Prisión preventiva para cinco presuntos integrantes de la CAM por ataque incendiario a camiones en Quilleco

juicio
Los imputados durante la formalización que terminó en su prisión preventiva.

Sujetos fueron detenidos tras ser sorprendidos en flagrancia en la quema de los vehículos el viernes pasado, en la ruta Los Ángeles-Antuco. Los imputados, entre los que se cuenta un sobrino del líder la CAM, Héctor Llaitul, fueron ingresados al Complejo Penitenciario del Biobío.


El tribunal de garantía de Los Angeles decretó prisión preventiva para los cinco presuntos integrantes de una célula de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) -entre los que se encuentra un sobrino del líder de la organización, Héctor Llaitul-, por los delitos de homicidio frustrado a Carabineros, amenazas y ataque incendiario a dos camiones el pasado viernes en la comuna de Quilleco, en la Región del Biobío.

Los sujetos fueron detenidos tras ser sorprendidos en flagrancia en la quema de los vehículos en la madrugada del viernes, luego de amenazar a los conductores en el sector La Cantera, ubicado en el kilómetros 25 de la ruta Los Angeles-Antuco.

Los imputados fueron detenidos a 14 km del lugar del atentado por la ruta Q-45 en la comuna de Quilleco, tras cometer el ataque a los camiones, cuando se desplazaban a bordo de un vehículo que fue interceptado por personal de Carabineros que debió usar su armamento de servicio en dos oportunidades. Al revisar el móvil de los antisociales, la policía halló en su interior vestimentas oscuras, badanas, sogas cortadas en trozos -destinadas al amarre de muñecas y manos-, gorros pasamontaña, bidones con restos de líquido acelerante, guantes y celulares, entre otras especies usadas en la comisión de los delitos.

Los imputado, identificados con las iniciales por disposición del tribunal, corresponden a R.A.G. I., O.H.C.C., A.C. C.V., J. I. L.M. y B.A.L.V., este último sobrino de Héctor Llaitul. Los imputados tenían domicilios en Lumaco, Temuco, Castro y Tirúa.

Pruebas de la fiscalía

El fiscal Juan Yáñez presentó pruebas documentales, como un cuaderno con el nombre de una mujer que se encuentra actualmente prófuga, con un croquis del lugar donde se cometió el atentado, vías de escapes, puntos de seguridad policial, y que fue encontrado en la vivienda de la mujer a tres kilómetros del ataque incendiario, a lo que sumó un mensaje de texto (”Hola, lamién”), enviado a B.A.L.V.

A ello se agregó que pese a la negativa a realizarse la prueba de nitrito y entregar sus ropas por parte del familiar de Llaitul, quien encabezaba el ataque, los testimonios de las víctimas sirvieron para delatar la presencia de una persona muy alta, ropas oscuras y portaba una arma de fuego, lo que permitió identificar a B.A.L.V.

Otros antecedentes aportados por el fiscal Yáñez, fueron la georreferenciación de los teléfonos celulares incautados, cámaras de seguridad de las plazas de peaje por donde pasaron con el vehículo, el lienzo dejado en el lugar del atentado donde aparecen nombres de comuneros que actualmente están en juicio por un ataque incendiario en el fundo Punta Arenas a camiones, liderados por Ernesto Llaitul Pezoa y los elementos encontrados al momento de la detención.

En consideración a a todas las pruebas anteriores y la gravedad del delito, el Ministerio Público decretó la prisión preventiva para todos los imputados, en un juicio en que también actúan como querellantes la delegación presidencial del Biobío y la Forestal Arauco.

Al acoger la petición de la Fiscalía y de los querellantes, y decretar la presión preventiva, adujo además los peligros de fuga y para la seguridad de las víctimas, junto con asegurar los fines de la investigación de los delitos cometidos por cinco imputados, quienes fueron ingresados al Complejo Penitenciario del Biobío, al módulo donde se encuentras otros comuneros.

Entre las diligencias pendientes está el ubicar una camioneta blanca y a los ocupantes de ella, que habrían participado también en los delitos y quienes portaban las armas de fuego. El atentado incendiario que dejo pérdidas por cerca de $200.000.000.

El tribunal determinó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación, mismo tiempo en que deberán permanecer recluidos los cinco sujetos imputados.

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