos Humanos, Paola Plaza González, cerró el sumario en la investigación por la muerte del poeta chileno Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda.

Según informó el Poder Judicial ese día, la magistrada estimó concluida esa etapa investigativa, tras la revisión de antecedentes del proceso, constituido por numerosas declaraciones, informes policiales, documentos y pericias nacionales y extranjeras.

Tras esa resolución y, desde el punto de vista procedimental, las partes disponían de un plazo de 15 días corridos para solicitar la reapertura de la investigación, en caso que consideraran que existan diligencias pendientes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos, las que se hubieren desestimado u omitido.

Precisamente acudiendo a ese recurso, el Partido Comunista (PC) presentó una solicitud de reapertura de la causa, donde la colectividad en la que militaba el premio Nobel, se opone al cierre de la investigación y pide la reapertura al sumario con “diligencias específicas”.

Este miércoles el presidente del PC, Lautaro Carmona, explicó que el equipo de abogados del partido “ha hecho esa presentación en las horas legales y nos abre la expectativa que no cierre el caso que lleva adelante la jueza Paola Plaza, y se reabran diligencias que pueden permitir llevar a puerto la precisión sobre quiénes fueron los responsables de la muerte de Pablo Neruda”.

Según los registros oficiales, Neruda falleció en la Clínica Santa María, en Santiago, 12 días después del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Según el parte médico, su muerte se debió a un cáncer de próstata.

Sin embargo, en 2011, el conductor que trabajó trasladando al poeta en sus últimos meses, Manuel Araya, declaró en una entrevista a la revista mexicana Proceso, que “Neruda no murió de cáncer, fue asesinado por la Junta Militar. Lo mataron con una inyección”.

Tras esa declaración, el abogado Eduardo Contreras, en representación del PC, presentó una querella para que se indagara un eventual homicidio. Investigación que concluyó hace poco más de dos semanas.

Bajo ese escenario, el timonel del PC señaló que “todas las pruebas dicen que la causa de su fallecimiento no fue ni tiene relación con la enfermedad que sostenía”.

“Él podría haber sobrevivido mucho tiempo a ese cáncer (…) Como se afirmó y se concluyó, la causa de muerte no fue el cáncer y como se hizo un certificado de defunción que indica esa causa hay una falta grave que es un documento falso. Por eso, nuestro equipo de abogados está solicitando que se precisen las responsabilidades de todos quienes gestaron los procedimientos dentro de la clínica”.

En esa línea, la colectividad, solicita nuevas diligencias que permitan “establecer responsabilidades de quienes intervinieron en el otorgamiento del falso certificado de defunción”.

Asimismo, solicitan citar a declarar al archivista, Peter Kornbluh, con el objetivo que entregue “antecedentes nuevos en este sentido, diligencia que se había rechazado cuando fue solicitada por la familia que actúa como querellante”, acusan.

Además, el abogado del PC, Manuel Luna, anunció que se presentó un antecedente nuevo que apuntaría a “quien habría o podría estar vinculado directamente con poner la inyección” al poeta. En esa línea, señaló que el partido busca que se cite a declarar “como inculpado” al médico Eduardo Arriagada Rehren.

“Al momento en que solicitamos reapertura, tanto nosotros los querellantes del PC como la familia de Neruda -que también son parte de esta causa-, hemos pedido diligencias concretas, y una de ellas dice relación con la determinación de las personas que intervinieron en el delito, y aquí nosotros hemos citado ya con un antecedente nuevo a quién habría o podría estar vinculado directamente con poner la inyección”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que “en esta causa se estableció con la PDI, el Departamento de Derechos Humanos en su minuto, qué médicos estaban trabajando a esa fecha en la clínica. Todos ellos fueron interrogados, pero, con posterioridad, uno de ellos, Eduardo Arriagada Rehren ha sido condenado en una causa que se tramitó también dentro de las violaciones los derechos humanos”, señaló.

“Ha sido condenado por una acción de asesinato en contra de un periodista de San Fernando, que fue detenido y que también se le inoculó una inyección que le causó su muerte”, agregó.

En ese sentido, explicó que el médico tenía “las habilidades y posibilidades de poder haber efectuado esto que denunció el chofer de Neruda, que fue la participación un médico, pero que, además, es mencionado por otro médico ya fallecido, el doctor (Sergio) Draper, quien señaló que el turno se le entregaba a otro médico, él no recordaba más datos pero, tiene un retrato hablado y ese, efectivamente, está en el expediente y es muy parecido a la figura del doctor Arriagada. Ese es un punto importante para la reapertura”, sostuvo Luna.

Junto con ello, la colectividad busca que se esclarezca “quien era la persona designada como interventora en la clínica”, y que se realice una “meta pericia, encaminada a precisar y detallar el enorme caudal de los datos científicos, de carácter genómico proteico, ya entregados, que permitan configurar de forma objetiva y precisa cómo se dio la intervención de terceros, mediante la inoculación del clostridium botulimico, su dosis y efecto letal”.