Pese a que Chile se comprometió hace 10 años a cambiar la ley, acuerdo no se ha cumplido

Hace 10 años, una mujer logró que el Estado de Chile se comprometiera a modificar la ley de sociedad conyugal tras una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), alegando que la norma violaba su derecho de igualdad ante la ley y la discriminaba solo por ser mujer.

Pese a que han pasado tres gobiernos, el compromiso del Estado no se ha cumplido, por lo que la Corporación Humanas, institución que la representó ante la CIDH, dice que si no se logra cambios en la ley, solicitarán una nueva reunión ante el organismo.

La historia se remonta al verano de 1976, cuando Sonia Arce contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. En ese momento no sabía que esa firma facultaba a su marido para administrar los bienes del matrimonio, pero también los de ella.

Se enteró años después, cuando quiso vender una casa que había recibido como parte de la herencia que le habían dejado sus padres. Recién entonces supo que pese a llevar más de 10 años separada de hecho y sin siquiera saber del paradero de su marido, necesitaba su firma para realizar el trámite, pues al estar casada bajo el régimen de sociedad conyugal era su marido el administrador de todos los bienes.

La situación hizo que Sonia junto a la Corporación Humanas (entonces La Morada) y el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil) interpusieran el 30 de enero de 2001 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento, declarado admisible por la comisión en octubre de 2003, planteaba que "ciertos artículos del Código Civil chileno violan sus derechos consagrados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y formas de discriminación contra la mujer al permitir que sea el cónyuge varón el único administrador de los bienes de la mujer".

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, explica que luego de un proceso de negociación, en 2007 el Estado de Chile reconoció las violaciones cometidas y se comprometió a tomar medidas de reparación y de garantía de no repetición para que esa violación no ocurra de nuevo ni con la víctima ni con otras personas. Todo eso quedó plasmado en el acuerdo de solución amistosa que ambas partes firmaron. "Se trata de procurar, además, que la víctima vuelva a estar en la misma situación que antes de haber sido violada en sus derechos, pero como eso no siempre se puede, se suele reemplazar con una reparación de perjuicio que es dinero. En este caso, Sonia renunció a recibir cualquier indemnización para facilitar el proceso de negociación con el Estado de Chile y se pudiera lograr el cambio de la ley", indica Maturana.

Mientras se trabajaba en la solución amistosa, en el Congreso, ese mismo año, se puso urgencia a un proyecto de ley de reforma al sistema chileno de regímenes patrimoniales del matrimonio. Entonces, recuerda Maturana, se alcanzó a ver en el Senado, pero luego decayó el interés en la discusión. "Se firmó el acuerdo y los parlamentarios dejaron de discutir. Faltó voluntad política", sentencia.

Cuando se dejó de discutir y en el marco del seguimiento del acuerdo, Humanas denunció que este no se había cumplido. "Con esa presión, se ingresó un nuevo proyecto en 2011, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera", dice Maturana. El impulso legislativo duró solo dos años y otra vez el texto con la modificación quedó estancado (ver páginas 2-3).

En 2015, en Washington, representantes del Estado de Chile y de Sonia se reunieron nuevamente. "Entonces, los representantes del gobierno de Michelle Bachelet dijeron que era una prioridad y que habría anuncios al respecto, pero nunca se cumplió nada. Han pasado más de 10 años del acuerdo y no se ha cumplido. Estamos en el mismo punto", reclama la abogada.

Con la urgencia simple que envió el Ejecutivo al Congreso, en la corporación están más animadas. "Nuestra expectativa es que tal como señala su programa de gobierno, se impulse la reforma. Si pasa un tiempo y no se materializa en discusión, pediremos una nueva reunión de trabajo en la Comisión Interamericana para que el Estado explique el retraso", adelanta, sobre su postura, Maturana.