La Policía de Investigaciones desbarató un taller clandestino donde se fabricaban y modificaban armas de fuego, ubicado en la comuna de Conchalí.

El lugar era dirigido por un sujeto que se dedicaba a reparar, modificar, fabricar y vender armas. Uno de los hallazgos que llamó la atención fue una impresora 3D que permitía fabricar cargadores y otros elementos para el armamento.

Los detectives detuvieron a 12 sujetos y decomisaron 24 armas de fuego. Asimismo, se hallaron 2 kilos y medio de droga y $2.500.000 de dinero en efectivo. Entre el armamento encontrado había tres subametralladoras UZI y diversas herramientas para su fabricación.

El “armero clandestino” efectuaba este trabajo “hace un par de años”, dijo la policía. El sujeto tenía la fábrica en su mismo domicilio, ubicado en la comuna de El Bosque. Ahí tenía un espacio para practicar tiros.

“En este taller se realizaba lo que comúnmente se conoce como un ‘chipeo’ de un arma, que consiste básicamente en la modificación de la parte trasera de un arma en términos de que esta no se traba tiro a tiro, la aguja percutora no se traba después de realizar un tiro. Y lo que permite es que todos los tiros que se encuentran, tanto en la recámara como en los cargadores, salgan de una sola vez en la medida en que se aprieta el disparador”, explicó el subprefecto Manuel Muñoz Soto, jefe de la Bicrim Conchalí.

Muñoz señaló que en el taller encontraron una agenda donde estaban los trabajos realizados y sus precios. Dicha agenda será utilizada como medio de prueba. De los 12 aprehendidos, 10 pasaron a control de detención. Todos los detenidos son chilenos. Siete de ellos poseen antecedentes policiales.

La investigación partió con un delito de robo con intimidación en Huechuraba. Siguiendo ese hilo, la policía dio con los autores del robo para luego llegar a dicho taller.

Por su parte, el fiscal Luis Isla, de la Fiscalía Centro Norte, señaló que los delitos imputados son tráfico de armas, tenencia de armas y municiones, tráfico de drogas, entre otros. La investigación se extendió por 10 meses. En ese trabajo se allanaron 19 domicilios, en San Bernardo, La Pintana y El Bosque.