“Facilitar a la ANI el acceso a información que posee el Sename que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI”.

Ese párrafo forma parte del convenio firmado el 21 de febrero pasado por la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename) Susana Tonda y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) Gustavo Jordán. El acuerdo de colaboración entre ambas instituciones generó una polémica y eventuales acciones legales por parte de la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

En el escrito se aborda la necesidad de compartir información para que la ANI genere “medidas de inteligencia” y para ello necesita valerse de información proporcionada por servicios de la administración del Estado. “La ANI y el Sename han acordado suscribir el presente convenio destinado al intercambio de información y a aunar esfuerzos para realizar un trabajo conjunto, a fin de contribuir al logro de una mejor y más eficiente gestión en el cumplimiento de las funciones privativas que la ley les encomienda a ambas instituciones”, dice el documento.

“La situación conocida hoy por la Defensoría de la Niñez, gracias a que fue remitida por funcionarios del Sename, reviste la máxima gravedad, porque da cuenta de un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Menores cuyo fin estricto y directo tiene que ver con la protección específica de los derechos humanos de aquellos niños que tiene bajo su cuidado y tutela y no la exposición de antecedentes y de aquellos datos que son privados y exclusivos de conocimiento de aquellos tribunales que han tenido información sobre la situación que los aqueja a cada uno”, dijo Muñoz a La Tercera.

Asimismo, adelantó que “como Defensoría calificamos esto como gravísimo, ya que da cuenta de una falta de conexión clara de lo que es la convicción de que el Sename debe hacer como protección de niños, niñas y adolescente y resulta preocupante ya que se produce en febrero tras estallido social y lo que hace es agudizar una evidente situación de estigmatización y criminalización que se pretende hacer de niños, niñas y adolescentes vinculados al Sename en los ámbitos en que se relacionan en cuanto a investigaciones criminales y eso nos parece insostenible, intolerable, máximo si esa información proviene del servicio que debería prestarles protección. Esperamos que el convenio quede sin efecto y si no tomaremos acciones judiciales que en el ámbito constitucional sean pertinentes para logar que se revierta por esa vía”.

Luego que se diera a conocer este convenio, desde el Sename emitieron un comunicado, donde señalan que el acuerdo “nos permite garantizar la confidencialidad y buen uso de los datos que se entreguen, pues dejó claramente establecidas las obligaciones de protección de datos que se entregan, dadas las limitaciones y prohibiciones legales en el tratamiento de la información”.

“El Sename está siendo habitualmente requerido con información desde distintas instancias, estas solicitudes son gestionadas en el marco del principio de transparencia, siempre de acuerdo a las facultades y limitaciones legales que tiene el Servicio en el manejo y confidencialidad de datos de niños, niñas y adolescentes que están bajo su cuidado”, sostuvieron desde la institución.

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