Por muerte de gástifer de La Moneda: gremios piden a Presidente Boric remoción de la directora administrativa

Trabajadores de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de La Moneda (Fenapal) se reunieron esta jornada en el Patio de Los Naranjos para referirse a la muerte de Hugo Morales (63), gásfiter que perdió la vida tras sufrir un infarto mientras trabajaba en La Moneda.

Al respecto, la presidenta del gremio, Noemí Belmar, abordó la tragedia, señalando que como representantes de las y los trabajadores del Palacio de La Moneda, “no podemos, ni debemos, callar ante la profunda frustración y preocupación que sentimos”.

“Nuestras demandas, planteadas de manera clara, sistemática y reiterada, han sido ignoradas y postergadas por una burocracia que parece sorda a la voz de los trabajadores”, sostuvo, haciendo lectura de un comunicado firmado por siete agrupaciones gremiales.

Asimismo, indicó, han denunciando “incansablemente la urgente necesidad de mejorar las condiciones laborales”, sin embargo “la indiferencia y la inacción de nuestras autoridades han perpetuado un ambiente de precariedad, cuya consecuencia más trágica puede ser, según lo determine la investigación que se está llevando a cabo, la pérdida de la vida de un compañero de trabajo”.

En esta línea, desde la Fenapal denunciaron en el escrito que el funcionario que asistió a Morales una vez que el servicio de urgencia lo trasladó, “se vio obligado a seguir con sus funciones, lo que no solo resulta inhumano, sino que evidencia la falta de sensibilidad y apoyo por parte de quienes debieran garantizar nuestro bienestar”.

“Este hecho nos conmociona profundamente, y resalta el abandono en que nos encontramos, trabajando bajo condiciones que no solo vulneran nuestra seguridad física, sino también nuestra salud mental y emocional”, añaden.

Ante esta situación, indican, solicitaran al Presidente Gabriel Boric “la remoción urgente” de la directora administrativa, Antonia Rozas.

“Su responsabilidad en esta crisis es evidente e ineludible (...) su incapacidad para asumir esta responsabilidad queda de manifiesto”, sostienen. “La muerte de nuestro compañero de trabajo dejó en evidencia las falencias de nuestro servicio, resultado de una gestión que no ha estado a la altura de las demandas de quienes día a día sostienen con su lealtad, esfuerzo y compromiso el trabajo de esta institución”.

Asimismo, se señala en el documento, la remoción de Rozas “es solo el primer paso de muchos necesarios para enderezar el rumbo y construir un entorno laboral donde el respeto, la dignidad y, por, sobre todo, la vida humana, sean verdaderamente valorada”-

El comunicado fue firmado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia de la República (ANFUPRES), la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Secretaria General de la Presidencia (ANFUNSEGPRES), Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Secretaria General de Gobierno (ANFUSEGG), Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaria de Desarrollos Regional Y Administrativo (ASOSUBDERE), la Asociación de Funcionarios de la Secretaria de Administración General de la Subsecretaria del Ministerio del Interior (AFUNSAG), y la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaria de Hacienda (AFUNDHAR).

Al respecto, José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) sostuvo que si bien la muerte del trabajor fue un accidente vinculado a su salud, “tiene y rodeaba también situaciones de extrema precariedad”, ya que existían “contratos precarios de tres meses” que se iban renovando, en un sector “que es brazo importante, como es el sector técnico, de las personas que son electricistas o gásfiter”.

“Eso nos parece profundizar la precariedad contractual. Ya nosotros hemos levantado la voz desde la ANEF junto a nuestras afiliadas y afiliados, que ya está la precariedad instalada en el Estado con esta temporalidad, honorarios, contratos anualmente, tres meses en este lugar nos parece violento”, afirmó.

En esta línea, señaló que tenían “protocolos de trabajo firmados por la actual directora administrativa, pero esos protocolos es un acto de buena fe, de confianza, donde las partes suscribimos una hoja de ruta con umbrales de tiempo y también con rendición de cuentas. Eso aquí ha sido un punto débil”, añadió.

“Llamamos a la autoridad que corresponda, en este caso Presidenta de la República, que tome estos antecedente, que reflexione”, añadió.