Seguridad pública: los cinco proyectos de ley que enviará el gobierno

"Esta prestigiosa imagen (de Carabineros) se vio recientemente dañada con ocasión de los denominados 'caso fraude' y 'Operación Huracán' (...). Resulta evidente que la falta de instrumentos de control y transparencia derivó en abusos e ilicitudes (...), lo que nos emplaza a legislar". Esto forma parte del diagnóstico que incluye en uno de los cinco proyectos de ley que anunció el gobierno para fortalecer la probidad de las policías y corregir las deficiencias detectadas en la actual ley de armas.

Así lo anunció en La Moneda el Presidente Sebastián Piñera, quien firmó las iniciativas legales sobre seguridad pública, que incluye la modernización policial, tanto en su gestión y control, y del Sistema de Inteligencia del Estado. También se presentaron propuestas legales para reestructurar el sistema del control de armas y fortalecer el rol de las municipalidades en materia de seguridad. "Se firman las primeras cinco iniciativas legales que materializan las propuestas del acuerdo nacional, que buscan modernizar la forma de enfrentar la lucha contra la delincuencia", señaló el Presidente.

Estas normativas nacieron de una mesa de trabajo, integrada por actores de gobierno y oposición, parlamentarios, alcaldes, representantes del Ministerio Público y del mundo civil y académico, que trabajó durante 90 días y propuso 150 medidas.

A estas cinco normativas que anunció el Ejecutivo se sumarán dos más. "Una apunta a la especialización de las policías: que en Carabineros haya una especialización preferente en la acción preventiva y la PDI en la acción investigativa. Para eso acordamos una comisión que ha estado trabajando (...) en un informe que se transforme en un proyecto de ley que vamos a tener listo a inicios de diciembre", dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

La séptima iniciativa se refiere a establecer el mérito como el criterio más importante para la selección y ascenso de los policías. Esta normativa pretenden ingresarla al Congreso a inicios de 2019. "El otro tema que dejamos pendiente es el de carrera profesional. Hicimos un convenio con la Fundación Paz Ciudadana para que nos hiciera un estudio que se esta elaborando, para ver (...) mecanismos y sistemas objetivos de evaluación de mérito para ascensos. Queremos que se privilegie el mérito profesional por sobre situaciones como antigüedades", dijo Chadwick.

En tanto, en el proyecto de ley que ingresará esta semana sobre la modernización a las policías, el Ejecutivo propone nuevas exigencias y controles para su gestión interna y el uso de los recursos públicos.

Por ejemplo, en materia de administración y finanzas, las policías deberán hacer Fichas Estadísticas Codificadas Uniformes (Fecu), las que estarán sometidas a auditorías externas. Y para control interno, Carabineros y la PDI deberán tener a profesionales civiles contratados mediante concurso público, con títulos en el área de administración y finanzas.

Además, detalló Chadwick, se va a "terminar con regímenes especiales de rendición de gastos reservados para entrar al sistema de rendición general que establece la ley", dando cuenta a la Contraloría.

Entre las propuestas del Ejecutivo también se considera aumentar las facultades del Ministerio Público a la hora de indagar a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de armas. Entre estas atribuciones, surgen las medidas intrusivas, tales como interceptación telefónica, uso de agentes encubiertos y entregas vigiladas. "Cuando en la comisión de delitos a la ley de armas participen organizaciones de dos o más personas organizadas, se pretende que la fiscalía posea facultades similares a las que usa en casos de narcotráfico", señaló Chadwick.

1. Transparencia en policías

El Ejecutivo propone nuevas exigencias y controles para su gestión interna y el uso de los recursos públicos. Por ejemplo, en materia de administración y finanzas, las policías deberán hacer Fichas Estadísticas Codificadas Uniformes (Fecu) -como las que deben presentar las sociedades anónimas abiertas a la ex SVS-, sometidas a auditorías externas. Y para control interno, Carabineros y la PDI deberán tener a profesionales civiles contratados mediante concurso público, con títulos en el área de administración y finanzas. Además, se propone terminar con regímenes especiales de rendición de gastos reservados, y que la PDI y Carabineros tengan un sistema de rendición como el del resto de las instituciones del país, dando cuenta a la Contraloría.

