Pugna entre poderes del Estado marca acusación constitucional a supremos

Con aplausos y el llanto de varias de sus parlamentarias, la oposición celebró que la sala resolviera desestimar la cuestión previa presentada ante la Cámara de Diputados por las defensas de los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemüller y Manuel Antonio Valderrama que,  enfrentan una acusación constitucional en su contra por haber concedido el beneficio de libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad.

La escena se dio luego de que no se alcanzara la mayoría simple de los presentes para acoger los argumentos de los juristas, quienes pidieron a los diputados declarar como inadmisible el libelo por no cumplir los requisitos establecidos por la Constitución, dándose así un inesperado empate de 69 votos a favor y en contra, lo que dio paso a la discusión del fondo de la acusación constitucional.

Así, la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio celebró lo que calificaron como un "triunfo simbólico", en vista de que pese a que lograron que el libelo no se cayera en la cuestión previa, finalmente no tendrían los votos para que la Cámara aprobara la acusación.

Con fotos de detenidos desaparecidos en sus escaños, los diputados de la oposición defendieron, previo a la primera votación, el argumento de que al conceder dichos beneficios los ministros incurrieron en notable abandono de deberes al no haber considerado los estándares del derecho internacional en materia de DD.HH.

Expusieron ante el hemiciclo los cinco diputados que integraron la comisión que revisó la procedencia del libelo -Leonardo Soto (PS), Natalia Castillo (RD), Carolina Marzán (PPD), Esteban Velázquez (FRVS) y Renzo Trisotti-, instancia que durante la mañana había recomendado mayoritariamente a la sala desestimar la cuestión previa y acoger la acusación constitucional.

Los abogados Jorge Correa Sutil, Davor Harasic y Alfredo Etcheberry, en tanto, reiteraron ante los parlamentarios que si bien la acusación constitucional era un instrumento válido, este es de carácter excepcional y debe invocarse solo cuando se han agotado todas las otras vías para dar solución a una determinada controversia. Así, Harasic reiteró a los diputados que era responsabilidad del Poder Legislativo y no de los magistrados haber actualizado la normativa de 1925 que hoy regula el otorgamiento del beneficio y aseguró que el libelo era inconstitucional y una forma burda de afectar la independencia del Poder Judicial.

"Esta acusación pretende enrostrarle a los jueces el reproche del incumplimiento legislador", sostuvo el jurista.

En la misma línea, Etcheberry destacó que fue el propio máximo tribunal el que no ha aplicado la Ley de Amnistía que aún está vigente y que el Parlamento no ha derogado.

Respecto de los argumentos del fondo del libelo, en tanto, Correa Sutil aseguró que no se configura un notable abandono de deberes en vista de que los magistrados, a diferencia de lo que plantea el libelo, sí consideraron en su decisión la norma internacional respecto al otorgamiento de las libertades condicionales. Según el abogado no existiría ninguna regla que obligue los jueces a no haber fallado como lo hicieron. Etcheberry, en tanto, aseguró que el control de convencionalidad que debían hacer los ministros "no puede ser sinónimo de un acatamiento de lo que postulan quienes los acusan".

Asimismo, Correa Sutil cuestionó que la oposición acusara dolo o culpa en el actuar de los magistrados sin haber acompañado antecedentes probatorios de esa conducta.

Por otro lado, señaló que la acusación contravenía el artículo 76 de la Constitución Política puesto que intentaba "examinar para reparar" un fallo de un tribunal con el objetivo de "desagraviar" a las víctimas y al Estado de Chile, cuando dicha prohibición está consagrada, precisamente, en la Carta Magna.

El intenso debate en el Congreso además estuvo marcado por el enfrentamiento permanente que se dio durante las últimas semanas entre el Poder Judicial, el gobierno y el Parlamento. "Quienes aquí se han entrometido en otro poder del Estado no somos nosotros sino, por el contrario, ha sido el Poder Judicial, que institucionalmente y a través de declaraciones del Pleno de la Corte Suprema ha cuestionado la facultad de formular una acusación constitucional", dijo la diputada Castillo.

El diputado Soto enfatizó que "el Congreso Nacional no puede ni debe renunciar al ejercicio de sus facultades". Mientras que Harasic señaló que "nunca había visto en Chile un intento tan burdo de quitar la independencia judicial".

Los parlamentarios de la oposición aseguraron que la Suprema habría ejercido presiones indebidas al reunirse con el propio Presidente de la República Sebastián Piñera para manifestar su inquietud por la presentación del libelo. El gobierno, que desde el principio manifestó una postura crítica asegurando que con su acción los diputados ponían en riesgo la independencia de los magistrados y el Estado de Derecho,  hacía intensas gestiones mediante la Segpres en el Congreso para evitar la aprobación del libelo.

Otro punto que enfrentó a las defensas y la oposición en la Cámara fue si se debía o no considerar la trayectoria de estos ministros en materia de derechos humanos. Tanto Harasic como Etcheberry apelaron a los aportes que hicieron Dolmestch y Kunsemüller en causas de delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, se nombró el rol que jugó el primero de ellos en el procesamiento de los agentes de la CNI y, asimismo, en la Operación Albania. Así se recalcó que los tres magistrados habían actuado siempre como "paladines de la Justicia" en materia de DD.HH.