Reformalizan a excanciller del Arzobispado de Santiago por violación

La defensa del suspendido excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, solicitó este viernes rebajar la prisión preventiva que pesa sobre el sacerdote desde hace más de 60 días, cuando se le imputaron cargos como eventual autor de abusos a menores y un estupro.

Sin embargo, en la sala del Tribunal de Garantía de Rancagua, a cargo del juez Luis Barría, un balde agua fría cayó sobre Muñoz y su abogado, Gabriel Henríquez, quien no daba crédito a lo que el magistrado le informaba.

Se trataba de que, previo a la discusión de las medidas cautelares, el Ministerio Público iba a reformalizar a su defendido. A pesar de que el jurista insistió al juez que no había sido notificado, el Poder Judicial aseguró que todo se había comunicado vía correo electrónico. Tuvo 10 minutos para estudiar los hechos, que luego la fiscal Andrea Rocha presentó ante el tribunal.

La formalización provocó dudas en la defensa, pues en la imputación de cargos de julio pasado la fiscalía calificó a Muñoz como autor de cuatro eventuales abusos a menores y un delito de estupro. En este último, la víctima es un acólito de 17 años, con quien habría sostenido relaciones sexuales entre 2015 y 2017 en la casa parroquial de la Inmaculada Concepción, de Maipú, en Estación Central y en el domicilio particular del imputado, en la comuna de Macul.

Sin embargo, estos hechos fueron recalificados como "violación, en base a nuevos antecedentes que ameritaban esa reformalización", explicó la persecutora.

En la audiencia de junio, la fiscalía precisó las fechas de ocurrencia de los delitos, situación que no se repitió en la reformalización, cuando la fiscal Rocha se limitó a informar que los ilícitos presuntamente cometidos por Muñoz ocurrieron "un día indeterminado del año 2009", en el caso del tercer hecho en el que se le imputa eventual abuso sexual contra uno de sus sobrinos menores de edad, quien tenía 12 años al momento de ocurridos los hechos.

La persecutora descartó falta de imprecisión en la notificación, argumentando que "a un niño no se le puede pedir tanta precisión en las fechas y nos ha parecido adecuado fijar una temporalidad, fijando épocas de comisión de los hechos, porque es lo que después vamos a sostener en un eventual juicio".

Una posición distinta tuvo el abogado del presbítero, Gabriel Henríquez, para quien las impresiones obedecerían a una acción "mañosa" del Ministerio Público: "Al cambiar las fechas eventuales, para posteriormente decir que fue en alguna fecha del año 2009, evidentemente que se alteran los plazos de la prescripción", dijo, lo que era parte de sus argumentos para pedir la libertad del sacerdote.

Luego, la defensa de Muñoz solicitó cambiar la actual prisión preventiva (en la Cárcel de Rancagua) por arraigo, arresto domiciliario total, prohibición de acercarse a las víctimas y comunicarse con otros involucrados.

Su abogado cuestionó la investigación de oficio que abrió la Fiscalía de O'Higgins en su caso, basándose en el protocolo dictado por la Fiscalía Nacional para investigar a la Iglesia, el que indica que cuando se trate de víctimas mayores de edad que hayan sido abusadas durante la infancia o adolescencia, deben contar con la ratificación de la denuncia.

Al respecto, Henríquez dijo al tribunal que en la carpeta investigativa "no hay ninguna declaración de las víctimas en calidad de denunciantes (…) las declaraciones tienen el enunciado en calidad de testigo, en los que se refieren a los hechos denunciados ante la autoridad canónica", agregando que tras esto, gracias a los allanamiento en el Arzobispado de Santiago y el Tribunal Eclesiástico, la fiscalía salió "en búsqueda de las víctimas".

Rocha rebatió el antecedente insistiendo en que el Ministerio Público puede investigar de oficio cuando las víctimas son menores de edad, al igual que rechazó lo planteado por la defensa, en el sentido de que al menos tres de los delitos imputados estarían prescritos.

Finalmente, los argumentos de la defensa fueron rechazados por el tribunal, que mantuvo a Muñoz en la cárcel por el peligro de fuga que implicaría su libertad. Su defensa insistió en su liberación, ofreciendo una caución de $ 5 millones, para garantizar su presencia en el proceso penal, lo que tampoco acogió el juez.

El abogado Henríquez anticipó que apelará ante la Corte de Apelaciones, donde insistirá en la caución. "Creemos tener los fundamentos jurídicos de fondo y apelaremos al tribunal superior para que corrija, conforme a derecho, esos criterios", sostuvo.