Política de Reinserción Social Juvenil: ¿En qué consiste la propuesta?

El plan el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil se creó en 2023 y tuvo un año para preparar su implementación en la zona norte del país, comenzando su trabajo en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo el 13 de enero de 2024.

En 2025 el nuevo servicio estará operativo desde Maule hasta Magallanes. Terminará su implementación en 2026, desde Valparaíso hasta O’Higgins. Una vez que sea implementado completamente se dará un cierre definitivo al Servicio Nacional de Menores (Sename).

Este jueves el Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil aprobó una política que se constituye como el instrumento que permite gestionar y alcanzar los objetivos que plantea el sistema de responsabilidad penal de adolescentes que han infringido la ley penal, lo que debe estar en plena coherencia con la Política de Niñez y Adolescencia vigente en nuestro país.

Tras la revisión y posterior validación de la política por parte del Presidente de la República, Gabriel Boric, esta se complementará operativamente con un Plan de Acción Intersectorial a cinco años para el logro de los objetivos.

Esta política robustece el trabajo que está realizando el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, institución que ya se encuentra en funcionamiento en la macrozona norte del país, y que busca ofrecer a los jóvenes que han infringido la ley herramientas y oportunidades para reinsertarse y vivir una vida alejada del delito, contribuyendo a la seguridad pública.

El borrador de la propuesta, entregada al Presidente Gabriel Boric para su aprobación, contiene 130 páginas dividas en tres partes: el contexto del sistema de justicia juvenil, ámbitos clave para el desarrollo de la política y la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Dentro de ello, explican en el documento que la política pone énfasis en tres ejes temáticos identificados como “nudos críticos”:

• El respeto irrestricto por los derechos humanos de adolescentes y jóvenes que han infringido la ley, resguardando su dignidad personal e individualidad de acuerdo con la normativa internacional y nacional vigentes en este ámbito.
• El acceso universal de adolescentes y jóvenes que han infringido la ley a las prestaciones que les corresponden por derecho y que el Estado debe garantizar.
• Una oferta programática de calidad, especializada, con pertinencia territorial y perspectiva de género e interculturalidad que contribuya a la modificación de la conducta delictiva y a la reinserción social.

Es así que identifican que el propósito de esta política nacional es “articular de forma efectiva el Sistema de Reinserción Social Juvenil para contribuir a la reinserción social de adolescentes y jóvenes que han infringido la ley a través de una coordinación y colaboración público–privada de carácter integral”.

Para garantizar se cumpla su propósito en el documento señalan que deberán cumplir cinco principios que consisten en intervención mínima, subsidiaria y con respeto de garantías, centralidad del sujeto de atención, especialización, coordinación pública y gobernanza.

Junto con ello, se aclara que la propuesta contiene los lineamientos “esenciales” para desarrollar la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil, pero deberá complementarse con un Plan de Acción Intersectorial que contendrá el detalle de actividades, metas, indicadores, metodologías y plazos necesarios para el logro de los objetivos estratégicos a desarrollar por cada área vinculada a la reinserción social juvenil.