"Es muy importante reponer el mando civil en las decisiones estratégicas y crear mecanismos de control externo para evitar situaciones de abusos u opacidad", dijo el senador PPD Felipe Harboe.

2. Control de armas

El gobierno presentará una serie de indicaciones al proyecto de ley sobre control de armas que actualmente se discute en el Congreso. Con estos cambios, el Ejecutivo pretende actualizar y fortalecer la institucionalidad a cargo de la fiscalización de armas de fuego.

Para ello, se incluye a la PDI dentro de las instituciones con potestades fiscalizadoras.

Las indicaciones también proponen aumentar los requisitos para acceder a una arma de fuego, cuyos detalles quedarán establecidos en un reglamento.

Además, en caso de bandas criminales dedicadas al tráfico de armas, se faculta al Ministerio Público a solicitar medidas intrusivas, tales como interceptaciones telefónicas, uso de agentes encubiertos y entregas vigiladas, hoy disponibles para casos de narcotráfico. También se dará acceso al Ministerio Público y a las policías al registro de armas de la Dirección General de Movilización Nacional.

3. Amnistía

A través de este proyecto, el gobierno pretende una "auténtica limpieza" del registro actual sobre armas de fuego, y de esta forma regularizar situaciones en que el armamento no está en manos de quienes las inscribieron.

La iniciativa considera un plan de reinscripción que obligue a los portadores de armas a volver a inscribirlas ante la autoridad, así como permitir a quienes las mantengan de forma ilegal, entregarlas sin el riesgo de que sea considerado una falta.

En tanto, se dispone una amnistía de seis meses para que los poseedores o tenedores de armas no inscritas puedan realizar entrega voluntaria de ellas o solicitar la inscripción a su nombre.

El diputado Gonzalo Fuenzalida consideró que "el proyecto va en la lógica de tener un mayor control sobre las armas inscritas; para ello es necesario tener un mecanismo de entrega voluntaria y amnistía de estas".

4. Municipalidades

Se les entregará a los inspectores municipales una serie de facultades que antes tenía solo la policía. Entre ellas, detalla el proyecto de ley, se facultará al "alcalde para que pueda disponer que sus inspectores municipales apoyen a Carabineros en labores sobre protección a las víctimas de violencia

intrafamiliar". Además, se entregará "a las municipalidades la facultad de cooperar con la fiscalización del control del tránsito, y a sus funcionarios habilitados, la facultad de colaborar en dicha gestión con Carabineros, quienes tendrán a su cargo dictar capacitaciones".

El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, dijo que "lo relevante es garantizar los recursos necesarios para que no termine acentuando la desigualdad territorial.

Es vital generar recursos plurianuales que se incorporen a todas las comunas y transparentar la dotación policial, asegurando mayor presencia en los territorios más golpeados por la inseguridad".

5. Sistema de Inteligencia del Estado

El Ejecutivo impulsa a través de un proyecto de ley el fortalecimiento y la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado. Para ello, se dispone la creación de un Consejo Asesor de Inteligencia, encargado de recomendar al Presidente de la República. Además, se incorporarán al sistema de inteligencia, Gendarmería, Aduanas, la Unidad de Análisis Financiera (UAF) del Ministerio de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos.

Para Gonzalo Yuseff, el exdirector nacional de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), el trabajo interinstitucional en este ámbito "siempre es bueno", aunque en este caso consideró que se trata de información residual. "La información importante no puede ser compartida. Las instituciones no pueden arriesgar sus propias operaciones", dijo.

También el proyecto contempla la elaboración de una Estrategia Nacional, actualizada cada cuatro años.