Reporte de EE.UU. advierte "sentencias débiles" por trata de personas en Chile

"Las sentencias débiles por condenas de trata de personas continuaron obstaculizando los esfuerzos para disuadir y responsabilizar a estas personas. Ningún condenado recibo penas de prisión durante el año". Esto es parte del reporte elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de personas en Chile, de julio de 2018.

En el documento se analizan los casos de 2017 y 2016, apuntando a que el año pasado hubo tres personas declaradas culpables por este ilícito en el país y que "ninguna fue condenada a penas de prisión, lo que es inadecuado dada la gravedad del delito". Asimismo, indica "que los jueces con frecuencia suspendieron o conmutaron las sentencias".

De acuerdo a los antecedentes del informe estadístico elaborado por la Mesa Intersectorial de Trata de Personas (MISP), liderada por la Subsecretaría del Interior, en 2017 hubo tres condenados.

Se trató de una mujer chilena y un hombre argentino, sentenciados a cinco años de libertad vigilada y el pago de una multa de 50 UTM por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. A ellos se les sumó un ciudadano indio, quien recibió tres años de libertad vigilada y una multa de 25 UTM como autor de trata con fines de trabajos forzados.

Sobre la crítica que realiza el gobierno de EE.UU. a las "débiles sentencias", la jefa de la División de Seguridad Pública del MISP, Pía Greene, dijo que "si bien el Ministerio del Interior no se refiere a las actuaciones del Poder Judicial, al ser otro poder independiente del Estado, es importante señalar que el 14 de junio de 2018 el Tribunal Oral en lo Penal de Osorno condenó con penas de 10 años y un día por trata de personas (...) a dos imputados de nacionalidad ecuatoriana (...) Esta es la primera vez que se condena a pena efectiva por trata de personas a nivel país".

Respecto al cuidado a las víctimas de este ilícito, el documento de EE.UU. dice que "el gobierno no proporcionó refugios especializados adecuados a las víctimas masculinas o a las personas fuera de la capital". Y agrega que "las autoridades continuaron informando de la falta de fondos especializados", en relación al acceso a traductores calificados para víctimas extranjeras y una representación legal especializada en esos casos.

Alexis Aguirre, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), detalló que la mayoría de las víctimas por trata con fines de explotación laboral en Chile han sido de nacionalidad paraguaya. Y explicó que en estos casos se trata de "ofertas de trabajo consentidas mediante engaño y en las cuales se presenta explotación laboral, a través de la figura de trabajos forzosos". En tanto, indicó, la mayoría de las víctimas por trata con fines de explotación sexual en nuestro país han sido de nacionalidad colombiana y dominicana.

Pese a los reparos realizados en el reporte estadounidense, en el mismo documento se señala que "el gobierno de Chile cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. Con ese fin, el gobierno siguió realizando labores importantes y constantes durante el periodo del informe y, por ello, Chile permanece en el nivel 1", siendo el más alto de cumplimiento a nivel mundial.

Asimismo, se indica que "la fiscalía mantuvo un grupo de trabajo activo contra la trata de personas que proporcionó directrices para investigar los casos y mantuvo a un coordinador de la trata en cada oficina regional".

Al respecto, señalaron de la Fiscalía Nacional que "a través de la Mesa Interna de Trata de Personas se han realizado capacitaciones a los fiscales que se han ido especializando en estos delitos".

Agregaron que "la especial vulnerabilidad que caracteriza a las víctimas de estos delitos ha demandado al Ministerio Público generar líneas de intervención para satisfacer sus particulares requerimientos, como es alojamiento en hoteles, residenciales o casa de acogida, ya que normalmente son extranjeras sin redes de apoyo familiar o social".

En tanto, subcomisario Javier Cárcamo, de la PDI, explicó que tras la promulgación de la Ley 20.507, que tipifica los delitos de trata y tráfico, se creó en 2012 la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap), dedicada a la investigación de estos delitos, en las que "se aplica metodología y medios técnicos acorde con indagatorias relacionadas a la delincuencia organizada trasnacional".

Actualmente, indicó, la PDI cuenta con dos de estas brigadas, una ubicada en Iquique, y otra, en la Región Metropolitana, las cuales abarcan toda la extensión del país. Además, señaló que "esta unidad capacita y sensibiliza a diversos actores que se vinculan con estos hechos. En este contexto, se han desarrollado manuales de investigación destinados a la constante mejora de los procesos en la materia".