Ante su inminente formalización el 1 de octubre, por su presunta responsabilidad en delitos omisivos en el contexto del estallido social, Ricardo Álex Yáñez Reveco terminó aceptando dar un paso al costado y dejar el cargo de general director de Carabineros.
La formalización del ahora saliente general director de Carabineros estaba agendada, inicialmente, para el 7 de mayo. Sin embargo, el homicidio de tres funcionarios de la policía uniformada, el 27 de abril en Cañete, Región del Biobío, postergó el hito judicial para este 1 de octubre.
Tras varias tratativas de la defensa para aplazar la audiencia, este viernes la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso que presentaron los abogados del general. Al agotar esta última instancia, Yáñez asumió su suerte.
Pasadas las 17.00 horas llegó al Palacio de La Moneda a bordo de un automóvil Hyundai Equus gris, escoltado por motoristas y camionetas policiales. Allí se reunió con el Presidente Gabriel Boric y anunció su decisión.
Antes de las 17.30 La Moneda reportó que el Mandatario aceptó la renuncia y nominó como nuevo general director de Carabineros, al general Marcelo Araya Zapata. En paralelo, Yáñez enfrentó los micrófonos. “Por sobre mí está Carabineros”, aseguró.
La negativa a cambiar la formalización
Tras conocerse la audiencia de formalización solicitada por la fiscal Ximena Chong, jefa de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, la defensa del general intentó, a través de una serie de acciones judiciales, impedir aquella instancia, incluso recurriendo ante el Tribunal Constitucional. El equipo de abogados de Yáñez, encabezado por el penalista Jorge Martínez, también buscó postergarla, sin éxito, hasta que ocurrió el crimen de los funcionarios policiales en la Región del Biobío.
Los intentos por cambiar la audiencia buscaban que terminara su periodo de cuatro años al mando de la institución, el que concluía el próximo 19 de noviembre. Lo anterior, dado que el propio gobierno dispuso que toda autoridad que fuese formalizada por la justicia debía dejar su cargo, algo que fue enunciado por la ministra del Interior, Carolina Tohá y definido como “el criterio Tohá”.
