“Promoción de integridad y lucha contra la corrupción”: contralora (s) da cuenta de los principales ejes de la gestión 2023

Este lunes, se llevó a cabo la cuenta pública 2023 de la Contraloría General de la República, en una ceremonia encabezada por la contralora (s), Dorothy Pérez Gutiérrez.

En la ceremonia se dio cuenta de los principales ejes de la gestión del periodo recién pasado, bajo el rótulo “Por el buen uso de los recursos públicos”, el mismo que usó el ex contralor general, Jorge Bermúdez, en la ceremonia de despedida de su administración en diciembre pasado.

La actividad contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric, autoridades de gobierno y de las policías, entre otros.

Entre los puntos destacados por Pérez estuvo la promoción de integridad y la lucha contra la corrupción. Además, enfatizó el nuevo impulso que tendrá la institución que actualmente lidera, cuyas labores se direccionarán a los temas que más demandan las personas, como la fiscalización a los servicios que se relacionan con temas de seguridad y delincuencia, fijando como directrices la especial preocupación por acciones como quema de drogas, e incautación y control de armas.

Para esto, se considerará la destinación de más personal y recursos para la correcta fiscalización de estas materias.

Asimismo, la contralora (s) destacó que desde enero de 2024 está en pleno funcionamiento la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, creada con el propósito de potenciar la descentralización, tener más contacto con las regiones y sus áreas de riesgo, a fin de concretar un accionar más eficaz.

De acuerdo a la actual líder de la Contraloría, durante el 2023 continuó la implementación de la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA).

Para esto, se definió el diseño de planes de acción anuales, en donde diversas dependencias implementarían compromisos durante dicho periodo para avanzar en las 25 propuestas contempladas en la estrategia.

Dentro de los avances más destacados de la implementación de la ENA durante el periodo recién pasado se cuentan la incorporación de la Contraloría General en la Mesa Nacional de Estado Abierto; la finalización del programa de acompañamiento con la implementación de 11 sistemas de integridad, materializadas a través de sus respectivas políticas en gobiernos regionales; el desarrollo de la guía de buenas prácticas de integridad para jefaturas, entre otras.

“Hay una estrategia nacional anticorrupción y también hay una estrategia de la Contraloría anticorrupción. También tenemos una mesa, que es una alianza anticorrupción donde un sinnúmero de instituciones nos coordinamos para poder avanzar y luchar contra ese flagelo. Y tenemos a disposición los datos abiertos con los informes financieros de la Contraloría, y los trabajos que nuestra institución realiza”, dijo Pérez en su presentación.

Asimismo, en 2023 tuvo lugar la VI versión del Seminario Internacional Anticorrupción organizado por la Contraloría General de la República, la Cooperación Alemana (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammernarbeit GIZ) y Alliance for Integrity, con el apoyo del Official Network Center of the Alliance for Integrity in Chile – AHK Chile.

Se trata de un espacio de discusión en donde expertos relevan temáticas emergentes en materia de corrupción y discuten buenas prácticas para su combate y prevención. En esta nueva versión el seminario se abordó la temática de corrupción y crisis climática, con el objetivo de identificar buenas prácticas para fortalecer la colaboración y mejorar la acción anticorrupción de distintos actores como parte de los esfuerzos para detener el avance del cambio climático.

Por otra parte, continuaron aplicándose los programas de integridad, cuyo propósito es el acompañamiento por parte de equipos expertos de la Contraloría General, a diferentes servicios públicos interesados en fortalecer la gestión de su integridad institucional.

Como parte de la rendición de la cuenta pública, Pérez también se refirió a las principales cifras que marcaron la gestión institucional del año pasado, divididas en las 4 grandes áreas de trabajo: función de auditoría, función jurídica, función contable y función jurisdiccional.

En esa línea, indicó que se realizaron 381 auditorías de cumplimiento, las que en su gran mayoría incluyeron exámenes de cuentas, 41 auditorías de estados financieros, 213 auditorías o fiscalizaciones simplificadas, 103 investigaciones especiales, 1.275 referencias de auditoría y 94 inspecciones de obra pública. Asimismo, se hizo el seguimiento de 6.584 observaciones y se recibieron y procesaron 143.403 declaraciones de patrimonios e intereses.

En cuanto a la función jurídica, en cifras, se examinó la juridicidad de 34.745 actos administrativos, se emitieron 21.222 dictámenes y oficios, se finalizaron 153 procedimientos disciplinarios, 40.720 casos fueron sometidos a control posterior y, como resultado de ello, se formularon 42.264 observaciones.

Por otra parte, en relación a la función contable, la contralora (s) expresó que se procesaron 49.199 informes contables y presupuestarios, se analizaron 2.861 actos que aprueban o modifican presupuesto, así como 415 documentos de deuda pública, al tiempo que se emitieron 4 informes financieros.

En lo relativo a la función jurisdiccional, se presentaron 115 nuevas demandas o reparos, para perseguir la recuperación de fondos públicos por la suma de $15.187.945.129. El Juzgado de Cuentas, en tanto, emitió 145 sentencias definitivas de causas previas, referentes a responsabilidad patrimonial, mientras que en segunda instancia se emitieron 139 fallos.

La contralora (s) también se refrió a los desafíos para 2024, entre los que destacó la lucha contra el crimen organizado.

“Tenemos que profundizar la promoción de la integridad y potenciar la lucha contra la corrupción, y este es un llamado muy significativo que la Contraloría realiza para todo el mundo público, que es que en cada uno de nuestros ámbitos de competencia agreguemos como rol luchar contra el crimen organizado, que intenta instalarse en nuestro país, y que los distintos gobiernos han hecho esfuerzo por evitarlo”, planteó.

Y luego agregó: “Yo creo que esta es una tarea que excede a los gobiernos, esto es una tarea del país en su conjunto, todos tenemos que ver de qué manera, dentro de cada ámbito de competencia que cada uno tenga en sus instituciones, ver de qué forma luchamos contra estas organizaciones que intentan instalarse en nuestro país. Hay iniciativas muy interesantes que han logrado recuperar barrios, que han logrado recuperar algunas zonas y arrebatarles a los delincuentes esas zonas que estábamos perdiendo”.