Pleno de la Suprema responde a dichos de Boric por caso Mateluna y recuerda que facultad de conocer causas pertenece exclusivamente a los tribunales
El máximo tribunal señaló que "se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República".
Luego que el Presidente Gabriel Boric justificara el indulto a Jorge Mateluna por presuntas “irregularidades” en el proceso, el Pleno de la Corte Suprema, reunido este martes 3 de enero en forma extraordinaria, decidió emitir una declaración.
“Atendidas las expresiones efectuadas por el Presidente de la República, reproducidas en algunos medios de comunicación los días 1° y 2 de enero del actual, en que cuestiona los fundamentos y la regularidad de un proceso judicial afinado (caso Mateluna), la Corte Suprema se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República”, señala el texto dado a conocer esta mañana por el máximo tribunal.
A continuación, la declaración precisa que la norma aludida señala que “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.
En el marco de su participación en Brasil en la ceremonia de toma de mando de Luiz Inacio “Lula” da Silva, Boric habló del caso.
“Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión, como decía el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso y, por lo tanto, invito a todos quienes quieran a revisar los antecedentes que hay respecto de esto”, afirmó el Presidente Boric.
Desde la oposición, se presentó un proyecto de reforma constitucional que elimina la facultad presidencial de otorgar indultos.
“La propia Corte Suprema de alguna manera está poniendo en cuestionamiento que esta decisión no puede poner en entredicho lo que son las facultades de los tribunales de justicia. Es distinto entregar un indulto por consideraciones humanitarias, es distinto entregar un indulto en función del estado de salud, a hacerlo por consideraciones políticas”, afirmó el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI, Javier Macaya.
“Llamaría al Presidente a la prudencia en las declaraciones que se dan respecto a atribuciones de otro poder del Estado”, agregó el timonel gremialista, haciendo hincapié en que la independencia de poderes es una “cuestión esencial del funcionamiento de la democracia”.
De acuerdo al acta de la sesión del Pleno de la Suprema, el ministro Leopoldo Llanos estuvo por no emitir la declaración pública y sugirió hacer presente en forma privada al Presidente la “inconveniencia” de efectuar las expresiones respecto de las actuaciones del Poder Judicial.
El Pleno se reunió de forma extraordinaria. Participaron de la sesión el presidente de la Corte Suprem, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y los ministros Haroldo Brito, Ricardo Blanco, Andrea Muñoz Sánchez, Manuel Antonio Valderrama, Arturo José Prado Puga, Mauricio Alonso Silva Cancino, María Angélica Cecilia Repetto García, Jean Pierre Matus, Mario Carroza, María Cristina Gajardo Harboe, Diego Gonzalo Simpertigue y María Soledad Melo Labra y los ministros suplentes Juan Manuel Muñoz Pardo, Hernán Fernando González García y Eliana Victoria Quezada Muñoz.
Por otro lado, la Fiscalía Metropolitana Occidente se pronunció también con una declaración pública, destacando que la investigación demostró la participación de Mateluna en los delitos imputados -tras ser detenido en flagrancia durante el robo a un banco en Pudahuel el 17 de junio de 2013- y ello fue refrendado en todas las instancias judiciales. “Todas las irregularidades sostenidas por la defensa fueron ventiladas y rechazadas”, recalcó el ente persecutor.
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