Relatora especial de la ONU insta a la Corte Suprema adoptar “medidas concretas” para garantizar transparencia en nombramientos

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, presentó sus observaciones preliminares sobre el sistema judicial chileno, luego de realizar una visita oficial a nuestro país.

En el informe, al que tuvo acceso La Tercera, la relatora destaca, por ejemplo, que el sistema de Justicia en Chile es “ampliamente reconocido por sus fuertes instituciones”.

“Tuve la suerte de ser testigo de primera fuente de dicha fortaleza durante mi visita y en las numerosas conversaciones que sostuve con distintos interlocutores. Los jueces me indicaron que gozan de un encomiable nivel de independencia en su labor diaria, con una mínima interferencia política”, destacó.

En el documento, Satterthwaite, se refirió al presunto tráfico de influencias en nombramientos de jueces y otros cargos de designación judicial, situación que calificó como un “panorama inquietante”, aunque destacó que, desde su punto de vista “estos problemas pueden resolverse”.

“Las instituciones chilenas son sólidas, el país cuenta con abundantes recursos y los chilenos quieren encontrar formas de avanzar. Observé un amplio acuerdo sobre la necesidad de una reforma que refuerce el sistema judicial. Se necesita de una acción audaz y una auténtica voluntad política para abordar los problemas sobre los que todos están de acuerdo, y para aplicar los cambios antes de que el público se rinda ante un sistema que actualmente considera defectuoso pero redimible”, sostuvo.

En esa línea, la relatora aseguró que acoge “con satisfacción la apertura de investigaciones sobre estas acusaciones”. Asimismo, instó a la Corte Suprema a “que concluya en breve su trabajo sobre este asunto, adoptando medidas concretas para garantizar la transparencia, el comportamiento ético y la integridad del poder judicial”.

Asimismo, indicó que le “animó saber que se está estudiando un proyecto de ley que reasignaría a la Corte Suprema la responsabilidad del nombramiento de cargos no judiciales, como conservadores y notarios”.

“Insto a las autoridades a avanzar en esta iniciativa, ya que los elevados ingresos vitalicios vinculados a estos puestos pueden crear incentivos indebidos para interferir en el proceso de nombramiento”, sostuvo.

Sobre la reforma al sistema de nombramientos, la relatora concuerda en que “estas competencias deben recaer en un órgano ajeno a la jerarquía judicial”.

“Escuché de muchos sectores que es valiosa la participación de los tres poderes en los nombramientos judiciales; si se mantiene esa participación, deben eliminarse los espacios para influencias indebidas”, aseveró.

En esa línea, recomendó “que se adopten procedimientos transitorios para cualquier nombramiento judicial. Estos procedimientos deben ser transparentes, basarse en criterios preestablecidos y basados en los méritos, y contar con la participación activa de la sociedad civil para eliminar influencias indebidas. Además, recomiendo que los decretos sobre decisiones de nombramiento reflejen claramente los motivos de cada nombramiento”, sostuvo.