En el marco del análisis del proyecto de Presupuesto 2025, el Senado votó mayoritariamente este martes por mantener la disposición que exige al Presidente de la República, a sus ministros y a sus subsecretarios someterse a un test de drogas.
Esta glosa, incluida en la partida de la Presidencia, fue aprobada por la Cámara de Diputados hace una semana con votos de la oposición, la DC, independientes y algunos legisladores oficialistas. “El Presidente de la República, sus ministros de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”, dice la observación.
A pesar de que la norma fue resistida por La Moneda, los senadores desecharon la indicación del Ejecutivo que buscaba suprimir la propuesta. Hubo 12 votos a favor de la postura del gobierno, 27 en contra (para mantener el test) y dos abstenciones.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, al exponer la opinión del gobierno, planteó que existe un marco normativo para prevenir el consumo de drogas, que se está aplicando en la actualidad a los distintos servicios públicos y poderes del Estado.
“Nos parece como Ejecutivo que una materia de esta naturaleza debe ser regulada por ley y una ley de carácter permanente, porque el problema de esta indicación es que no establece cómo se realiza este reglamento, quién realiza este examen y cuál es el efecto del examen, cuestión que sí está regulada en el marco reglamentario vigente que establece el tipo de examen y también el tratamiento que se da a la información, que es de carácter reservado, se establece posteriormente exámenes adicionales cuando son positivos para efecto de determinar si existe o no dependencia y, en caso de que haya incumplimiento del funcionario, obviamente se aplican las sanciones correspondientes”, sostuvo.
Ante la decisión de los senadores de preservar el examen, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, volvió a hacer reserva de constitucionalidad, con el argumento de que esta iniciativa no tiene mayor relación con la ejecución del Presupuesto.
Sin embargo, en vista de que la glosa en cuestión ya fue aprobada por ambas ramas del Congreso, al gobierno solo le quedan dos alternativas para derribar la disposición.
Una de ellas es enviar un veto supresivo, que solo requiere de un tercio de los votos de una de las cámara, para cumplir su objetivo. Esa acción del gobierno, considerada una herramienta de última ratio, sería objeto de duras críticas, ya que con esa facultad presidencialista se doblegaría la voluntad mayoritaria del Congreso.
La otra solución que tiene La Moneda es recurrir al Tribunal Constitucional para denunciar los vicios de legalidad de la norma, toda vez que establece una obligación del gasto público, además que se escapa de las ideas matrices de la Ley de Presupuesto. Ese camino, si bien es menos agresivo que el veto, igualmente sería criticado por la oposición y pondría a la autoridades gubernamentales en una aparente negativa a someterse a un examen de drogas.
